El Congreso de Baja California vota a favor de Playas de Rosarito, para poner fin al conflicto territorial surgido hace 20 años contra el municipio de Ensenada, pero el XXI Ayuntamiento de Ensenada advirtió que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con 20 votos a favor y 3 en contra, este miércoles 28 de septiembre el Congreso del Estado aprobó el dictamen 137, sobre la definición de la posesión de aproximadamente 180 kilómetros cuadrados de territorio ubicado entre los límites de Playas de Rosarito y Ensenada.
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Con ello se garantizaba “la seguridad y certidumbre jurídica de los habitantes de las zonas en conflicto”, habría ponderado en un comunicado Roberto Dávalos Flores, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, misma que había impulsado dicho dictamen.
Dijo que para tomar esta decisión se realizaron tres foros en Playas de Rosarito, Ensenada y en Santa Anita, la zona del conflicto, en los que participaron los alcaldes de ambos municipios y la comunidad afectada.
No obstante, momentos después de anunciada la decisión del Congreso local, el gobierno de Gilberto Hirata hizo público un posicionamiento, indicando que la controversia a interponer ante la SCJN se apega “al artículo 21 de la Ley reglamentaria del artículo 105, fracción I y II de la Constitución”, el cual les permite contar “con un término de 30 días hábiles para la interposición de la controversia constitucional”.
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Reconoció que por el momento no cuentan con elementos jurídicos para emitir una opinión respecto a la decisión del Congreso del Estado, toda vez que “no ha sido notificado oficialmente de la resolución emitida por el pleno del Congreso”.
Pero se agregó en el comunicado, “Sí es posible señalar que el municipio de Playas de Rosarito desistió de la demanda presentada y no contestó la reconvención o contrademanda que por su parte interpuso el municipio de Ensenada, dejando de oponer Playas de Rosarito excepciones y defensas, y menos aún ofreció pruebas de su parte”.
Por ello, se añadió: “Resulta jurídicamente contradictorio que los diputados hayan resuelto en ese sentido, es decir, el congreso le da la razón a quien no comparece a juicio y no se defiende”.
No definir los límites territoriales solo afecta a los pobladores de Santa Anita, anotó Hugo Torres, al indicar que al estar en medio del conflicto, los habitantes son desatendidos por el municipio de Ensenada, particularmente. No se les permite la atención médica y educativa, cuando en Playas de Rosarito sí pueden hacer uso de infraestructura como campos deportivos”, dijo.
Indicó que la resolución del Congreso del Estado en contra del municipio de Ensenada también favorece a Tijuana, toda vez que a este último municipio se le pretendía quitar alrededor de 50 metros cuadrados que limitan con Ensenada.
