El alcalde de Los Cabos
aseguró estar trabajando
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para cumplir sus
compromisos. Reconoció
que la solución al problema
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del agua no será antes de
dos años; explicó que los
cabeños contarán con una
Policía capacitada y
acreditable en año y medio.
Y en cuanto al servicio de
recolección de basura, que
solo recibe el 70 por ciento
de población, tal pendiente
será atendido con un
proyecto federal y se convertirá
en “un modelo nacional”
En el tema de seguridad, la percepción ciudadana no lo favorece por el incremento en el tema de robos, y a punto de cumplir un año en el gobierno municipal, para Arturo de la Rosa los principales reclamos de servicios siguen siendo los que se comprometió a resolver cuando llegó: limpieza y abasto de agua para el municipio.
El alcalde manifestó que entiende el malestar de sus gobernados, pero aseguró que éstos se están dando cuenta del trabajo realizado, porque precisamente con apoyo de la ciudadanía se combate el rezago histórico que padece la localidad.
De la seguridad, los activistas desde los consejos ciudadanos enfatizaron la existencia de “una calma chicha, una paz que puede salirse de control el día de mañana, la desintegración familiar, 32 pandillas delinquiendo. Los delitos bajan en una colonia y suben en otra, pero en realidad no hay mejoría. Niños explotados que las autoridades no recogen porque el DIF no tiene donde resguardarlos. No existe una estrategia integral, la problemática se contiene, pero no se combate de fondo”, aseguran.
“Tenemos el primer lugar en menores adictos y jóvenes de secundaria embarazadas, suicidios, divorcios, el tercer lugar en Sida; todos escenarios de disfuncionalidad familiar. S dan porque el gobierno no ha sido capaz de crear las políticas públicas necesarias para impactar ese gran núcleo de gente que está viviendo en Los Cabos”, destacó el regidor priista Jesús Flores.
En ese contexto, el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa, habló de sus compromisos, explicó que el abasto de agua se resolverá hasta dentro de dos años e indicó que pese a la inversión de mil millones de pesos en infraestructura durante 2016, solo se avanzó un 5 por ciento en el rezago de 16 años que pesa sobre el municipio.
Respecto a seguridad, dijo que le llevó siete meses conseguir un director que aprobara los exámenes de confianza y dirigiera una corporación donde el 30% de los elementos ni siquiera habían hecho el curso básico de formación policial, “prácticamente la mitad no estaba acreditada”.
De igual manera, reconoció la crisis en el servicio de limpia y subrayó el apoyo que recibe de los gobiernos Federal y del Estado para aplicar una solución de largo plazo.
Sobre la auditoria forense que ordenó para acreditar el desaseo y malos manejos de los que acusó a su antecesor, Antonio Agúndez, declaró que están trabajando con algunos resultados, y en algunos casos, “sabemos que hay hechos ilícitos, pero ante la autoridad judicial va a ser muy difícil de acreditar”.
Del crecimiento del municipio aseguró que con apoyo de Estado y Federación se preparan para satisfacer las necesidades del crecimiento poblacional que esperan, de entre 30 y 40 mil habitantes en los próximos dos años, que resultará de la construcción de 5 mil cuartos más de hoteles en la región.
“EL PRIMER COMPROMISO QUE TENEMOS EN LOS CABOS ES SEGURIDAD PÚBLICA”
En el tema de seguridad, De la Rosa recordó que al llegar a la administración encontró una corporación deficiente en capacitación, en la evaluación, y apenas están sentando las bases para tener una policía acreditada que cubra los requisitos de control y confianza:
“El Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG) determinó que la mayor parte de nuestros elementos no habían cumplido con el mínimo indispensable de formación inicial, de 577 policías, 198 elementos no habían tenido siquiera un curso básico y por ahí empezamos”, al tiempo que los capacitaron a todos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Llevará año y medio tener a todos acreditados y capacitados, y terminar la preparatoria a quienes ya estaban. Además de cubrir el perfil acreditado de policía de carrera y pasar los filtros de control y confianza de la Federación.
