Más violencia contra menores en Tijuana


 
Ezenario Lunes, 11 Abril, 2016 01:00 PM

En lo que va de este año, son tres los casos de menores asesinados en su núcleo familiar, otro más herido de gravedad. Madres o padrastros son los verdugos, la mayoría consumidores de droga.

Los últimos dos hechos, ocurrieron el domingo 3 y lunes 4 de abril.

El primero ocurrió en la colonia Infonavit Presidentes, aproximadamente 16 minutos después del mediodía. Karen del Rocío Escobedo Lugo, de 26 años, acudió con su hijo a la farmacia Similares de la colonia, acompañada de Marco Antonio Salazar Torres, conocido como “El Bombero”.

La falta de signos vitales y las huellas de violencia en el niño de un año de edad, hicieron que el médico Iván Trujillo llamara a las autoridades, y “El Bombero” aprovechó la espera para huir. La madre fue detenida por su probable relación en el maltrato al bebé.

El examen al cuerpo de la víctima, por parte de personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), detalla equimosis (moretes) bajo el parpado del ojo izquierdo, en mandíbula y mentón, escoriaciones en esta misma zona, así como sobre el labio superior y debajo del labio inferior, lo mismo que en el pómulo derecho. Además, se le halló una escoriación en el dorso del pie izquierdo y un hematoma en el escroto, predominantemente en el testículo derecho.

Según información liberada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), no es la primera vez que Salazar Torres, presunto responsable del homicidio calificado, se ve involucrado en el fallecimiento de un menor de edad. El indiciado, quien se señala es tirador de droga, participó en un tiroteo entre narcomenudistas, en que resultó herido y muerto Steven Rosales Delgadillo, de 10 años de edad, el 26 de abril de 2012, precisamente en Infonavit Presidentes.

Si bien fue detenido por el suceso, quien fue procesado por el hecho fue Miguel Ángel Ruiz García “El Mike”. El titular de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), Miguel Ángel Guerrero, informó a ZETA que contra “El Bombero” no existe ninguna otra averiguación previa abierta, al menos en lo referente a homicidios.

Guerrero declaró que durante su detención, la madre de la víctima confesó ser drogadicta y pareja de Salazar Torres, que éste le facilitaba el producto para satisfacer su dependencia al cristal, a pesar de tener conocimiento de que su amante golpeaba a su hijo, como aquel  domingo.

La SSPM ya emitió una alerta de “se busca” con la foto del presunto responsable de este crimen, a quien se le giraría orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. A la madre de la víctima se la puso en libertad ya que ésta no fue detenida en flagrancia, aunque la PGJE aun cuenta con el derecho de consignarla por el delito de omisión de cuidado, delitos castigados con penas de prisión de 20 a 50 años en el caso de homicidio y de 1 a 4 años de prisión y la pérdida de la patria potestad por omisión de cuidado.

Otro hecho se presentó el 4 de abril en la Privada Borbón del Fraccionamiento Residencial Monte Carlo, cuando Melissa Aguilera lesionó con un cuchillo de cocina a su hijo Luis Armando Salas Aguilera, de 8 años de edad. Fue el padre del menor, Luis Armando Salas Flores, quien por la madrugada fue despertado por los gritos de sus hijos, por lo cual pudo rescatar al menor antes de que la agresión alcanzara mayores proporciones.

De manera extraoficial se ha manejado que entre la pareja existían conflictos maritales y que la madre del menor habría declarado que una voz –la de Dios– le  ordenó matar a su hijo, quien permaneció hospitalizado y en condición estable en la Clínica Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el miércoles 6 de abril. Si bien la PGJE no ofreció mayores detalles, sí confirmó que ninguna de las puñaladas perforó órganos.

Melissa Aguilera ya habría sido consignada ante el Juzgado Segundo de lo Penal el 5 de abril, por el delito de homicidio agravado por razón de parentesco, en grado de tentativa, por lo que de ser declarada culpable del hecho podría enfrentar una condena de entre 5 a 10 años de prisión.

El Subprocurador para Zona Costa, Jorge Álvarez, señaló que la indiciada se reservó su derecho a declarar ante el Ministerio Público, por lo que al momento no existe información en el expediente sobre sus prácticas religiosas o si consume alcohol o algún otro estupefaciente con cotidianeidad, al menos de manera judicial.

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