Pesca ilegal de totoaba: Corrupción y simulación

FOTO: Sergio Haro.- Pescadores, en el Golfo de Santa Clara
 
Edición Impresa Lunes, 11 Abril, 2016 01:00 PM

Inseguridad, enfrentamientos, ilegalidad y muerte alrededor de la pesca furtiva de totoaba, especie marina en veda desde 1975. En 41 años, dice experto, el Alto Golfo se ha repoblado de totoaba, pero los piratas se aprovechan ante la demanda en el mercado asiático. “Los 121 buches de totoaba frescos representan a 121 totoabas que fueron pescadas en los últimos días en el Golfo de Santa Clara y nadie se dio cuenta, ni la Marina con su barco guardacostas anclado en San Felipe, dotado de radar, de un helicóptero y más de 20 embarcaciones rápidas; ni el Ejército con su retén, ni la Judicial, ni la Federal, ni la del Estado, que han estado extorsionando a los bucheros”, argumenta ex alcalde

 

Golfo de Santa Clara, Sonora.- “Platiquen con la gente, hablen con la gente”, responde con mirada tensa y el ceño fruncido Maribel Romero, la viuda de José Isaías Armenta Armenta, quien fue abatido por agentes municipales en un enfrentamiento la mañana del sábado 23 de marzo, en plena Semana Santa. En el incidente también murió el policía municipal, adscrito a San Luis Río Colorado, Armando Arreola Valdez.

En este poblado es vox populi que José Isaías era uno de los principales totoaberos, involucrado además en la comercialización del vedado producto.

Al volante de un auto blanco, compacto y con placas americanas, la mujer viaja con otras dos damas y un joven. Atiende al reportero pero rechaza la entrevista. “Estoy muy ocupada”, argumenta antes de pisar el acelerador y perderse entre las arenosas calles de este poblado.

La casa de Maribel destaca del resto. No solo por la gran barda de block, también por la construcción de dos plantas, pintada de blanco y con columnas del mismo tono en el cerco.

El lunes 28 de marzo ella acudió a San Luis Río Colorado -la cabecera municipal- para interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dado que, tras la detención de su hijo José Arturo, aseguró ante el representante del organismo que éste había sido golpeado y torturado.

Por la muerte del policía municipal su hijo José Arturo fue acusado de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja. El miércoles 30 fue puesto a disposición del Juez Segundo de Primera Instancia Penal, e internado en el Centro de Readaptación Social de San Luis Río Colorado.

El mismo día por la noche, el Cabildo de San Luis aprobó enviar un exhorto a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para que explique lo que está pasando con la Policía Estatal, así como al Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, para que se activen mecanismos “y esto deje de suceder en el Golfo”.

Los regidores exigen una investigación sobre los hechos y las causas que originaron la balacera; ha trascendido que fueron dos agentes de la Policía Estatal de Seguridad Publica -Jesús Gurrola León y Juna Ignacio Verdugo Ávila- quienes antes del enfrentamiento detuvieron a José Isaías Armenta y presuntamente lo extorsionaron.

Armando Arreola Valdez, policia asesinado

Armando Arreola Valdez, policia asesinado

“No es posible que los agentes del Gobierno del Estado pongan la corrupción y la Policía Municipal ponga los muertos, no es posible que agentes situados en Tijuana descubran la pesca de especies marinas protegidas y que el origen sea el poblado del Golfo de Santa Clara”, sostuvo el regidor panista y ex alcalde de San Luis Rio Colorado, Jorge Figueroa, quien leyó en el Cabildo el documento que finalmente fue aprobado pese a los cuatro votos contra del PRI y del PES.

“Platiquen con la gente”, repitió la viuda del pescador, y en este poblado lo que la gente comenta -ante el silencio de la Procuraduría- es que el joven detenido no es el que disparó, que ni siquiera dio positivo en la prueba de rodizonato, que los otros participantes “ya se abrieron”, pero sobre todo, aseguran que la pesca de totoaba sigua imparable, que aprovechando el momentáneo levantamiento de la veda de la curvina -queda una marea, una jornada de pesca- los “totoaberos” andan desatados, todo por aprovechar al máximo que las pangas pueden  salir a altamar, pero no van por curvina; su objetivo sigue siendo la codiciada totoaba.

