Después de denunciar amenazas en su contra por parte de policías comerciales, el síndico procurador del ayuntamiento de Tijuana, Arturo Ledesma Romo, sostiene no tener miedo y que no cambiará su rutina. Su equipo en la dependencia espera a que se averigüe si el origen de la agresión son motivos personales o de su función pública, éste insiste en inclinarse por lo segundo
El lunes 28 de marzo, Arturo Ledesma, síndico procurador del Ayuntamiento de Tijuana, acudió a las oficinas del Ministerio Público de la Zona Río a las 10 de la noche. Lo hizo así para evitar los horarios de mayor cantidad de afluencia de usuarios y que las amenazas en su contra –así lo sostiene– que acudió a reportar, no se dieran a conocer públicamente.
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La sorpresa, para él y para su equipo –asegura– fue que la noticia apareció en los diarios, incluso en portadas. Carlos Escobar, su asesor jurídico, y Gerardo Robles, director de Responsabilidades, sostienen que desde la sindicatura no se dio a conocer la información.
“A lo mejor en las notas le agregaron más cositas, pero pues ya no está en mí eso, no está en mis manos. Pero obviamente es cuidar mi seguridad”, refiere el síndico Ledesma Romo, al señalar imprecisiones en las notas periodísticas, que se niega a precisar.
En entrevista con ZETA, los funcionarios de la sindicatura evitan mencionar lo sucedido, de qué forma recibió las denunciadas amenazas, y los nombres de los señalados.
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Sin embargo, este semanario pudo corroborar que dos de las tres personas denunciadas aparecen en la nómina más reciente –publicada– del Ayuntamiento de Tijuana, específicamente de la Policía Comercial, Bancaria e Industrial.
El primero de ellos es Alejandro Valenzuela de la Cruz, inspector comisionado de la corporación desde el año 2000, actualmente con un sueldo mensual de 20 mil pesos. El otro es José Antonio Silva Esparza, policía tercero y activo desde octubre del 2012, ganando 8 mil 200 pesos por mes.
De acuerdo a la información que existe –y que ZETA cotejó–, el síndico declaró que el primer contacto fue con José Antonio Ramírez Gómez, quien le advirtió que estaba siguiendo sus movimientos y lo amenazó directamente.
Posteriormente, a través de sus escoltas, el funcionario –al que acompañan cuatro personas como seguridad– se enteró de que uno de ellos había sido contactado por Alejandro Valenzuela de la Cruz, quien hizo el intento por ingresar al cuerpo de seguridad. La orden para que se infiltrara, de acuerdo a las primeras indagatorias, habría sido del tercer denunciado, Marco Antonio Silva Esparza.
Arturo Ledesma, Sindico
Después de que lo anterior se consideró como una violación a la seguridad del síndico, se determinó en la dependencia proceder con una investigación administrativa iniciada por la dependencia, y en dar parte a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para la investigación ministerial.
Deciden manejarlo con “sigilo”
Por su parte, el asesor jurídico de la sindicatura, Carlos Escobar Hernández, insiste en la necesidad de evitar dar detalles sobre la investigación, sobre todo, por el proceso que se lleva en la sindicatura, en la que se integran elementos y así decidir si hay materia para proceder.
“Es muy importante que la Sindicatura Procuradora maneje con sigilo toda la información que tiene a su disposición, es importante mantener la presunción de inocencia, el debido proceso, pero más aún que la ciudadanía sepa que a pesar de que existan estas situaciones donde sucede que va más allá de un protocolo de seguridad interna, esto no va a mermar la situación. Tenemos instrucciones de seguir con el trabajo, que la ciudadanía se sienta segura de que va a seguir adelante. Pero lo tenemos que resolver como lo marca la Ley”, dice.
Continúa: “Hay un protocolo que se está tratando de violar (la seguridad del síndico), tratando de conseguir información por otros medios, que no es propio para sindicatura y nosotros activamos un sistema interno de seguridad, tanto para la persona del síndico como toda la estructura jurídica”.
Ya es público el cómo sucedieron las cosas, se insiste
“Al momento de saber los hechos se involucran cuestiones administrativas que el mismo protocolo lleva para investigar y sancionar. Lo que procede es presentar la denuncia y nosotros hacer nuestra investigación, de ahí nace la asesoría legal que se hizo, que estamos impedidos”.
Por su parte, Gerardo Robles, director de Responsabilidades, agrega: “La investigación del Ministerio Público seguirá. Lo que estamos haciendo en nuestra investigación administrativa por los miembros policiales, se va a ver sujeta y muy ligada a los resultados”.
“No se puede quedar bien con todo mundo”: Síndico Procurador
Los funcionarios refieren que ni siquiera hay elementos aún para saber si las amenazas se originan por algún procedimiento –contra policías– que se integra dentro de la sindicatura, o si tienen carácter de personal. No obstante, el síndico Ledesma Romo se recarga en la primera posibilidad.
“No puedo quedar bien con todo el mundo”, acota. “Digo, son tantos temas de policías, dile cuántos son”, pide al director de responsabilidades. Y éste explica que actualmente en la dependencia se trabaja con 3 mil quejas contra uniformados, en su mayoría por abuso de autoridad, falta de seguimiento a los protocolos de seguridad y en menor medida, detenciones ilegales.
Arturo Ledesma dice que seguirán siendo cuatro las personas que lo custodian y que no cambiará su rutina, “ni nada”.
A la pregunta de si tiene miedo, concluyó: “No porque yo hago mi trabajo, son demasiados policías, no los conozco. Hacemos nuestro trabajo”.
