El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos y empresas, dijo tras su visita de 10 días en México -por invitación del Gobierno mexicano- que el despido en marzo del año pasado, de la periodista Carmen Aristegui Flores, por parte de los dueños de MVS Noticias -Joaquín Vargas y su familia- por dar a conocer la investigación periodística de la “casa blanca”, fue una “grave violación a los Derechos Humanos”.
La agrupación, establecida en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en junio de 2011, está conformada por cinco expertos independientes, que provienen de diferentes partes del mundo.
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La labor del Grupo de Trabajo se centra en promover que empresas de diferentes ámbitos se comprometan a respetar los derechos humanos, al momento de llevar a cabo sus labores. Los integrantes del Grupo que vinieron a México, en la primera visita oficial al País, fueron su presidente, el ruso Pavel Sulyandziga, y el chileno Dante Pesce.
Ambos visitaron la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se reunieron con miembros de diferentes organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
También sostuvieron encuentros con los tres niveles de gobierno y miembros de secretarías como Relaciones Exteriores, Gobernación, Recursos Naturales, Economía. Además de organizaciones sociales y comunidades indígenas.
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Por último, conversaron con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como de las comisiones de derechos humanos de los estados a los que visitaron, miembros del Congreso de la Unión y empresas como Grupo Bimbo, Grupo México, Cemex, Pemex y la CFE.
En su informe preliminar aseguraron que la única empresa con la que no pudieron reunirse fue con Grupo Higa, la constructora que desarrolla la Autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen los habitantes San Francisco Xochicuautla, ya que no respondió a su solicitud que fue enviada vía correo electrónico.
“Organizaciones internacionales y nacionales y mecanismos de derechos humanos han puesto de manifiesto los graves problemas de derechos humanos que enfrenta México. Niveles críticos de violencia, inseguridad, e impunidad contrastan con importantes desarrollos legislativos y políticas públicas promovidas por el gobierno”, señaló Sulyandziga.
En opinión del Grupo de Trabajo, los representantes de gobierno y empresas con los que se reunieron han aceptado que existe una sensación de intolerancia ante los proyectos a gran escala.
“Nos quedó claro que las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno, y las empresas, en el diseño e implementación de proyectos a gran escala. Se trata principalmente de proyectos en los sectores de minería, energía, construcción y turismo, que afectan a menudo a las comunidades indígenas”, señalaron.
El informe preliminar contiene casos representativos que ilustran la problemática de la relación entre empresas y derechos humanos. Esos caso son: la Autopista Toluca-Naucalpan, el parque eólico en Oaxaca, la contaminación en los ríos Sonora y Santiago, ubicado en el estado de Jalisco.
Además del despido en marzo del 2015, de la periodista Carmen Aristegui Flores, por parte de los dueños de MVS Noticias -Joaquín Vargas y su familia- por dar a conocer la investigación periodística de la “casa blanca”.
“Justamente ella realizó una investigación y nadie ha dicho nada en contra de la investigación. Nadie ha desmentido la investigación. Compartió y su caso
y debo decir que aquí existe una grave violación de los derechos humanos por parte de la empresa que la despidió”, señaló Pavel Sulyandziga sobre el caso Aristegui.
“En nuestro opinión aquí existe una grave violación a los derechos humanos, porque el empresario creó condiciones para que ella no pudiera desempeñar su labor informativa”, dijo por su parte Dante Pesce.
La periodista ha denunciado que no se le permitió el acceso a la justicia para luchar contra este despido, toda vez que el juicio que promovió ni si quiera fue admitido para su discusión.
Por último, los representantes del Grupo de Trabajo dieron a conocer que les tomará entre tres y cuatro meses armar un reporte final, que será presentado en junio de 2017, en Ginebra, Suiza, cuando se lleve a cabo la 35 sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU.
Sin embargo, antes de que se presente el informe en Suiza, el Grupo de Trabajo dará a conocer las recomendaciones que da al gobierno mexicano, luego de su visita a territorio nacional, aunque éstas, enfatizaron, no tienen obligatoriedad.
EL GOBIERNO MEXICANO ESTARÁ “ATENTO” A LAS RECOMENDACIONES
Por su parte, el gobierno de México se comprometió a atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONE sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas.
A través de un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Economía, reconoció los problemas y las brechas que existen en la materia y se comprometió a trabajar, tomando en cuenta las observaciones formuladas por los expertos en su informe preliminar.
Además, asumió la necesidad de profundizar las acciones de todas las autoridades, federales, locales y municipales, con el fin de prevenir y atender las potenciales vulneraciones a derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales.
Al igual que el Grupo de Trabajo, dijo tener la convicción de que esta tarea es una labor que requiere sumar esfuerzos de todas las partes, pues únicamente mediante una labor conjunta entre gobierno, empresas, sociedad civil y comunidades podrán ponerse en práctica la regulación y las políticas que se adopten, en concordancia con los principios rectores de las Naciones Unidas.
El gobierno de México expresó su agradecimiento por la visita del Grupo de Trabajo, a invitación suya, y por las recomendaciones que preliminarmente formuló, las cuales suponen orientaciones específicas para fortalecer las políticas en marcha en la materia.
También precisó que estará atento al reporte final que se presentará en junio de 2017 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