 

TORTURADO

De acuerdo con el titular de la oficina de derechos humanos en San Luis Rio Colorado, Sonora, Sergio Carmona Cruz, el lunes 28 de marzo se presentó ante esa instancia la señora Maribel Romero en representación de su hijo, José Arturo Armenta Romero. La denuncia fue porque el muchacho estaba incomunicado y había sido torturado por los agentes que lo detuvieron.

“Yo tuve conocimiento desde el domingo en la noche, los cita para el día lunes, ese día se apersona quien dice llamarse Maribel Romero y viene a interponer la queja en representación de su hijo”, explica Carmona Cruz, quien además refiere que posterior a eso él visitó la oficina del Ministerio Publico -sector II, le llaman- y se entrevistó con el joven detenido, quien ratificó la queja interpuesta por su madre.

“Manifiesta que sí fue objeto de tortura por agentes de ambas corporaciones”, indica el ombudsman sanluisino en alusión tanto a policías estatales como municipales.

“Del motivo por el cual se originó el atentado que culminó con la muerte de un agente de la Policía Municipal y un ciudadano, en este caso el padre del quejoso, no entró mucho en detalles. Refiere que fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el poblado Golfo de Santa Clara, que ahí fue golpeado hasta perder el conocimiento y que posteriormente, en las mismas instalaciones del poblado fue torturado, como a las cuatro de la tarde lo llevaron a San Luis”.

Según Carmona Cruz, ya en las instalaciones del CERESO le detectó que tenía golpes en el rostro, en la mandíbula, oídos, pecho y manos, con hematomas por todos lados.

Carmona dijo que por parte de la CEDH ya se pidió información a las autoridades involucradas -PESP, Policía Municipal- y están a la espera que el Ministerio Publico rinda también su informe sobre el caso para luego turnarlos al visitador general en la sede en Hermosillo. De acuerdo a datos del mismo funcionario, hasta la fecha de la entrevista solo la Policía Municipal había entregado el informe solicitado por la CEDH.

 

PESCA TERRIBLE, VIGILANCIA SIMULADA

El doctor Jorge Figueroa ya fue alcalde de San Luis Rio Colorado y actualmente es regidor, coordinador de la bancada azul en el Cabildo local. La tarde-noche del jueves 30 de marzo presentó un documento relacionado con lo que está sucediendo en la zona del Golfo de Santa Clara, sobre todo en la coyuntura del enfrentamiento entre policías y un grupo local dedicado a la pesca furtiva de totoaba, del cual resultaron dos muertos, policía uno, civil el otro.

Vaquita muerta

Vaquita muerta

De entrada, en el documento el médico ginecólogo hizo públicos los nombres de los dos agentes de la PESP que presuntamente extorsionaron a José Isaías Armenta, el hombre que fue acribillado por los policías. Se trata de Jesús Gurrola León y Juan Ignacio Verdugo Ávila, quienes aparecen en el parte oficial del Ministerio Publico.

En el documento se propuso enviar un extrañamiento público a la gobernadora sonorense para que “responda, informe y gire instrucciones al Ayuntamiento sobre el actuar de la Policía Estatal, específicamente sobre el actuar de estos elementos en el poblado del Golfo de Santa Clara”.

También se pidió enviar otro documento al Presidente Enrique Peña Nieto para solicitar que “de manera inmediata exista cobertura de autoridades federales que protejan al medio ambiente en aquel poblado playero. Son ya múltiples reportes que señalan que en El Golfo de Santa Clara existe a todas luces actividades de pesca prohibido de especies protegidas y en peligro de extinción, específicamente la totoaba”.

