Documentos apócrifos con los que se acreditó el pago de infracciones, certificados médicos, arrastres y almacenamientos de vehículos incautados en los filtros de alcoholímetro, dan cuenta de un quebranto a las arcas municipales en las que hasta el momento se han implicado cinco trabajadores municipales, de 12 que han sido dados de baja. En marzo de 2015 se advirtió al ex secretario de SSPM, Alejandro Lares Valladares, de posibles irregularidades en este rubro. El fraude asciende a millones de pesos
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Con sellos falsos de Tesorería Municipal, las barandillas de las nueve delegaciones de Tijuana expidieron órdenes de liberación de vehículos decomisados en los puntos de revisión de alcoholímetro.
Los recibos apócrifos fueron recibidos por las diversas concesionarias del servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos, procediendo a la liberación de la unidad, sin que el monto de esas multas haya ingresado a las arcas municipales.
El tiempo durante el cual se llevó a cabo este fraude y el monto del daño a la hacienda de Tijuana, son aspectos aún no determinados, pero que ya se encuentran bajo la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado –PJGE– y de la Sindicatura Procuradora, instancia esta última que coteja multa por multa.
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De lo que sí hay constancia es de la disminución de 10 millones de pesos en la recaudación de 2015, en relación a lo ingresado al erario por ese concepto.
Desde marzo de 2015, al entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, se le hizo del conocimiento de posibles irregularidades en el manejo de los filtros de alcoholímetro, pero no fue sino hasta una semana antes de que fuera removido como titular, cuando la dependencia presentó el caso ante la Consejería Jurídica, instancia que a su vez lo turnó a la Sindicatura Procuradora.
Para ello, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya había suspendido de sus labores a 12 empleados municipales, entre ellos cinco trabajadores que laboraban en el área de Barandilla de la delegación La Presa, demarcación que registra casi la totalidad de las irregularidades detectadas hasta el momento, no así a quien los coordinaba, a quien solo le removió a otra área de la administración municipal.
Los pasos del desfalco
La jefa de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Cynthia Isabel Rodríguez Bojórquez, elaboró un acta circunstanciada donde dio cuenta de las irregularidades que detectó en febrero de este año.
En la evidencia documental se exhiben copias de recibos de supuestos pagos a Tesorería Municipal, los cuales presentan irregularidades e inconsistencias, como el estampado de un sello falso.
Una vez que el infractor es sancionado en los operativos de revisión de ingesta de alcohol, el vehículo le es retenido y turnado al corralón de la delegación correspondiente, en donde permanece hasta que la multa es cubierta y se expide al propietario el acta de liberación.
Tanto recibos de pago y de liberación son expedidos en las barandillas de las nueve delegaciones de Tijuana, primera y última instancia a donde acude el ciudadano infraccionado.
Pero el monto de la multa, certificado médico y adeudo acumulado por el arrastre y almacenamiento del vehículo requisado, debe cubrirlo en las cajas recaudadoras del municipio, en donde se le devuelve el recibo que le fue expedido en Barandilla, pero con los sellos de pago y de la Tesorería municipal.
En el fraude detectado, al ciudadano se le restó el paso por las cajas de Tesorería, y se le facilitó un atajo: Pagar directamente en Barandilla.
Así, al momento que se le entrega el recibo con la multa a pagar, ahí mismo procede con el desembolso de la cantidad acordada con el empleado municipal, quien inmediatamente le entrega la liberación de la unidad, expidiéndole un recibo de pago falso, que exhibe los sellos de Tesorería, pero apócrifos.
Para concretar el robo al erario, se confabularon ciudadanos que cayeron en el alcoholímetro y diversos funcionarios del Ayuntamiento, que presume la autoridad, recibían dinero a cambio.
La mayor parte de ese procedimiento, los empleados de Barandilla lo hicieron de manera apócrifa, liberando los vehículos, cobrando con documentos falsos una cantidad menor a la estipulada en el reglamento, con la cual se quedaban.
Los señalados
Al hacer el recuento del fraude en dos distritos, La Presa y La Presa Rural, autoridades estiman que hay un desfalco superior a los 2 millones de pesos, solo en esas dos demarcaciones.
