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miércoles, febrero 21, 2024
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Gobierno de Astiazarán, sin liquidez

Carente fondos para solventar el gasto de los últimos días de su administración, y con el compromiso de no dejar deudas a corto plazo, la administración de Jorge Astiazarán opta por subastar propiedades de los tijuanenses valuados en 200 millones de pesos para cubrir el gasto corriente y el pago de una demanda que deficiencias jurídicas dejaron perder

A cien días de culminar su trienio, a Jorge Astiazarán Orcí no le alcanzó el Presupuesto de Egresos de 5 mil 864 millones de pesos que le fue autorizado para 2016, con todo y que tuvo un incremento de 500 millones de pesos con respecto a lo que gastó en 2015. Así que optó por subastar 16 predios que le permitirán cubrir el gasto corriente.


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Los bienes públicos brindarán al XXI Ayuntamiento de Tijuana la liquidez necesaria para el pago a proveedores y solventar los gastos de fin de año, incluida la nómina y pago de aguinaldos de los más de 9 mil empleados que conforman la obesa nómina, acrecentada en los últimos tres años en más de 750 trabajadores.
La Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios establece que los compromisos financieros a corto plazo, la administración que lo solicite deben saldarlos al menos tres meses antes de culminar el periodo de gobierno, con el objetivo de no heredar pasivos a su sucesor, so pena de hacerse acreedor a sanciones económicas, incluso penales.

Imposibilitado a recurrir a préstamos de breve vencimiento, como lo hicieran sus predecesores, Astiazarán aplica la máxima popular de que los bienes sirven para remediar los males, por lo que desprenderá del patrimonio de los tijuanenses inmuebles con un valor conjunto tasado en 200 millones de pesos.

Los regidores del XXI Cabildo de Tijuana aprobaron la venta en subastas independientes sin saber hacia dónde exactamente se orientará el dinero a obtener de la venta, con la sola convicción de que la administración municipal requiere de recursos para cubrir el gasto corriente de los últimos meses del presente ejercicio fiscal.


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Los predios a licitar fueron seleccionados al interés de postores, aunque el gobierno de Jorge Astiazarán asegura que la subasta “no será a modo”.

59.2 millones se espera obtener por un terreno ubicado en este asentamiento

59.2 millones se espera obtener por un terreno ubicado en este asentamiento

 

Recursos para gasto social

Para el ejercicio de 2016, el XXI Ayuntamiento de Tijuana presupuestó egresos por 5 mil 864 millones, del cual 4.8 mil millones de pesos se etiquetaron para gasto corriente, en el que se incluye el pago de nómina, rubro al que se destina el 69 por ciento de esta partida.

Por ello no se explica por qué el principal argumento del gobierno de Jorge Astiazarán sea que el desprendimiento de bienes del dominio público al privado sea el dejar fondos suficientes para el pago de nómina para la administración que entregará a Juan Manuel Gastélum.

“El subastar bienes es una clara muestra de la deficiente administración que se ha seguido”, señaló el síndico social, Bernabé Esquer Peraza.

La suma de los 16 predios aprobados para subasta en la sesión extraordinaria de Cabildo del 23 de agosto es de 200 millones; ese será el monto base que se obtendrá, aunque pudiera lograrse un ingreso mayor de acuerdo a la oferta de los postores.

Pero el XXI Ayuntamiento tiene proyectado solo dejar a la próxima administración municipal recursos suficientes para la cobertura de la primera catorcena de diciembre, lo que representa una erogación de “un monto entre 70 y 100 millones de pesos”, indicó el tesorero municipal José Manuel Noriega Moreno.

De ingresos, la nueva administración también recibirá 100 millones de pesos, correspondiente a recursos federales que en forma tradicional se entrega al final del año como apoyo al Sistema Educativo Municipal.

La verdadera razón de la venta de bienes públicos, es “que el Ayuntamiento de Tijuana tenga recursos para la seguir con sus compromisos”, reconoció el alcalde.

Y continuó: “Necesitamos pavimentar más calles, necesitamos seguir dando apoyos sociales, tenemos una demanda que cumplir y… en fin, queremos cerrar bien y para entregarle cuentas claras a la próxima administración”.

Al cuestionarse a Astiazarán si esos gastos ya estaban presupuestados, respondió: “Claro que está presupuestado pero el Ayuntamiento siempre quiere más liquidez, porque aún nos quedan 99 días para cumplirle a los tijuanenses y hay muchos servicios que vamos a seguir atendiendo”.