Como ejemplo ponen lo sucedido la semana pasada, cuando una persona fue detenida en la carretera Mexicali-Tijuana mientras transportaba en su camioneta 121 buches de totoaba frescos, con procedencia del Golfo de Santa Clara. Además del incidente donde murió el agente Armando Arreola “a manos de personas que comercian con la totoaba, quienes según informes, acababan de ser extorsionados por los agentes estatales para permitirles seguir laborando”.

El doctor Figueroa consideró que no es posible que exista simulación en el cuidado del medio ambiente, ya que por un lado se establece un retén militar -que causa molestia a los visitantes del poblado-, y no haya una sola investigación dentro del poblado donde ocurre la pesca furtiva.

“Los 121 buches de totoaba frescos representan a 121 totoabas que fueron pescadas en los últimos días en el Golfo de Santa Clara y nadie se dio cuenta, ni la Marina con su barco guardacostas anclado en San Felipe, dotado de radar, de un helicóptero y más de 20 embarcaciones rápidas; ni el Ejército con su retén, ni la Judicial, Federal ni la del Estado, que han estado extorsionando a los bucheros”.

¿Cuántos buches de totoaba pasaron antes?, se pregunta Figueroa, o cuántos buches están siguiendo la ruta San Felipe-Valle de la Trinidad-Ensenada, o cuantos salen por Puerto Peñasco vía Sonoyta y hacia Estados Unidos.

Para dimensionar el problema, el médico considera que si se juntan y estiban las 121 totobas ocuparon más de la mitad de la Sala del Cabildo. “De ese tamaño es la corrupción y la simulación del Gobierno Federal de Peña Nieto y el gobierno estatal de Claudia Pavlovich”, comenta el edil panista.

Para Figueroa es muy importante que se detenga esta pesca furtiva, pues de no hacerlo, se puede decretar por los organismos internacionales un boicot al camarón mexicano, similar a lo que pasó con el atún a mediados de los 80s y que podría incluir hasta el producto criado en granjas camaroníferas.

“Nuestra autoridad federal se comprometió ante las organizaciones ecologistas extranjeras a poner orden, dado que no se había respetado los mecanismos de captura para proteger a la totoaba, por eso fue la veda y ellos no se andan con miramientos”, afirma el regidor panista en advertencia a un posible boicot internacional.

Figueroa insiste en que hay que proteger de ese crimen que se está haciendo con la totoaba, ya que se calcula que son miles las que han sacado. Refiere que la totoaba entró en veda desde 1975 y que en estos 41 años se repobló toda la zona del Alto Golfo, pero ahora en estos últimos tres, cuatro años que se descubrió el alto valor que tiene para el mercado asiático, entraron los depredadores, los que están comerciando. “Le están dando un exterminio triste”, sintetiza.

Comparte la versión aportada por varios pobladores del Golfo, quienes le aseguraron que en Semana Santa, en la zona playera conocida como El Borrascoso, o en la Salina, aparecieron cuerpos de totoaba que arrojó el mar. “La pesca furtiva es por la noche, extraen el buche en altamar, sueltan la totoaba en el agua y luego el mar lo expulsa a la playa. La pesca está siendo terrible”, asegura.

“El delito se ha diversificado y a través de la corrupción y la simulación se está dando todo esto, los gobiernos simulan que la están cuidando, pero los mismos gobiernos autorizan la corrupción”, advierte.

 

MORTIFICADOS

Ante la versión que el programa federal podría durar solo un año, el líder de la Federación de Pescadores de la Reserva de la Biosfera, Carlos Alberto Tirado Pineda, opina que el acuerdo publicado en el Diario Oficial estipula dos años como mínimo para el funcionamiento del Plan de Protección. “Es un presupuesto que el Gobierno Federal debe de buscar para poder cumplir con uno de los cuatro componentes de la suspensión de pesca, que es el pago a los pescadores. El compromiso es que si me pagan, me salgo”.

