El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que se investigue a la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, junto a su hijo Máximo, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
Se trata de la segunda imputación contra Fernández, involucrada por un testigo protegido en presuntas maniobras de lavado de dinero en un expediente contra el empresario Lázaro Báez, un amigo de Néstor Kirchner, ex presidente del 2003 al 2007, acusado de lavar dinero proveniente de adjudicaciones fraudulentas de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
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Rívolo pidió ahora al juez Claudio Bonadío que investigue a Fernández, a Máximo Kirchner y a Báez por presuntas irregularidades en la empresa hotelera Los Sauces, uno de los dos hoteles de lujo que la familia Kirchner tiene en El Calafate, un pueblo turístico ubicado a una hora de autobús del glaciar Perito Moreno, en la Patagonia.
El fiscal respondió a su vez, a un pedido de la diputada Margarita Stolbizer (GEN).
“La sospecha recae sobre la manipulación y posible adulteración de documentos públicos relacionados con la empresa Los Sauces SA de propiedad de la Sra. Cristina Fernández y sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner; y que también modifican el contenido de las declaraciones juradas presentadas oportunamente ante autoridad competente”, dice la denuncia que presentó Stolbizer a principios de abril.
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Stolbizer sostuvo que durante años Los Sauces dio servicios rentados a las empresas Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla, de Báez, hoy detenido en Buenos Aires.
Ahora se denuncia también a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, del empresario Cristóbal López, dueño de la petrolera Oil Combustibles, casinos y un multimedios alineado con el kirchnerismo.
Con la llegada del presidente Mauricio Macri al poder, las investigaciones recuperaron impulso, dice el diario español El País, tanto que Báez terminó preso y Cristina Fernández suma dos imputaciones, además de estar en la mira por presuntas irregularidades en una operación de venta de dólar futuro ordenada por el Banco Central.