No obstante, en la aprobación del Cabildo para la venta de terrenos municipales, no se determinó el destino de los recursos a obtener, excepto lo correspondiente al pago de una demanda.

 

11 millones pagarán a Bonilla

De los 200 millones de pesos, solo se sabe el destino de 11 millones de pesos, los cuales se canalizarán al pago de una condena de 11 millones de pesos a que se obliga al Ayuntamiento de Tijuana, al perder una demanda interpuesta en su contra por el ex diputado federal, Jaime Bonilla.

Se trata de un litigio iniciado durante la administración de Jorge Hank, a la cual no se le dio un seguimiento adecuado.

Una década atrás, el juez Quinto de lo Civil condenó al municipio a cubrir el pago del daño que empleados municipales contratados por el XVIII ayuntamiento de Tijuana causaron al equipo e instalaciones de la empresa de radio y televisión del ex diputado Jaime Bonilla Valdez, el cual se tasó en 630 mil dólares, aunque el quejoso demandaba una indemnización de más de 2 millones 377 mil dólares.

Finalmente el gobierno de Tijuana y Jaime Bonilla llegaron a un arreglo para cerrar un juicio desatendido durante tres administraciones, acordándose solo el pago del perjuicio a la infraestructura.

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Bienes en venta

De los inmuebles que serán comercializados, “hay unos terrenos que fueron solicitados directamente”, expuso Jorge Astiazarán.

Un ejemplo de ello son dos predios ubicados en Zona Río, identificados con las claves catastrales RG-004-031 y RG-004-032, con un avalúo de 11 y 31 millones de pesos, respectivamente, terrenos que antes de ser subastados ya se encuentran comprometidos con SIMSA, empresa dedicada a ofrecer servicios de especialidad médica.

Se utilizarán para “la construcción de un hospital en la colonia Federal, un hospital de 200 camas, con una inversión de más de 150 millones de pesos, se van a crear muchos empleos para la ciudad de Tijuana”, añadió el presidente municipal.

Indicó que como hay otros ejemplos de solicitud directa de terrenos que el municipio desincorporará del dominio público.

Otros ejemplo de que los predios a subastar ya cuentan con postor es el ubicado en el fraccionamiento Pontevedra, en el entronque del Corredor 2000 y la carreta de cuota a Tecate, el cual es del interés de Grupo Muzquiz, mismo desarrollador que lo donó al municipio. Su valor está tasado en 3.4 millones de pesos.

El resto de los bienes a subastar también son donaciones municipales efectuadas por desarrolladores para que en ellos el municipio dispusiera infraestructura municipal, entre ellos se ubica uno que se asienta en la Segunda Etapa del fraccionamiento El Rosario, con un precio base de 59.2 millones de pesos se subastará el lote ZT-426-003, de una dimensión de 39 mil 843 metros cuadrados.

Un terreno en Paseo de Los Reyes, de una superficie de mil 411 metros cuadrados, de un costo de 1.9 millones de pesos, también será incluido en puja.

Con un valor inicial de 5 millones de pesos, será subastado un predio de 2 mil 887 metros cuadrados en Residencial de Cortez.

En Terrazas San Bernardo se ubica un inmueble municipal de 14 mil 200 metros cuadrados, cuyo avalúo es de 10 millones de pesos.

De Real de San Francisco el gobierno de Jorge Astiazarán pondrá en venta dos predios, de 9 mil 657 y 3 mil 820 metros cuadrados cada uno, con un valor de 13.3 y 5.2 millones de pesos, respectivamente. Ninguno de estos dos terrenos corresponde al que se encuentra en disputa, al encontrarse ahí asentada una iglesia.

Un terreno de 859 metros cuadrados, a un precio 6 millones de pesos se venderán el inmueble de clave catastral FV-592-028, en El Laurel.

En un mínimo de 17.3 millones de pesos se subastará el predio identificado con la clave catastral CM-055-003 de Residencial Los Pinos, mientras que por 2.8 millones de pesos se pondrá en subasta un inmueble de Villa del Campo; del fraccionamiento Bonanza  Residencial, el municipio se desprenderá de dos propiedades de un valor conjunto de 7.2 millones de pesos.

Por un terreno de mil 800 metros cuadrados en Colinas de San Ángel, el gobierno de Jorge Astiazarán espera recibir 5.4 millones de pesos, así como 2.3 millones de pesos más por el predio de una superficie de mil 094 metros cuadrados en Laderas del Mar.