Asentaron en un acta circunstanciada levantada el 19 de febrero y entregada a la Consejería Jurídica a cargo de Jorge Alberto Borja:
En 2015 ingresaron a Tesoreria 10 millones de pesos menos que en 2014
“En febrero de 2016, se presentó en la oficina de la Jefatura Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública la Lic. Ruth Gómez Castillo, quien fungía como Encargada Administrativa, de los Distritos de la Presa Abelardo L. Rodríguez y de la Presa Rural, mostrándole evidencia documental de irregularidades detectadas en el Distrito de la Presa Abelardo L. Rodríguez, respecto a las devoluciones de vehículos realizadas, las cuales estaban amparadas con recibos de pago en copias (al parecer apócrifas) y refiriéndole que algunas otras devoluciones ni siquiera contaban con recibos que soportaran la liberación de unidades”.
La funcionaria entregó una lista de cinco empleados como probables responsables: José Francisco Rueda Rosales, Aurelia Ancheyta Cruz, Mariana González Sandoval, Mauro Delgado Becerra y Esterling David Aguilar Gómez, a quienes señaló como “encargados de barandilla”.
Ellos eran los responsables de recibir la boleta de infracción y 2 (dos) copias de la hoja de inventario por parte del oficial de tránsito y de archivarlas temporalmente”.
Lo que estos empleados debían hacer cuando el conductor se presentase a solicitar la devolución de su vehículo, era proporcionar información sobre la situación del mismo y la forma de recuperarlo, entregar la boleta de infracción para acudir ante el Juez Municipal a calificarla, después regresar y expedir el recibo a pagar en la caja de Tesorería tanto por la infracción como por el certificado médico.
Ruth Gómez Castillo, es empleada de base y fungía como coordinadora de los cinco empleados de Barandilla de La Mesa que fueron cesados. Después de detectado el fraude se le removió al área de Recursos Humanos.
A decir del alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, fue la implementación del proceso de digitalización de documentos, a mediados de febrero, lo que dio pie a que se detectara la falta de recursos por cobro de multas derivadas de alcoholímetro, fraude que asentó, será investigado “hasta sus últimas consecuencias”.
En la primera semana de febrero de 2016, la jefa administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Cynthia Isabel Rodríguez, requirió a ocho auxiliares administrativos asignados en Playas de Tijuana, subdelegación Los Pinos, Zona Centro, La Presa y de la Comandancia Regional, para revisar una relación de las multas de alcoholímetro de 2015.
Una semana después, los mismos empleados, así como cinco trabajadores de Barandilla de la Delegación La Presa, fueron citados por la funcionaria para darles a conocer que “el Ayuntamiento de Tijuana prescindía de sus servicios”, expusieron a ZETA los afectados.
Sin mediar explicación ni finiquito, a partir de ese día fueron cesados, a excepción de Ruth Gómez.
Lares fue advertido en 2015
En una reunión con personal de Barandilla del XXI Ayuntamiento de Tijuana, celebrada en marzo de 2015, a Alejandro Lares Valladares le fue expuesta la diferencia entre el inventario de los vehículos confiscados en los operativos en los que se mide la ingesta de alcohol y los localizados físicamente en los corralones.
Mientras administrativamente las unidades no habían sido devueltas a sus propietarios al no cubrirse el pago de las multas correspondientes, en los corralones las unidades no se ubicaban. Prometió investigar al respecto.
Lejos de ello, ese mismo mes el itinerario en los operativos de alcoholímetro fue modificado.
La mayor cantidad de puntos de revisión, el 80 por ciento se centró en la delegación La Presa, demarcación que registra la mayor cantidad de recibos de pago alterados.
En la Zona Centro los operativos se realizaron con menor frecuencia, mientras que en Playas de Tijuana o la subdelegación Los Pinos, se aplicaron esporádicamente.
El cotejar el inventario físico de los vehículos decomisados y en corralón por no cubrirse la multa, con los archivos de carros no recuperados, es un aspecto no considerado, ni a llevar a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ni en la investigación que sigue la fiscalía municipal.
10 millones de pesos menos
En las arcas del Ayuntamiento de Tijuana la diferencia en los ingresos fue de alrededor de 10 millones de pesos.
Mientras que en 2014 la Hacienda municipal captó cerca de 24 millones de pesos por las diversas boletas que los conductores ebrios deben pagar al ser sancionados en los operativos de alcoholímetro, en 2015 los ingresos en este rubro apenas superaron los 14 millones de pesos.
