Desmantelar barcos es una actividad reprobada en países asiáticos, donde laboran en condiciones precarias. Administración Portuaria Integral declara que en Ensenada esta actividad es incompatible con el “puerto verde”; Roberto Curiel Amaya, un concesionario, asegura se trata de prácticas amigables con el medio ambiente, al tiempo que mantiene un adeudo de 31 mdp
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La controversia por el funcionamiento de la empresa “chatarrizadora” de barcos, Infraestructura y Servicios Portuarios S.A. de C.V., ubicada a unos cuantos metros de la playa municipal de Ensenada, obedece más a intereses económicos que de equilibrio ecológico, como lo ha manifestado el director de Administración Portuaria Integral (API) Ensenada, Héctor Gonzalo Bautista Mejía.
La morralla de barcos descontinuados es una actividad nociva y condenada en países como la India, Bangladesh, Pakistán y China, donde laboran en condiciones precarias, pero en Ensenada, el representante de la compañía, Roberto Curiel Amaya, defiende al sector asegurando que se trata de prácticas amigables con el medio ambiente, al reciclar más del 90 por ciento de las piezas de un buque.
El director de API ha declarado públicamente que podría retirar la concesión a los Curiel porque la empresa deshuesadora es incompatible con los lineamientos de Puerto Verde, nombramiento que recibió el puerto de Ensenada en 2015 por supuestas prácticas ecológicas que están sólo en el discurso, al no haber un reglamento, menos aún estándares unificados entre los concesionarios.
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Pero el problema va más allá porque el concesionario considera que las tarifas interpuestas por el Gobierno Federal, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), son obsoletas y piden un nuevo avalúo. Mientras tanto, han dejado de pagar los derechos, acumulando una deuda de poco más de 30 millones de pesos.
Como resultado de una auditoría externa de Chávez, Ames y CIA, S.C., solicitada por la Secretaría de la Función Pública y entregada en marzo de 2016, se menciona que la pugna entre ambas entidades inició en 2013, incluso antes de que llegara a la ciudad el actual director, con una demanda mercantil interpuesta por API en contra de la compañía propiedad de la familia Curiel. A ésta le siguieron tres demandas más que se encuentran en proceso.
La familia Curiel Amaya se ha caracterizado por hacer dinero a través de la explotación de productos pétreos en Baja California para su venta a compañías dedicadas a la industria de la construcción, pero desde 2003 incursionó al mundo de la morralla naval a través de una concesión frente al mar, en una privada en el Bulevar Costero.
Las utilidades de la “chatarra”
Tienen unos 120 empleados en el recinto donde casi no hay mujeres. La superficie de poco más 300 mil metros cuadrados colinda con la empresa Cementos Mexicanos (Cemex) y con las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, estos dos también son clientes de la chatarrera.
ZETA tuvo acceso a las instalaciones de Infraestructura y Servicios Portuarios, S.A. de C.V., las cuales tienen un robusto sistema de seguridad, tanto en tierra como por mar, al ser blanco de la delincuencia.
El área donde se trabaja es un dique seco ubicado varios metros debajo del nivel del mar, con enormes compuertas hidráulicas que detienen el agua, convirtiéndose en un patio con capacidad para dos o tres barcos.
Ahí, desguazan los buques viejos, uno o dos por año, y la zona funciona también como astillero donde se ofrecen servicios de reparación de embarcaciones. Hay una enorme reserva de piezas que desprenden de los barcos y que ofertan a pescadores locales, Secretaría de Marina e incluso empresas de todo el mundo que están conectadas a través de un sistema por internet.
Contrario a lo que se cree de la actividad, Roberto Curiel argumenta que el reciclaje de barcos es necesario para darles una disposición final, y hay que estar bajo una certificación y adherido a convenios internacionales para poder realizar la actividad.
“El reciclaje de barcos en el mundo se hace en países asiáticos, en condiciones aberrantes, hay convenios internacionales, el Convenio de Hong Kong, donde se especifica que la actividad tiene que hacerse en lugares certificados, aprobados, y para ser aprobado requiere someterse a una auditoría rigurosa, viene personal extranjero a certificar”, explicó.
Asimismo, refirió que el avalúo de su territorio concesionado está hecho como si estuviera un muelle dentro: “Estamos solicitando una contraprestación de carácter variable en base a lo que se genera en la terminal, el avalúo que tienen es incorrecto, no tenemos un muelle, está en proyecto, y sin el muelle no podemos generar ingresos”.
El negocio del reciclaje de barcos
El mundo del despiece naval es inmenso, pero exclusivo para cierto sector, describe el empresario Curiel: “Es un ambiente de mercado difícil, con estándares internacionales”.
Sobre la oferta de navíos del sector público, comentó que Petróleos Mexicanos, empresa que renovó la flota, remata sus barcos al mejor postor, y la mejor calificación es sólo para quien le paga más por el barco.