En la misma sesión de Cabildo, el XXI Ayuntamiento acordó cumplir con la desincorporación de predios municipales para permuta, por afectaciones de vías públicas de los predios propiedad de Fidel García Márquez, las cuales habían sido aprobadas en 2010, pero no se llevaron a cabo, por lo que del dominio público se desincorporarán siete terrenos de un valor conjunto de 25 millones de pesos.


Sin revisar, Cabildo de Tijuana aprueba 35 licencias de alcoholes

Sin cumplir con los certificados de medidas de seguridad establecidos en el Reglamento para la Venta, Almacenaje y Consumo de Bebidas Alcohólicas para el municipio de Tijuana, el XXI Ayuntamiento aprobó solicitudes de licencia.

De los 35 permisos concedidos, la mayoría de los integrantes del Cabildo dijeron no haber tenido acceso a los expedientes completos de los solicitantes, por lo que no pudieron verificar si cumplían o no con los requisitos establecidos, por lo que basaron su aprobación solo en el hecho de que se traba de establecimientos ya en operación “que generan empleos”, argumentó Martha Rubio.

El único en desaprobar la irregularidad administrativa fue el síndico social, Bernabé Esquer Peraza, quién dijo que solo se le permitió un expediente, el cual carecía de la licencia de Bomberos, por lo que pidió se le facilitaran los archivos y conminó a sus compañeros ediles a revisar cada archivo y requerir a los solicitantes actualizar los requisitos.

Demandó retirar del orden del día de la sesión extraordinaria de Cabildo, el dictamen XXI-CRBA-002/2016, relativo al otorgamiento de permisos y/o licencias para la venta, almacenaje y consumo público de bebidas alcohólicas y, una vez cubiertos los requisitos, volver a sesionar para, entonces sí, aprobarlo.

Pero su propuesta ni siquiera fue considerada por el Cabildo, porque concluida su intervención en la asamblea del martes 23 de agosto, Astiazarán no dio oportunidad para ello; de inmediato y en tono molesto, sometió a votación el último punto a tratar.

A excepción de Bernabé Esquer, María del Refugio Lugo, Luis García, Guillermo Zavala y Omar Sarabia, el resto de los ediles avalaron el aprobar las licencias, sin haber revisado cada uno de los expedientes.

Al razonar su voto a favor, la regidora Leticia Castañeda solo conminó a los nuevos permisionarios, ahí presentes, “se pongan al día lo más pronto posible”.

El miércoles 24, el director general de Gobierno, Carlos Mejía, envió un comunicado en el que aseguraba que los 35 negocios a los que se les aprobaron licencia sí cumplían con los requisitos necesarios para ello. “Como parte del procedimiento que realizó el gobierno municipal para otorgar los documentos, se incluye el cumplimiento al permiso de operación, certificado de medidas de seguridad, licencia de anuncios, dictamen de uso de suelo, constancia de no antecedentes penales del propietario, entre otros”, se lee en el documento.

Horas más tarde, ese mismo día, reconoció en entrevista para ZETA que “pudiera darse el caso de que algún documento como un dictamen de bomberos no estuviera actualizado, pero no es un documento que no se pudiera actualizar en los siguientes días”.

Ponderó que los negocios presentaron documentación relevante como “certificado de no adeudo, constancia de actividades mercantiles, su dictamen de uso de suelo, etcétera, etcétera, pueden expedirse los permisos”.

También admitió que entre los 35 permisos concedidos, se trata de negocios ya en operación desde “medio año, un año, año y medio, dos años, y están trabajando con un permiso temporal, nosotros lo que pretendemos es darle certeza jurídica a las negociaciones”.

La relación de las 35 nuevas licencias de alcoholes es la siguiente en el giro de abarrotes: Báez, Rossy, Jackie y Xocolatl.

Depósitos y tiendas de autoservicio: La Tienda 6TH, Walmart, Súper Ley Express Natura, La Contra, Súper Ley Cucapah, El Florido Matamoros, El Florido Insurgentes, El Florido Tecnológico, Calimax Riveras del Bosque, Europea, Súper Ley Express Valle Redondo y Bodega Cerveza Frontera.

En el giro de restaurantes se encuentran: Bar La Embajada, Misión 19, Bodega 8, Café Chalet, Petite, Radler Wunderbar, Giuseppis (tres establecimientos), Bodegas Magoni, Burger Stop, Club Tecate, Restaurante Familiar Paola, El Turco, Gardenias, Norte Brewing Co., Sushi Zone, Komasa y Riochia 7.

Autor(a)

Redacción Zeta
Redacción Zeta
Redacción de www.zetatijuana.com
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