Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, afirmó que los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, no fueron informados por la Procuraduría General de la República, del resultado del nuevo peritaje realizado en el basurero de Cocula, Guerrero, antes de que se diera a conocer públicamente.
Rosales lamentó que la PGR anunciara públicamente el resultado del peritaje, que es de un “gran impacto” para los padres de las víctimas, “vulnerando” el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de informarles previamente en caso de tener datos sensibles en torno al caso.
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“Volvemos al principio, cuando no se estuvieron respetando los acuerdos, no se estuvo respetando el dolor que a las víctimas les genera este tipo de información”, apuntó Rosales.
El abogado consideró “irresponsable” fijar una postura sobre un “tema sumamente delicado”, sin hacer un análisis “exhaustivo y minucioso del dictamen” elaborado por seis expertos y divulgado hoy tras seis semanas de estudios.
Entrevistado por la agencia EFE, Rosales estimó que el lunes próximo estarán en condiciones de “revisar el expediente” para emitir una posición sobre el peritaje realizado por el Grupo de Expertos en Materia de Fuego, según el cual hay “evidencia suficiente” de que sí existió “un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” en el basurero y de que allí fueron incinerados al menos 17 cuerpos.
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Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, dijo que van a esperar una reunión con el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), porque no le creen a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que en el lugar todos los días queman basura.
En entrevista con MVS, el vocero de Ayotzinapa denunció que el gobierno mexicano está violando uno de los acuerdo al retirar al GIEI de las investigaciones, además de que no fueron notificados que se presentaría un informa sobre las investigaciones.
Ricardo Damián Torres, uno de los expertos forenses en fuego, aclaró que se necesita prueba a gran escala para confirmar si se quemaron 43 personas.
El grupo dijo, además, que puede establecer a través de “una prueba a gran escala” si hubo “una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos”, por lo que acordó realizar más estudios las próximas semanas.
Según la versión oficial, rebatida por los familiares de los desaparecidos, los estudiantes fueron entregados por policías municipales, la noche del 26 de septiembre de 2014, a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el vertedero.
