El presidente municipal de Tijuana, Jorge Astiazarán, se metió donde la Constitución no permite y será responsabilidad del Congreso del Estado juzgarlo. El priista puede impugnar, pero de ser ratificada la sentencia del tribunal electoral del Estado, la constitución local contempla sanciones penales, administrativas e incluso juicio político. Todo por hacer proselitismo en pro de su partido
Por su intromisión en el proceso electoral, el alcalde de Tijuana Jorge Astiazarán Orcí recibió un fallo del Tribunal Electoral de Baja California que lo responsabiliza como violador de “los principios de imparcialidad y equidad”, faltas equivalentes al uso indebido de recursos públicos.
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De ello, hay fotografías, videos –con esto se integró la investigación– documentos y su propia declaración.
De acuerdo al proceso que sigue el órgano juzgador electoral, el expediente está integrado para que el Congreso del Estado inicie un proceso contra el munícipe, y lo sancione. En caso de que éste impugne ante el tribunal federal –en un lapso de cuatro días después de que se le notifique–, dependerá del fallo en esa instancia si el proceso avanza.
Fuentes del tribunal confiaron a esta redacción que el alcalde será notificado probablemente hasta hoy (viernes 27 de mayo). Es decir, que es posible que los lectores de ZETA se enteren primero, antes que el propio edil de manera oficial.
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Los diputados locales, por su parte, según la ley, tendrán que evaluar la acción y sancionar; encuadrar la violación como falta administrativa, delito penal (en caso de sentencia, prisión) o causal de destitución o inhabilitación a partir de un juicio político.
El Partido Acción Nacional (PAN) alegó la asistencia de Astiazarán Orcí al arranque de campaña del PRI y sus aliados (PT, Verde y Panal) el martes 12 de abril, cuando visitó Baja California como invitado especial el presidente nacional del partido, Manlio Fabio Beltrones.
Decir que el del palenque del Parque Morelos fue un evento electoral está de más: cientos de simpatizantes, banderas, porras, candidatos y discursos proselitistas.
En días posteriores –incluso horas después–, diversos medios informativos –incluido este semanario– informaron sobre lo que sucedió en el evento calificado por Chris López, dirigente estatal del PRI, como “fiesta tricolor”.
De hecho, cuando el PAN promovió la denuncia de hechos acompañó la solicitud con notas periodísticas impresas o en material audiovisual. El Instituto Electoral del Estado (IEE), por su parte, solicitó a los medios ratificar la información, y en esa etapa, éstos acreditaron además haber sido invitados al evento.
El mismo IEE, pidió al Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (Simpatt), administrador del palenque, información que ayudara a comprobar el día y hora del evento. Efectivamente, fue el Comité Directivo Municipal del PRI quien arrendó el espacio. “Inicio electoral de campaña 2016”, fue el concepto.
El alcalde, a través del equipo jurídico del Ayuntamiento, respondió la denuncia por escrito, en la que asegura se trató de un evento privado al que acudió como invitado, pese a la promoción previa y posterior a él. Intentó también respaldarse en sus derechos político-electorales.
Parte de la evidencia
Lo que el alcalde violó
La tesis L/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la que el órgano presume se garantiza la equidad en los procesos electorales, indica que para cumplir con ello, los funcionarios únicamente pueden asistir a eventos de campaña en días inhábiles.
Dice que deben abstenerse de acudir a “actos proselitistas”, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que el Tribunal Electoral de Baja California presumió violentado con la sentencia del jueves 26 de mayo, cuatro días después de que el IEE envió la información.
“Se acreditó que el denunciado asistió al inicio de campaña electoral de los candidatos a Presidente Municipal de Tijuana y Diputados Locales de la Coalición conformada por los Partidos Revolucionario Institucional…el día martes doce de abril a las 17:30 horas, en el Palenque del ´Parque Morelos´, en Tijuana; vulnerando con ello el artículo y párrafo de referencia, el cual establece lo siguiente: ‘Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos’”, dicta información oficial del tribunal.
De esta forma, señala un “ejercicio indebido de la función pública equiparable al uso indebido de recursos públicos”, no obstante, al no existir en la Ley electoral sanciones para servidores públicos, el fallo se enviará al Congreso del Estado para que éste proceda apegado a la Constitución de Baja California.
En Tecate ni por asomo
A diferencia del proceso relatado, a principios del mes de mayo el Tribunal Electoral de Baja California decidió no proceder en contra de funcionarios de Tecate que acudieron al arranque de campaña de la candidata priista a la alcaldía, Nereida Fuentes, por considerar que notas periodísticas no eran suficientes.
El PAN –que en esa ocasión también promovió la denuncia– no aportó mayores pruebas sobre la participación del alcalde tecatense César Moreno, del Síndico Daniel de León, del titular del Instituto del Deporte, Saúl Pruneda, y de los regidores Bárbara Rivera y Alonzo Garibay, entre otros. Por cierto, en su declaración, los funcionarios aseguraron no haber estado en el arranque, pese a las fotos e información que la propia candidata envió para su difusión a los medios.
