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sábado, febrero 17, 2024
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Ministeriales usan balas de goma en el valle

Un grupo de 75 agentes y ministerios públicos de la PGJE de Baja California desalojaron con lujo de violencia a un grupo de ciudadanos para ejecutar la orden de un juez en un rancho de Punta Colonet. Uno de los residentes de la zona resultó con lesiones en el estómago por el impacto de bala de goma. El empresario Arnulfo Silva logró que un juez le adjudicara un terreno propiedad de la familia Chávez en cinco meses

 


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Para ejecutar un juicio de restitución, un grupo de 75 agentes ministeriales del Estado, armados, encapuchados y con equipo antimotines, a bordo de 37 camionetas, llegaron al rancho Hermanos Chávez donde hicieron uso de la fuerza pública en contra de residentes de la zona, para que les permitieran el ingreso a la superficie en disputa.

Se trata de un pleito judicial que inició en octubre de 2015, en el Ejido Benito Juárez de la delegación de Punta Colonet, a unos 200 kilómetros al sur de Ensenada, cuando el dueño de la empresa Agrícola Colonet, S.A. de C.V.,  Arnulfo Silva Martínez, inició un juicio para posesionarse de un predio colindante  a su propiedad de casi 90 hectáreas, superficie que el padre de la familia Chávez le rentó por más de 16 años hasta que falleció.

El lunes 18 de abril, el contingente de ministeriales arribó al rancho Hermanos Chávez con una medida provisional para que la familia concediera un acceso a los terrenos que dijeron eran ya de Arnulfo Silva.


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Dentro del predio había unos diez adultos y cinco menores de edad, y según denunciaron los afectados -quienes filmaron video de los hechos-, los agentes actuaron con violencia.

Entre palabras altisonantes y jaloneos se enfrentaron los residentes del predio, miembros de la familia Chávez. Detallaron los quejosos que en medio del altercado los ministeriales sacaron armas con las cuales dispararon balas de goma, y un hombre resultó herido, lo mismo que una mujer a quien le provocaron hematomas en el brazo izquierdo. Otros tres hombres fueron detenidos por los agentes con el argumento de que obstaculizaban el trabajo de los agentes estatales.

Una vez que los ministeriales lograron ingresar, el abogado de la empresa Agrícola Colonet, de apellido Álvarez, llevó personal para que de inmediato cercaran la fracción de terreno que consiguió ganarle a los Chávez en un juicio que duró alrededor de cinco meses. Aunque la familia tiene planos, escrituras y otros documentos para acreditar la propiedad que según el juez fueron insuficientes ante un juicio “posesión” interpuesto por el rentero, Arnulfo Silva.

Al mismo tiempo que colocaron el cerco, arribó al lugar un camión lleno de trabajadores del campo que inició un bloqueo con vehículos, así como rocas en el camino vecinal hacia el rancho del cañón de San Rafael.

ZETA habló con otros empresarios agrícolas que tienen sus siembras en la zona y que desde el lunes no han podido entrar a sus áreas de cultivos.

Los agentes estatales ya no regresaron al lugar, pero tampoco la autoridad municipal o federal han actuado con quienes se encuentran bloqueando las vías de comunicación. Las familias están temerosas de que quienes mantienen campamentos puedan usar la violencia.

En este caso, hay dos averiguaciones previas abierta por el Ministerio Público del Fuero Común, una  por obstrucción de paso que se interpuso el jueves 21 de abril en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y otra interpuesta por lesiones con número 2504/2016/AV.
GOLPES Y SOMETIMIENTO EN VIDEO

Durante el operativo la familia pidió al abogado Álvarez que presentara los planos y escrituras donde se compruebe que las tierras son de otros dueños, pero no fueron mostradas.

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Hay un video del mismo donde se ve cómo los agentes estatales encañonan a la familia, con excesiva fuerza los empujan para después golpearlos. Se pueden escuchar los gritos de los niños y las quejas de frustración de las mujeres, quienes en repetidas ocasiones exclaman que era “injusto”.

Entre lágrimas piden a los oficiales que se retiren porque es su patrimonio, pero los lamentos son ignorados.

Acto seguido llega el abogado de Martínez Silva, de apellido  Álvarez, quien arremete contra una de las afectadas, asegurando que estaban advertidos de que les iban a pelear una parte del terreno. “Yo les dije que estaban muy mal asesorados por sus abogados”, les recriminó.

La versión de la familia es que Arnulfo Silva rentó durante 15 años una fracción de terreno para uso agrícola, en ese tiempo construyó un almacén, instaló tuberías de agua subterráneas y adecuó espacios para que el negocio funcionara.

Una vez concluido el contrato, la heredera decidió aumentar el precio de la renta mensual que se calcula era de 6 mil pesos, pero el arrendador se negó a pagar más, la nueva dueña le dijo que entonces ya no le rentarían y él les anunció que entonces iniciaría un proceso de restitución de tierras, lo que hizo en octubre de 2015.

Por otro lado, fuentes extraoficiales informaron que el problema también deriva de que el dueño del terreno, quien falleció hace dos años, recibió en vida un dinero de renta por adelantado por parte de Arnulfo. Tras la muerte del propietario promovió un juicio para apropiarse de una porción de tierra que él considera es el porcentaje del adeudo, “… se está cobrando a lo chino”.

 

EL JUEZ ORDENÓ…

Sobre el operativo, el subprocurador de Justicia de Zona Ensenada, Marco Chavarría López, negó que haya sido sobornado por parte de Agrícola Colonet, como aseguran los familiares, porque consideraron excesivo el uso de la fuerza pública para someter a unas cuantas personas.

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Explicó que se trata de la orden de un juez y defendió la investigación que realizan sus oficiales: “Es un asunto que tiene ya cinco meses, se llevó a cabo una integración, se desahogaron testimoniales, se llevaron a cabo periciales y en dado momento quien se siente ofendido es un poseedor del inmueble que fue rentado, y el juez ordenó la restitución de ese inmueble”.

Agregó que el juez de Distrito determinó negar el juicio de amparo y, con base a la negativa, el ofendido -Arnulfo- insistió en que se llevara a cabo la restitución.

“Hace tres meses se procedió a realizar la restitución, pero hubo un juicio de amparo que impedía al Ministerio Público ejecutar la restitución, aparejado a éste se promovió otro juicio de amparo, de otra persona distinta que estaban llevando los mismos actos de restitución”, detalló el subprocurador.

Mencionó que antes del 18 de abril- día del enfrentamiento- , ya había enviado a ocho agentes de la Policía Ministerial para que complementaran la orden, pero los residentes se opusieron y derivado de las condiciones de seguridad, sus agentes no pudieron llevar a cabo la acción.  “Y se volvió a intentar con mayor número de agentes -75-”, estimó.

Marco Chavarría agregó que una de las indiciadas ya compareció ante el Ministerio Público para rendir su declaración, pero aún hay otros dos a los que el juez de Distrito les ordenó presentarse, pero no lo han hecho. No obstante, “están enterados que hay una investigación”, puntualizó.

 


 

 

Qué es Agrícola Colonet

Arnulfo Silva Martínez es un empresario relacionado con Agrícola Colonet, entidad dedicada a la producción de hortalizas desde hace 35 años, arrendaba una propiedad del rancho de la familia Chávez, de la que es colindante. Es una de las empresas más importantes que cuenta con campamentos de trabajadores, invernaderos de alta tecnología. La mayoría de su producción es para exportación.

 

Autor(a)

Redacción Zeta
Redacción Zeta
Redacción de www.zetatijuana.com
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