Con 80 votos a favor y 19 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó la modificación del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3de3, la cual obligaba a los empresarios y civiles a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses en caso de recibir recursos públicos.
Por la mañana las comisiones unidas de Anticorrupción, de Justicia, y la de Estudios Legislativos Segunda, avanzaron en el veto presidencial a la denominada Ley 3de3.
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Hace dos semanas, el Presidente Enrique Peña Nieto devolvió al Congreso de la Unión el Artículo 32 de la Ley 3de3 por considerar que contiene medidas que podrían afectar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El pasado 23 de junio, tras las críticas recibidas por parte de organismos civiles y empresariales, el Presidente Enrique Peña Nieto decidió vetar el Artículo 32 de la llamada Ley 3de3.
El pasado 15 de junio, el Senado aprobó la Ley 3de3 alterada, con 94 votos a favor, 23 en contra y menos exigencias para los funcionarios de las que contemplaba la versión original. Después, la Cámara de Diputados la ratificó sin modificaciones.
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El dictamen aprobado fue propuesto por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en abril pasado como una versión diferente a la iniciativa ciudadana presentada para esa legislación, la cual fue respaldada por 634 mil firmas.
La iniciativa respaldada por los ciudadanos proponía definir claramente la corrupción, a partir de 10 tipos de conductas ilegales. Además, buscaba rediseñar el Sistema de Responsabilidades de los servidores públicos y planteaba sanciones a particulares en hechos de corrupción.
Algunas organizaciones como México Evalúa acusaron que el Artículo 32 se metió sin discusión previa ni aviso y obligaba a que toda persona física o moral que recibiera recursos públicos tenía que presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
Otro de los artículos que causó controversia y que no fue vetado por el Presidente es el 29. El motivo de la indignación por parte de diferentes grupos de la sociedad radica en que deja al criterio de cada funcionario el hecho de publicar sus declaraciones, ya que si considera que hacerlo pondrá en peligro su vida, tiene la facultad de reservar esta información.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, tal y como fue aprobada en la Cámara de Senadores y ratificada en la de Diputados, protege los intereses de servidores públicos al dar la opción de omitir sus declaraciones, coincidieron diversos analistas.
