El que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto es un Estado que se ha caracterizado por la violencia. Ha violentado no solo la vida de las personas, sino las leyes de este País, los derechos humanos, la libertad de expresión, el Estado de Derecho.
Ha violentado incluso, de manera sistemática ahora se sabe, las normas, las legales, las éticas, las de conflictos de intereses, incluso académicas. Plagiar un 28 por ciento de la tesis para obtener la licenciatura en derecho por la Universidad Panamericana, y que ello no tenga consecuencias en el México “moderno”, donde la ética pareciera una práctica en desuso especialmente por la clase política.
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De hecho el único caso de comparación, de un político que fue descubierto como plagiador en una tesis, que no renunció al cargo, ni le fue retirado el título, además de no haber enfrentado con su población el señalamiento de plagiario, ha sido, de acuerdo a un recuento del diario El País de España, Vladimir Putin, el Presidente de Rusia, significativo por violentar el Estado de Derecho en su país, violentar los derechos humanos y ejercer un gobierno absolutista.
Hace unos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que preside el abogado Luis Raúl González Pérez, entregó la recomendación número 4vg/2016 “sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de 4 civiles; la tortura de dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos, atribuida a la policía federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el “rancho del sol”, municipio de Tanhuato, Michoacán. Ciudad de México., 18 de agosto de 2016”.
Este es el tercer caso donde se prueba por organismos de Derechos Humanos, nacionales y/o internacionales, la participación del Estado en hechos violentos, que acaban con la vida de personas. Todos en el sexenio inacabado de Enrique Peña Nieto.
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El primero fue el caso Tlatlaya, quedó asentado en la recomendación número 51/2014 “sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en cuadrillanueva, comunidad San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México”, donde soldados del Ejército Mexicano, ejecutaron (incluido el tiro de gracia, estilo fusilamiento) a entre 12 y 15 personas de las 22 que resultaron muertas ese día cuando se suscitó un supuesto enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y presuntos integrantes de una banda del narcotráfico y el crimen organizado).
El segundo hecho de la utilización de la fuerza pública contra una parte de la sociedad, ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, cuando 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos y seis asesinados, y se determinó la perpetración de los hechos violentos por parte Policías Municipales en colaboración con integrantes de una banda del narcotráfico y el crimen organizado.
La tercera y más reciente, fue la de Tanhuato, Michoacán, donde se presume la participación de Policías Federales, peritos y forenses estatales, en la ejecución, manipulación de cuerpos y omisión de responsabilidades, en la ejecución de 22 civiles, presuntamente pertenecientes a un cártel de la droga.
De los tres casos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha realizado recomendaciones, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Comisión Nacional de Seguridad, al Gobierno de Michoacán, a la Procuraduría General de la República y otras instancias del Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto. Ninguno de los tres casos está resuelto del todo. En Tlatlaya son procesados unos pocos soldados de la baja jerarquía, en el de Ayotzinapa fueron aprehendidos policías, delincuentes y el alcalde de Iguala junto a su esposa, mientras en Tanhuato, no se han deslindado responsabilidades. Las denuncias de hechos por, entre otras cosas, violaciones graves a los derechos humanos de las personas violentadas y asesinadas o desaparecidas, han sido presentadas, pero poco o nada han hecho las autoridades federales para castigar a quienes se excedieron en el uso de la fuerza pública, y asesinaron a civiles, presuntos criminales.
A la luz del análisis de la CNDH en el caso de Michoacán, pareciera que en este sexenio se violan de manera sistemática los derechos humanos, y se ejecuta a personas con el uso de la fuerza pública. En palabras escritas en la última recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Las propias autoridades que tienen el deber de proteger a quienes gobiernen, son las que originan actos violentos al buscar una respuesta disciplinaria, aun cuando se violenten los derechos de las personas y de las instituciones… Frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o incapaces para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o sean indiferentes en la búsqueda del respeto a los derechos humanos”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto también ha violentado el acceso a la información al negar la máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales, la libertad de expresión, al instaurar políticas de hermetismo que convierten a las autoridades en cómplices de presuntos actos de corrupción, excesos y abusos; el derecho a saber al ignorar las denuncias periodísticas como la del equipo de reporteros de Carmen Aristegui en el caso del probado –y confirmado por algunos de los autores- plagio de la tesis que elaboró cuando concluyó sus estudios universitarios. El Estado de Derecho al permitir que manifestantes, incluso narcotraficantes, tomen negocios, roben vehículos, cierren bancos, bloqueen vialidades, o tomen control de pueblos enteros. La procuración de justicia al mantener arriba del 80 por ciento de impunidad en los casos de asesinatos dolosos en México.
En la República Mexicana, la justicia no llega para todos. Está violentada y el responsable es el Presidente Enrique Peña Nieto.