198 policiías sin certificación ni curso básico
Durante siete meses, la Dirección de Seguridad Pública no tuvo una cabeza que estableciera rumbo y coordinara: “No fue una tarea fácil, enviamos dos propuestas de gente muy calificada y no pasaron los filtros, lo que me obligó a solicitar ayuda en la secretaria de Gobernación, el Ejército y la Secretaría de Marina, de donde me mandaron un alto perfil: el Capitán de Infantería José Jorge Ontiveros García, ingeniero paracaidista con experiencia en Nuevo León y amplia trayectoria en delitos de alto impacto y estrategias; llegó en abril y también nos enviaron ocho mandos de la Secretaría de Marina evaluados, para hacerse cargo de todas las comandancias en Los Cabos”, explicó el alcalde.
De acuerdo con los mínimos requeridos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), De la Rosa admitió un déficit de por lo menos 300 uniformados para dar una buena cobertura policiaca al municipio. “Tenemos 500 y debemos tener 800, además de esos 500 el 30% se están capacitando en lo básico y no están trabajando en calle; están en labores administrativas y no portan pistolas”.
Las patrullas también son insuficientes, con más de 300 mil habitantes y 150 colonias, al llegar al ayuntamiento encontraron 23, compraron nueve y repararon otras; hoy circulan 53 patrullas. “Y no pudimos adquirir más FORTASEG etiquetado a capacitación”.
— Hay inversión, pero la gente considera que no ha bajado la incidencia. ¿Qué les responde?
“La exigencia y obligación la tenemos, no la evadimos, pero tenemos que ir con estrategia; primero estamos capacitando al personal para salir a los operativos, son cursos de tres meses, ya están saliendo las generaciones. Tenemos un (director de) alto perfil, tenemos una estrategia, un modelo que vamos a aplicar sociedad-policía, que el personal ya está más capacitado; la incidencia delictiva en robos ya está bajando y aspiramos a integrar elementos más capacitados con un mejor sueldo, y que en coordinación con los grupos organizados y todas las corporaciones.
“Con el Grupo Coordinación Estatal y un subgrupo de Coordinación Municipal acudimos a las colonias y sí han bajado los indicadores de como recibimos a como estamos, sin embargo, un robo ya es mucho máxime cuando no tenemos elementos suficientes para dar cobertura más de 150 colonias en todo el municipio, por eso hacemos operativos coordinados la Marina, Ejército, PGR, PGJE, la SSPE y la (Policía) Municipal. Pero desarticulas una zona y ocurre un efecto cucaracha, y percepción de mayor incidencia aunque esté bajando”.
De las pandillas aseguró que están trabajando, pero “no es un tema represivo, son operativos de identificación de pandillas sobre todo en Cabo San Lucas, para poder llegar y definir cómo las podemos desarticular; se está trabajando con inteligencia, para después llegar con programas”.
Para finalizar en el tema de seguridad, De la Rosa insistió en recordar que su labor con la Policía Municipal es preventiva y del apoyo que tiene de la comunidad: “Con el Programa de Atención Ciudadana (PAC) salimos a colonias a armar comités de vecinos, que sean los ojos del presidente y la voz de los vecinos, y dentro de esos comités, un comité de protección civil y seguridad que se encarga de detectar incidencia (delictiva) a los vecinos conflictivos; con esa información la Policía llega con estrategia dirigida dar golpes asertivos y desarticular pandillas y vecinos que se dedican al robo, que es nuestro máximo problema: robo de vehículo y casa habitación.
“INDISCUTIBLEMENTE SON DOS AÑOS QUE VAMOS A SEGUIR SUFRIENDO POR LA FALTA DE AGUA”
Para dimensionar, Arturo de la Rosas habló de 12 mil familias asentadas en zonas irregulares, muchas de ellas en zonas de riegos, invadiendo predios ejidales que no tienen servicios de agua drenaje, y de un déficit de poco más de 200 litros por segundo de agua que dos años se duplicará a más de 400 mil litros.
“Hay una planta desalinizadora que provee de 200 litros por segundo, estamos extrayendo alrededor de 400 litros por segundo del subsuelo, pero el déficit nos obliga a generar tandeos, en el área de Cabo San Lucas son de 10 a 12 días, y en San José del Cabo es mucho más corto de dos, tres días.
