El municipio de Acapulco, Guerrero, encabezó una lista de 62 municipios en “situación de emergencia” por sus índices de asesinatos, que fueron tomados en cuenta por el informe ‘Mapas de la violencia en México: muertes por homicidio en 2011 y 2015’, elaborado por el director del Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén López.
Por su parte, Tijuana, Baja California, que en años previos había registrado una mejora, en 2015 apareció como el segundo más violento con 612 asesinatos, duplicando incluso el doble de homicidios que Ciudad Juárez, Chihuahua. En 2011 era el séptimo con 418 homicidios registrados ese año.
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Otro caso es el de La Paz, en Baja California Sur, que en 2011 no figuraba en estas estadísticas, mientras que, en 2015, con 112 asesinatos, se ubicó en una “zona de alta tensión”, en la posición 22 de los más violentos de todo el país.
Por otra parte, la capital guererense, Chilpancingo, quedó con 212 asesinatos, en sexto lugar del listado 2015. Sin embargo, es Acapulco el que se sitúa a la cabeza con 902 asesinatos en 2015, cuando en el 2011 se encontraba en el segundo lugar, por debajo de Ciudad Juárez. Sin embargo, en ese año, en el puerto se registraron 1008 homicidios, 106 más que los contabilizados de manera oficial el año pasado.
En el año 2011 aparecían 69 municipios, de casi todos los estados del país, identificados en los Mapas de la violencia, pues contaban con más de 50 homicidios registrados. En 2015 fueron 62, y figuran también casi todos los estados del país, incluyendo cinco delegaciones de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México.
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Ecatepec fue el año pasado el cuarto municipio más violento del país, con 355 asesinatos contabilizados. Mientras la delegación Iztapalapa se posicionó en el octavo lugar a nivel nacional con 181 homicidios. En el décimo lugar se encuentra Nezahualcóyotl con 172 asesinatos, mientras la delegación Gustavo A. Madero es el número 13, con 146.
El mapeo de la violencia en México identifica a los municipios guerrerenses, incluyendo a Iguala, como la “región punta de las cifras del horror” en todo el país, “por lo que el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa puede interpretarse como cruel continuidad de la extrema barbarie que ya padecía la región”, dice el documento, que también alerta de “la estrecha relación existente entre los homicidios dolosos y las zonas de producción o tráfico de drogas prohibidas”.
“La violencia es uno de los mayores desafíos sociales del México contemporáneo y su expresión más cruda es el homicidio doloso. Particularmente desde el año 2007, sus estadísticas dibujan una tragedia nacional de enormes dimensiones que no cede a pesar de determinadas mejoras. Al cierre del año 2015, las cifras persisten en describir una situación de emergencia, especialmente en algunas regiones del país”, se detalla el documento.
En los mapas, elaborados con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), se ubican a los municipios con el mayor número de homicidios en esos años, con más de 50 contabilizados de manera oficial en 2011 y 2015. El informe tiene el objetivo de “destacar a las situaciones más críticas” en el país.
Sin embargo, destaca que “no hay duda de que en los últimos cinco años pueden observarse cambios en diferentes direcciones”, como es el caso de Ciudad Juárez, municipio que en 2011 se ubicaba como el más violento del país, con mil 460 homicidios; mientras que en 2015 se convirtió en el quinto, con 269 asesinatos. Aunque esta ciudad fronteriza ha reducido sensiblemente el número de homicidios dolosos, su escenario sigue ubicado en la línea de lo grave”, precisa el documento.
Lo anterior, considera, “obliga a repensar la posición del Estado ante las drogas y los escenarios de violencia. Hasta ahora, no hay evidencia de que el combate frontal, físico, haya reducido la producción o el tráfico de drogas, como tampoco ha impedido los altos niveles de violencia y los homicidios. La experiencia transcurrida desde el año 2007 es más que suficiente demostración”.
“Ante este panorama de violencia continua, las recientes propuestas gubernamentales que revaloran las estrategias preventivas y la iniciativa legislativa sobre la mariguana medicinal y su consumo personal, pueden ser primeros pasos para disociar la problemática de las drogas de las impresionantes cifras de muerte por homicidio de los últimos años. Una vez más, la conclusión es que resulta imprescindible y urgente avanzar por caminos alternativos”, finaliza el Informe.
