Conversaciones grabadas en las que el director de Regulación de Playas de Rosarito habla de actos de extorsión como “moches”, cobros por gafetes y permisos falsos a negocios de Puerto Nuevo fueron difundidas públicamente, pero no son prueba suficiente para deslindarle responsabilidades, consideró el síndico procurador, Tomás de La Rosa.
Sin embargo anotó que por ser las pruebas con que se cuentan de carácter informático, la Sindicatura Procuradora está tomando el caso con la debida reserva.
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Además, sobre el tema específico, no se cuenta con queja alguna que dé sustento al procedimiento, o que involucre a algún otro funcionario o servidor público de la dependencia en cuestión, por lo que hizo un llamado a los posibles afectados por esta conducta, para que se presenten ante Sindicatura y formulen su queja formal, ayudando además con sus declaraciones y aportando mayores medios de prueba.
De demostrarse los hechos, a Aramiz –quien acusa a un ex empleado de la dependencia de filtrar audios y videos editados– se le pueden aplicar las sanciones contenidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California: amonestación, suspensión sin goce de sueldo, la destitución, multa e incluso la inhabilitación para desempeñar cualquier otro cargo público por hasta 10 años.
A través de su cuenta de Facebook, el usuario Gabriel Medina es quien ha dado a conocer los audios en mención, en los que, señala, es la voz de Aramiz refiriéndose a su labor como funcionario, hace uso de las palabras “moches” y “recolectar”, además de lenguaje despectivo.
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En otras publicaciones, Medina acusa a Aramiz de permitir la operación de negocios que cuentan con permisos apócrifos, cobrándoles una cuota de mil pesos semanales.