“Qué estamos haciendo: está el trabajo en planta potabilizadora con agua de la presa San Lázaro, que inyectará 80 litros por segundo más a la red. También están implementando medidas correctivas en el Sistema Operador. Con un equipo sonar en el acueducto están detectando fugas y tomas clandestinas, en San José del Cabo, 283 tomas clandestinas; Cabo San Lucas 300, de las cuales 125 están en proceso de regularización para contratar, se destruyeron tomas que surtían a colonias-invasiones Tierra y Libertad Caribe Alto.
Mil millones de pesos invertidos en infraestucturas
“Tomas que se habían instalado con la complacencia del anterior gobierno porque son del mismo material que tiene y usa el sistema de agua potable. Además, el 15 de julio se detectaron e inhabilitaron seis tomas clandestinas que surtían a dos ranchos de la zona de Santa Anita, las tomas tenían por lo menos ocho años de antigüedad y estaban en ranchos de la familia Agúndez, y se denunció”.
La cancelación de tomas clandestinas va a dar a la ciudad 40 o 50 litros por segundo más, “pero indiscutiblemente son dos años que vamos a seguir sufriendo por la falta de agua, va a ser más eficiente, no va a resolver el problema, pero sí vamos a reducir en días el tandeo. ¿Qué vamos a hacer? Una nueva planta desalinizadora que se está licitando, ahí entró esfuerzo de SEMARNAT, BANOBRAS, CONAGUA, Gobierno del Estado; es un compromiso presidencial. Si todo sale conforme a la ruta que se ha planteado, en dos años va estar ya en funcionamiento, y eso sí resolverá el problema de fondo”, auguró.
“NOS ESTÁ HACIENDO CRISIS LA RECOLECCIÓN (DE BASURA)”
“Recibimos cinco camiones recolectores, reparamos 12 que encontramos empeñados en los talleres International por falta de pago. Teníamos 17 trabajando pero como su vida útil se ha agotado, hoy están funcionando 10 camiones, lo que nos está haciendo una grave crisis en la recolección”, aceptó el alcalde cabeño.
Los datos oficiales son que los residentes de Los Cabos generan 500 toneladas de basura por día y al autoridad está recolectando el 70%.
Detalló que en ese tema han obtenido apoyo de la Iniciativa Privada, porque los materialistas han accedido a prestar su maquinaria, el ayuntamiento les pone diésel, asigna personal y los usan en jornadas de limpieza diarias apoyadas por los vecinos en diversas zonas. “No tenemos en este momento la capacidad con camiones recolectores para atender las más de 150 colonias”, informó.
Adicionalmente los tiraderos de basura en San José y Cabo San Lucas están agotando su vida útil y el municipio tiene deudas con el Ejido La Candelaria desde 2002 y un particular en Palo Escopeta porque se invadieron tres hectáreas más de las contratadas.
En el rezago del servicio de limpia, el ayuntamiento también enfrenta el conflicto de los alrededor de 20 fraccionamientos que empresas como Homex y Fincamex no entregaron, no concluyeron o dejaron tirados, razón legal por la que no reciben el servicio de basura. “Hoy a esos constructores les estamos negando las licencias de construcción hasta que nos entreguen los fraccionamiento rezagados”, expuso De la Rosa.
Para atender este problema a mediano y largo plazo, el ayuntamiento recibió ayuda de la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con el Programa Hábitat; de inicio se adquirirán 20 camiones recolectores de basura que deberán llegara a más tardar el 31 de diciembre.
Pero además, Cabos se convertirá en el proyecto piloto apoyado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Banco Mundial y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos). Así se definirá el modelo nacional para recolección, traslado y disposición final de basura.
“Ya se aportó el 24 por ciento de los recursos para la elaboración de los estudios técnicos que estarán listos en tres meses, para saber cuántos camiones se requieren, si son necesarias unidades de transferencia, uno o tres rellenos sanitarios… después vendrán las bases de licitación y el concurso”, detalló el presidente municipal.
DEUDAS, PAGOS Y AUDITORÍA
Al iniciar la administración, De la Rosa y su gabinete no encontraron un solo peso en cajas. A ello se sumaron deudas con proveedores, ISSSTE, FOVISSSTE y FONACOT, por más de 990 millones, por pagar una nómina quincenal de 35 millones de pesos y 327 bases sindicales recién otorgadas.
