Pedro Tamayo Rosas, es
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el periodista número 19
asesinado en Veracruz,
durante el mandato del
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priista Javier Duarte de
Ochoa. El fundador del
periódico La Voz de Tierra
Blanca, tenía protección
policíaca luego que había
investigado y reportado la
desaparición de cinco
jóvenes en Playa San Vicente.
Se auto exilió en Oaxaca, al
regresar a su tierra, lo mataron
de once disparos
Frente a su esposa e hijos, a Pedro Tamayo Rosas lo acribillaron once disparos la noche del miércoles 20 de julio en Tierra Blanca, Veracruz. Es el periodista número 19 en ser asesinado violentamente durante la administración del gobernador y priista Javier Duarte de Ochoa.
Tamayo era reportero policiaco y de política, temas sensibles para el poder en turno. En enero investigó la desaparición de cinco jóvenes en Playa San Vicente a manos del crimen organizado, ahí comenzaron a amenazarlo, lo que lo obligó a huir a Oaxaca. Al volver, la Fiscalía General del Estado le otorgó medidas cautelares -protección de la Policía- que no sirvieron.
El periodista de 43 años de edad, fue colaborador de los diarios locales El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político, en ambos exigieron públicamente justicia al gobierno de Duarte. También fundó el periódico La Voz de Tierra Blanca, y compartía información exclusiva con gran frecuencia vía redes sociales bajo el seudónimo “En la Línea de Fuego”, lo que lo volvía relevante entre los periodistas veracruzanos.
Todos los días, patrullas rondaban su domicilio ubicado en la calle 5 de mayo entre Matamoros y Morelos del Centro de la ciudad, con el supuesto fin de cuidarlo. Sin embargo, cerca de las once de la noche del 20 de julio, dos sicarios llegaron al lugar para dispararle once veces con un arma calibre 9 milímetros. Cayó herido en la puerta de su casa, la Cruz Roja se lo llevó de urgencia, murió en el hospital. Los criminales se fugaron.
Se trata del primer profesional del periodismo que fallece siendo “protegido” por autoridades veracruzanas. Según la Fiscalía, no se descarta ninguna línea de investigación alrededor de los hechos, inclusive el ejercicio periodístico.
El hecho generó la movilización de organizaciones que defienden la libertad de expresión, por considerarla vital para la democracia. Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial de Programa Legal de Artículo 19, señaló a ZETA que el homicidio forma parte de “esta oleada ya inaceptable de violencia contra la prensa que existe en Veracruz”.
El activista comentó que el contubernio entre autoridades y crimen organizado daña aún más la seguridad de los periodistas que se acercan al gobierno para ser protegidos, sin saber si los datos personales que facilitan serán usados en su perjuicio. Es más, las investigaciones veracruzanas no toman en cuenta el ataque a la libertad de expresión como una línea a seguir.
Frecuentemente, la Fiscalía ha dañado la imagen pública de los periodistas asesinados, para no vincular los crímenes con el ejercicio periodístico, consignando motivos pasionales o conflictos de diversa índole, inclusive, relacionándolos con la delincuencia.
A Anabel Flores “se le quiso estigmatizar porque según la Fiscalía tenía vínculos con el crimen organizado y eso prácticamente justificaba que la habían asesinado… Es un ciclo perverso de impunidad”, apuntó Maldonado Gutiérrez, y criticó la criminalización a las víctimas.
Para el defensor de Artículo 19, el fenómeno es producto de la negligencia de Duarte de Ochoa. Sostiene: “Un régimen que rechaza cualquier crítica, y eso manda un mensaje de apertura para que se cometan crímenes, no nada más por funcionarios del Estado, sino también por particulares; hay que recordar que en Veracruz los niveles de colusión con el crimen organizado son alarmantes”.
Por su parte, el argentino Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), se sumó a la preocupación por el caso veracruzano, debido a que dicho Estado “es uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, principalmente desde el año 2010 (cuando Duarte tomó el poder). Lo más grave es el clima de temor con el que trabajan”, enfatizó.
El auge en el crimen organizado, el incremento en la violencia, los niveles de corrupción y la colusión entre autoridades y el crimen organizado “complican aún más el panorama”.
Para recibir la “protección” de la Policía, Tamayo Rosas se acercó en primera instancia a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz, organización creada en 2012 -tras el homicidio de Regina Martínez Pérez-, que pidió la vigilancia policiaca a la administración de Duarte.
Geiser Manuel Caso Molinari, secretario de CEAPP, se limitó a señalar el repudio hacia el asesinato y exhortar a las autoridades dar seguimiento a las investigaciones, e informó que a petición del organismo, ya se brinda “protección” a la familia.
Restándole importancia a la crisis veracruzana, aseveró que la violencia exacerbada “se observa en el contexto nacional”, y no solamente en esa entidad.
Durante el jueves 21 de julio, hasta el cierre de esta edición, ZETA intentó obtener información sobre las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pero fue negada.