“PEMEX no verifica que se haga el reciclaje correcto, tienen precios base”, sostuvo, y rememoró que el primer trabajo de reciclaje que se hizo en Ensenada fue precisamente un barco de PEMEX, sin embargo, no ha corrido con la misma suerte de ganar otra licitación porque los precios que piden son prácticamente impagables, a tal grado que los extranjeros aprovechan la oferta.
La actividad de reciclaje de barcos se lleva a cabo en Bangladesh, Vietnam, India, Pakistán, Pekín, en fin, es extraer chatarra de acero que se necesita en todo el mundo, el acero nuevo se hace de acero viejo, a veces con mineral de hierro, otras con material proveniente de vehículos y el reciclaje de barcos.
El acero es necesario, se requiere para el crecimiento de la industria a nivel global.
“Nosotros no producimos tanta chatarra, el año pasado fueron ocho mil toneladas, en el mercado global es poco, hemos cotizado en Mexicali, pero los contenedores que estamos cargando van a Corea”, calculó Roberto Curiel
La tonelada de acero en chatarra es un valor internacional que se puede ajustar de acuerdo con las condiciones en que se extrae, y anda en alrededor de mil 900 pesos.
Un barco de mediano tamaño ronda las 500 toneladas, lo que quiere decir que una vez reciclado y puesta la chatarra en el mercado, generaría 950 mil pesos.
El lío en cifras
| Monto adeudado por Curiel a API | 31 millones de pesos |
| Vencimiento de concesión | 2024 |
| Deuda de distintas concesionarias | 83 millones de pesos |
Desguace naval es una afición
Desde la oficina, se puede ver el barco Coaster que hace fila para ser reciclado, es de origen estadounidense, en su etapa útil llevaba carga a granel a Alaska, desde la Costa Brava, Seattle, Tacoma, y de la parte del Noroeste, es uno de muchos que han acabado sus días en los muelles de Ensenada; también hubo barcos chilenos, mexicanos.
El buque Uribe que se hundió en Rosarito con fines ecoturísticos hace unos meses fue acondicionado para su destino final en las instalaciones donde Curiel Amaya labora, ha habido barcos de patrullaje costero, no era propiamente de guerra, aunque los barcos militares de Estados Unidos se reciclan dentro de ese país; está prohibido por Ley que se desmantelen en otros países.
Lejos de dejar el espacio marítimo, se tienen planes de mejorar las instalaciones para construir un astillero de clase mundial y así atender el mercado porque consideran que existe gran oportunidad, al traer armadores de Estados Unidos.
Según Curiel, usan casi el cien por ciento de la capacidad de la superficie y es mínima la zona ociosa. Sobre el área de amortiguamiento comentó que el contrato sólo exige que el área sea visualmente amigable.
La chatarrizadora llegó a ese lugar antes de que el gobierno municipal abriera la prolongación costera, en ese entonces la zona era un “cochinero”, describió.
“Hay que hacer memoria, nosotros estuvimos primero que el bulevar en aquel entonces era un cochinero, toda la basura que pasaba por el arroyo El Gallo, además de los invasores”.
El ambiente laboral es de camaradería, y destaca la emoción con que los trabajadores hablan de los barcos, actividad meramente masculina, ya que de los más de cien trabajadores, hay tres o cuatro mujeres en labores de oficina.
Cuentas incobrables
Infraestructura y Servicios Portuarios, S.A de C.V. presentó el adeudo histórico al 31 de diciembre de 2015, el cual asciende a casi 31 millones de pesos, por lo cual API interpuso juicios ordinarios en los que se reclamó, en un inicio, la cantidad de 19 millones 713 mil pesos que no se pagó.
Le siguen tres demandas más por impago de derechos, y en la primera de ellas se obtuvo una sentencia favorable para API, en la que amenazan con embargar al empresario en caso de que se sostenga a la negativa de pagar.
Roberto Curiel
“Es de resaltar que el deudor se encuentra perfectamente localizable, con bienes suficientes y bastantes para garantizar el adeudo generado y principalmente es un negocio en marcha, lo que significa que es un medio que al estar ejecutando el objetivo del contrato de cesión parcial de derechos, genera ingresos que en su momento también pueden ser sujetos a embargo para garantizar el adeudo”, detalló.
La integración del saldo de clientes pendiente de cobro es por aproximadamente 83 millones de pesos.
API tiene “cargada” la agenda
Aunque ha hecho distintas declaraciones sobre la posibilidad de cancelar la concesión, en esta ocasión el director de API se negó a dar una entrevista con la justificación de que tiene una agenda “cargada”, lo que le impide dar información sobre la situación legal en que se encuentran los contratos, mencionó a ZETA su asistente, de nombre Gloria.
La información solicitada a la entidad fue respondida favorablemente a través del portal de Transparencia, donde advirtieron que a la fecha “no se cuenta con proceso legal de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. para cancelar concesiones y revisar concesiones hacia las empresas INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PORTUARIOS”.