Arturo de la Rosa, Presidente Municipal de Los Cabos, BCS
De la nómina, una parte de los 42 millones de pesos que se deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por retención de Impuesto Sobre la Renta a empleados que no se pagó a Hacienda, y el 25 por ciento de las deudas que se tenía con proveedores, se pudieron solventar con apoyo de la ciudadanía. “Pedimos que pagaran sus impuestos retrasados, lo que no quisieron hacer con el anterior gobierno por temas de corrupción, y lo hicieron.
“Para nosotros, la ciudadanía, a la Iniciativa Privada nos queda muy claro el gran desaseo que hubo en la anterior administración, hubo temas de corrupción muy notable, pero muchas de esas cosas supieron protegerlas muy bien, con actas y documentos que aunque sabias que era un hecho ilícito, ante la autoridad judicial va a ser muy difícil de acreditar”.
Es la razón por la que aún no se han llevado a Cabildo los resultados de la auditoria forense ordenada e iniciada hace casi diez meses. Sin embargo, ya hay una denuncia penal en contra de un funcionario de la anterior administración por desvío de recursos. “Fue evidenciado y él confesó, pero no puedo dar más datos para no afectar el proceso. El resultado de la auditoría será llevado a Cabildo para determinar acciones a más tardar en diciembre, aunque tenemos todo el trienio para hacerlo, porque los delitos patrimoniales, la responsabilidad de los funcionarios no se termina en tres años; subsiste seis años de responsabilidades, de revisar minuciosamente”.
Del reordenamiento administrativo explicó que el ejercicio de austeridad fue básicamente eliminar la compra y renta de carros, el pago de teléfonos celulares y de comidas, “en esta administración cada quien paga lo suyo”. Y el programa de adelgazamiento de nómina de 4 mil 200 a 3 mil 400 empleados.
De las 327 bases nuevas, vía juicio argumentando un procedimiento irregular para otorgarlas, revocaron 266 y 70 están en proceso de resolución. “Iniciaron juicio 70 personas, hemos ganado algunos reinstalados y les hemos buscado utilidad, la nómina se redujo en 700 personas, lo que resultó en una reducción del 14 por ciento al importe de la nómina, que ahorita es de 25 millones quincenales”
Adicionalmente, con la Universidad Autónoma de Baja California Sur están creando una reingeniería de la administración pública para generar un nuevo organigrama municipal, compactando áreas, lo que les permitirá concluir más relaciones laborales.
INFRAESTRUCTURA: “EL RETO ES MAYÚSCULO”
Otra de las deudas que recibieron al entrar fue el pago que le correspondía al ayuntamiento por 28 obras de pavimentación, iluminación y rehabilitación de centros de desarrollo. SEDATU había entregado y se habían gastado 65 millones de pesos, pero faltaban los 45 millones de pesos que le tocaban al ayuntamiento.
“Sopesamos, o conseguíamos los 45 millones de ahorros e impuestos, o debíamos regresar 65 millones que no teníamos, y por incumplir quedaríamos fuera de los beneficios este año, así que pagamos. Pero el reto mayúsculo, de acuerdo al IMPLAN, el rezago en infraestructura urbana es de aproximadamente 16 años. No es que se haya dejado de hacer cosas, fue el explosivo crecimiento y que el gobierno con el presupuesto que tiene no pudo estar a la par, y además no se dieron los pasos indicados”, reveló.
De esta manera, la austeridad les ha permitido un ahorro mensual de 10 millones de pesos, esto es, 120 millones de pesos en un año que se trasladarán a obra pública con programas federales en coparticipación con SEDATU, “peso a peso con la Federación se convertirán en 240 millones de pesos”, estimó el alcalde de Los Cabos.
Este año, al sumar los recursos federales, el apoyo del Estado y el ahorro municipal, se invirtieron mil millones de peso en obra pública, gran parte en rehabilitación de edificios afectados por el huracán “Odile” en 2014, por ello “el avance de infraestructura urbana fue más o menos de un 5 por ciento de lo que requerimos para estar a la par de lo que hoy requiere el municipio”, reconoció Arturo de la Rosa, para concluir:
“Estamos trabajando en muchos frentes”.