Tirado expone que en cuanto al pago de las compensaciones en El Golfo solo han tenido -en una ocasión- el retraso en el pago por unos cuantos días debido a problemas administrativos. En cuanto a quienes se quejaron por no haber sido incluidos en la lista de beneficiarios, asume:

“Inconformes van a seguir estando, mucha gente no creyó y al momento que se dieron cuenta que sí era cierto acudió de forma tardía”, expone Tirado, quien aclara que los listados se han modificado en dos ocasiones y ya van por la tercera. Calcula que tan solo en El Golfo hay alrededor de mil 600 beneficiarios entre cooperativas, permisionarios y la cadena productiva. Sobre el enfrentamiento con saldo de dos muertos, argumenta:

“Son muy lamentables los últimos acontecimientos, tanto para el sector pesquero como para el Gobierno Federal, le pega de alguna forma. Nosotros como sector pesquero trabajamos muy directamente con el padrón, y en este caso la SEMAR es la encargada del operativo de vigilancia, es la responsable de que estemos cumpliendo tanto los beneficiarios como los no beneficiarios. Ahí la responsabilidad es de la autoridad de que este fallando…”.

De la continuidad de la pesca furtiva, el líder de los pescadores asegura es evidente, que ahí están los hechos, sobre todo el último que tiene que ver con los 121 buches decomisados. “La misma autoridad ha estado recopilando chinchorros. Ahí la estrategia de inspección y vigilancia, no ha sido provechosa a como el Gobierno Federal se la pensó”, plantea Tirado, quien no descarta la corrupción y que “algún tipo de información se está filtrando. La autoridad federal debe cambiar de estrategia, usar mejor la inteligencia para tener mejores resultados…”.

Según lo estipulado en el programa, los pescadores inscritos en el padrón de beneficiarios y que sean sorprendidos en pesca furtiva serán dados de baja. Al momento van 32 pescadores de San Felipe y seis del Golfo de Santa Clara.

Por último, el líder pesquero declara que en El Golfo el sector está mortificado, ya que la mayoría de pescadores respetan el acuerdo, pero los dedicados a la pesca ilegal son ajenos a las comunidades.

 


 

 

Totoabas por todos lados

 

El lunes 4 de abril, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó sobre el decomiso de siete embarcaciones, redes de pesca, un vehículo y tres personas detenidas -turnadas al Ministerio Público federal- por realizar actividades de pesca ilegal.

De acuerdo con el comunicado -que incluye labores coordinadas de SEMAR, SEDENA, CONAPESCA y Policía Federal- fueron varias acciones, en una de estas operaciones nocturnas detectaron una embarcación que huyó hacia la playa del campo El Pescador, donde dejaron abandonada la panga “Reyna del Mar”; en otra, detuvieron a tres personas con cimbras para totoaba y producto -camarón-.

Además, informan que con el apoyo de sobrevuelos de un avión y un helicóptero han asegurado siete pangas abandonadas, dos cimbras, dos redes camaroneras, una curvinera y nueve redes totoaberas. De igual manera se han encontrado 34 totoabas en estado de putrefacción y han decomisado tres kilos de camarón azul, actualmente en veda.

En el documento se hace referencia que la Organización No Gubernamental Sea Shepard -que tiene semanas vigilando el Alto Golfo- entregó una red totoabera y 12 ejemplares de totoaba en estado de putrefacción. A su vez, en el portal de esta ONG informaron que la pesca ilegal de totoaba ha repercutido en la vida de la vaquita marina, ya que en tres semanas han encontrado tres restos de vaquitas muertas, el último el pasado 24 de marzo. “Las playas de San Felipe están llenas con cientos de totoabas muertas, solo con la vejiga natatoria (el buche) removido. El 27 de marzo retiramos una red con 15 totoabas muertas atrapadas en ella”, se informó.

La pesca furtiva continúa incrementándose. Calculan que en el Alto Golfo -la zona restringida- existen cerca de 30 especies de vaquita y, de continuar con ese ritmo de muertes, en diciembre de este año estaría extinguida

 

 

 

 

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