El Gobierno de la República busca desaparecer las Juntas de Conciliación, crear nuevos Juzgados y tribunales, judicializar los pleitos laborales, crear un organismo que registre contratos colectivos y tener un control nacional de los procesos de carácter colectivo. De aprobarse la iniciativa, los gobiernos estatales ya no tendrán injerencia en conflictos laborales
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La reforma en materia de justicia cotidiana presentada la semana pasada por Enrique Peña Nieto en el tema laboral, que contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación, tiene pros y contras. El gran acierto es que de aprobarse la iniciativa, los conflictos laborales ya no dependerán operativa y económicamente de los gobiernos estatales, pues se resolverán ante jueces.
No obstante, sin hacer un análisis de los avances que ha tenido la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012, que considera como primordial la conciliación en un conflicto laboral y donde se contempla la figura de los “funcionarios conciliadores”, como parte del personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales, ahora Enrique Peña Nieto lanza una serie de ambiciosos cambios para la impartición de la justicia.
De acuerdo con el Colegio de Abogados Laboristas de Baja California, al cabo de tres años de aprobada la enmienda a la LFT, existen tribunales donde presupuestalmente no cuentan con dicho personal, además de que las Juntas federales son las que menos apoyo reciben y tienen gran carga de trabajo.
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Ante tal escenario, el Presidente de la República pretende que en México se pueda dar una justicia pronta en favor de los trabajadores con la aprobación de dos iniciativas de reforma en materia laboral, dadas a conocer el 29 de abril de2016 y que modifican el modelo actual, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje, generando un cambio a la Ley Federal del Trabajo para diversos procedimientos.
Se trata de ocho iniciativas de reforma constitucional y cuatro legales, fundamentadas en el Informe sobre Justicia Cotidiana, elaborado en abril de 2015 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y que contiene 217 recomendaciones y 20 acciones de inmediata implementación.
Los cambios buscan sustituir los Juzgados tradicionales, donde los juicios son lentos y costosos (algunos duran años) para que la justicia laboral esté a cargo de Juzgados de Distrito y tribunales unitarios, en su lugar se creará un órgano conciliador de justicia optativa, lo que equivale a acciones que habrán de centralizar la justicia, y en ese sentido habría un retroceso, según advirtieron analistas consultados por ZETA.
Según información oficial, de los 2 millones 100 mil casos que se arbitran anualmente en las instancias de justicia, 13 por ciento se refiere a asuntos penales, el resto, 87%, son asuntos de justicia cotidiana en los ámbitos laboral, administrativo y mercantil.
PROS Y CONTRAS
El ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Manuel Hernández Niebla, expuso que con los cambios propuestos por la Presidencia desaparecen los órganos colegiados en cuestión.
FOTO: Cesar Rene Blanco V.-Francisco Cueva, Presidente Colegio Abogados Laboristas
“Las van a colgar como un ala dentro del Poder Judicial. La parte positiva es la independencia a los futuros órganos y los gobiernos del Estado de cada entidad, porque muchas veces éstos se utilizan como una herramienta típica coercitiva para presionar a entidades locales, al momento que las centralizas, les das independencia y autonomía”.
Agregó que hay una parte negativa, pues al momento de centralizar todo el aparato de justicia, la capacidad de reacción se mueve de una manera más lenta.
“Algo similar estamos viendo ahorita con el Instituto Nacional Electoral (INE), donde prácticamente tienes a un instituto estatal que está tratando de dictar las reglas del juego, y por otro lado, el nacional viene y se las cambia; eso a corto plazo genera incertidumbre jurídica”, declaró, para precisar:
“En cuanto a la administración pronta y expedita, eventualmente viene este ajuste y queremos pensar que el resultado sea bueno, aunque centralizar todos esos esquemas nos hemos dado cuenta que nos salen más complicados”.
Abundó que por otro lado la iniciativa es positiva, ya que las Juntas de Conciliación no serán sufragadas por los gobiernos estatales, como tampoco tendrán injerencia operativa.
Por su parte, el actual presidente del CCE, Humberto Jaramillo, expuso que en un principio las Juntas funcionaron como un espacio de diálogo y arreglos entre los trabajadores, pero “el problema es que se corrompió, dejó de cumplir el propósito tanto a favor del trabajador como del patrón. Desgraciadamente ambos no están de acuerdo en la forma en que ahora operan. El problema tiene que ver con la impartición de justicia por estos dos actores”.
ESPERAN CAMBIOS
Ocho mil juicios se presentan anualmente en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, aproximadamente 300 se van a laudo. Registros dan cuenta que en el 95% de los casos, las partes involucradas llegan a conciliar.
Respecto a la iniciativa peñista, el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Arturo Méndez Preciado, externó:
“Los juicios son tardados porque no tenemos los recursos para sacarlos rápido. La propuesta del Ejecutivo establece que en las Juntas hay mucha corrupción, que los juicios son lentos, costosos; esa es la dedicatoria de la reforma para profesionalizar más la justicia laboral. Han pasado muchas décadas y tiene que haber un cambio”.
Luego precisó: “Debo reconocer que tenemos problemas por cúmulo de trabajo. La agenda y el ritmo de los juicios no se los damos nosotros, la dan los litigantes, pues presentan un juicio, y luego un amparo, otro amparo. Las mismas partes los van haciendo complejos y algunos llegan a durar hasta cinco años, los casos en rebeldía duran en promedio de cinco a ocho meses. Las resoluciones son 50% para los patrones y 50% para los trabajadores”.
Previo a la propuesta en 2008, el Gobierno Federal hizo cambios en el tema de justicia penal, dejando al margen la justicia laboral por ser un tema muy complejo que tiene repercusiones sociales, con participación de las cámaras empresariales del país y los líderes de los trabajadores.
“El viernes pasado (29 de abril) se presentó una iniciativa de reformas constitucionales y legales, que van a lo familiar, civil, mercantil. Lo que nos llama la atención es el tema de la justicia cotidiana y le dan mucho énfasis a la conciliación, antes de irte a un juicio”.
El entrevistado agregó que los cambios propuestos, son en el ámbito constitucional y legal, en el primero se toca el tema de integración de Juntas, que utiliza el término desaparecer, lo cual no implica un shock para ellos, pero habrá que ver los impactos que genere, de llegarse a ser aprobada tal cual.
Arturo Mendez Preciado, Conciliacion y arbitraje
“Se judicializan los juicios laborales, se crea un organismo descentralizado para que registren contratos colectivos y haya un control nacional de todo lo de carácter colectivo y se encarga de la conciliación”.
Méndez recordó que la enmienda deja de lado la conformación tripartita de las Juntas, donde está la representación del obrero, el patrón y el Estado.
Aunque reconoció que de aprobarse la reforma de Peña, el cambio no se dará de la noche a la mañana: “Hay muchas dudas que tenemos, no va a ser como decir ‘ahí te van 12 mil juicios y ahí tienes el presupuesto para la integración de las Juntas’. Es una iniciativa y me imagino que mucho del contenido será motivo de negociaciones, de los partidos, cámaras, centrales obreras; finalmente no sabemos si va a quedar tal como está, pero conocemos la ruta, que yo no creo que el Presidente vaya solo. Ya debe traer sus consensos”.
LAS MODIFICACIONES
De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, existen 61 juntas federales de Conciliación y Arbitraje, y siete oficinas auxiliares. El documento del Ejecutivo federal reforma el Artículo 123 Constitucional, desaparece dichos entes y son sustituidos por órganos del Poder Judicial federal o local, según sea la competencia; sus leyes se definen por las características específicas con que operarán las juezas o jueces de lo laboral.
El presidente del Colegio de Abogados Laboristas de Baja California, Francisco Javier Cueva Rodríguez, apuntó que previo a decir que si con la nueva estructura se garantizaría por sí misma una justicia, efectiva, pronta y expedita, como lo cita el Artículo 19 Constitucional, no será la letra en sí la que garantice tal situación; podrían ser otros factores los que lleven a buen término el proceso.
“Me gustaría recordar que en 2012 se da una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y por citar un ejemplo, se genera el cargo de funcionario conciliador. En cada entidad federativa van a establecer nuevas reglas para profesional al personal, con presupuesto, instalaciones adecuadas.
“Al cabo de tres años existen tribunales donde presupuestalmente no cuentan con el incentivo de contar con dicho personal. Llevan a cabo la conciliación pero no tienen el nombramiento, son otros empleados que llevan el proceso conciliatorio”, explicó a ZETA.
A la par, señaló que la iniciativa no plantea la razón por la cual ya no deben intervenir los representantes de los tres ámbitos, plantea que se generen Juzgados unipersonales, es decir, donde un solo individuo denominado juzgador conoce y dirime la controversia con el personal jurídico administrativo que lo conforma.
“La naturaleza de los conflictos provoca la integración tripartita porque debe tener el consejo, sensibilidad de ambos y no sólo un aspecto jurídico, cuando existen aspectos económicos, sociales que deben influir en la preservación o extinción de un empleo”.
Y concluyó: “Nos faltaría revisar si el Estado en su conjunto se ha puesto las pilas, ha puesto todo el ímpetu en brindar las herramientas necesarias para que esos tiempos de acotamientos en proceso se puedan disminuir.
“Tijuana se caracteriza por la conciliación, pero no significa que los que se van al litigio sus casos se resuelvan rápido, antes de hablar de una reforma tenemos que replantearnos si realmente hemos cumplido con lo que tenemos antes. No se ha hecho un análisis exhaustivo de la reforma a la LFT de 2012, y ya hablamos de una iniciativa de reforma en 2016”.
NO DESAPARECEN SINDICATOS
La propuesta del Gobierno de la República introduce en la Constitución el principio libertad de contratación, que busca garantizar la representatividad de los sindicatos y la certeza del registro, firma y depósito de los contratos colectivos.
En ese punto, el secretario general de la Federación Nacional de Agrupaciones Sindicales de la Industria Maquiladora de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Jesús Javier Merino Duarte, aclaró que con los cambios propuestos, los sindicatos no desaparecerán.
“Va a manejar las cuestiones de sindicatos por un organismo independiente. La justicia en un tribunal judicial puede ser más rápida, por eso la quieren judicializar. A los sindicatos los van a hacer más fuertes, los van a obligar a ser representantes dignos de los trabajadores, porque si no, van a desaparecer, porque no atienden a su gente”, advirtió.