El 28 de junio de 2012, el Cabildo de Tijuana modificó el Artículo 269 del reglamento de transporte municipal, con la cual se incrementaron las multas por conducir en estado de ebriedad. De 50 a 100 salarios mínimos, la infracción aumentó entre 200 a 400 salarios mínimos.
Esto es, que de un mínimo de 3 mil, o un máximo de 6 mil 200 pesos que los amonestados pagaban hasta antes de junio de 2012, las sanciones a cubrir después de esa fecha oscilan entre los 12 mil 500 pesos y los 27 mil 932 pesos, siempre y cuando no se aplique ningún tipo de descuento.
Así, en 2012, con solo seis meses en los que se aplicó el incremento, la recaudación por multas de alcoholímetro fue de 15.6 millones de pesos. En 2013 la cifra rondó los 15 millones.
Y aunque al cierre de 2015 autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sostuvieron el buen funcionamiento de estos operativos, con una disminución de 5 por ciento en la incidencia de accidentes, la cantidad de multas apenas logró disminuir un 7 por ciento. De 8 mil 281 aplicadas en 2014, durante 2015 se levantaron arriba de 7 mil 500.
Multa por multa…
Los datos vagos y generalizados expuestos en el acta circunstanciada de Seguridad Pública Municipal, son analizados con una auditoría presencial efectuada por la contraloría de la Sindicatura Procuradora, dependencia que ya presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE), para que sea el Ministerio Público quien determine los delitos cometidos en este caso.
En forma paralela, la fiscalía municipal abrió investigación en tres frentes: Delegación La Presa, Delegación La Presa Rural y una revisión conjunta en las delegaciones de Otay-Centenario, Cerro Colorado y Playas de Tijuana. Todas implicadas en el acta de la SSPM.
Pero la revisión de las multas por alcoholímetro, Sindicatura no la limitará a las delegaciones señaladas, sino que lo efectuará en las nueve que conforman el municipio de Tijuana. Tampoco se abocará a revisar solo el ejercicio 2015, sino que lo extenderá por todo el periodo de gobierno de Jorge Astiazarán.
La dependencia a cargo de Arturo Ledesma realizará una revisión física y documental, en las que se toman medidas preventivas de aseguramiento de archivos.
Multa por multa, es certificada y revisada para corroborar su pago puntual a la Tesorería Municipal, dependencia que tendrá que validar todos y cada uno de los folios, “los que no timbraron significa dinero no ingresado a las arcas municipales”, subrayó Gerardo Robles, director de Responsabilidades de la Sindicatura Procuradora.
Omisiones en el registro de multas, reducciones en su monto, o si algún juez hizo una determinación adicional a la que obra en el expediente, todo será materia de investigación, cuyo resultado sustentará el inicio del procedimiento de responsabilidades a los servidores públicos, tanto a los señalados en el acta circunstanciada, como aquellos que en la investigación resulten implicados.
Investigan reformas a Reglamento de Transporte
La Comisión de Transporte del Cabildo de Tijuana se compromete a investigar el contenido de los anexos incluidos en la reforma al Reglamento de Transporte de Tijuana y, de corroborarse el favoritismo que señalan los propietarios de taxi hacia algunas empresas de autotransporte, se podría dar marcha atrás a lo ya aprobado.
Guillermo Zavala y Martha Leticia Castañeda, dos de los cinco regidores integrantes de la Comisión de Transporte que el jueves 7 de abril acudieron a la reunión con los propietarios de taxis, aseguraron desconocer esas modificaciones añadidas en la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de febrero de 2016.
La publicación sólo enumera 20 anexos, pero no muestra su contenido, y los regidores dijeron no tener conocimiento de ello. Hoy viernes 8 de abril, la Comisión de Transporte sesionará para analizar la situación.
Baltazar Gómez, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransporte y Conexos “Fernando Amilpa CTM”, dijo haber logrado obtener acceso a algunos de estos dictámenes, en los que aprueban ampliaciones de 17 rutas nuevas a compañías de transporte como Altisa y Calfia, que de llevarse a la práctica, se empalmarían con derroteros ya asignados tanto a otras empresas de transporte masivo, como a taxis de ruta.
“Esa es la razón de nuestra inconformidad y protesta”, expresó al subrayar que las modificaciones de la reglamentación municipal van más allá que un cambio en la denominación en taxis de ruta y libres, como lo ha manifestado la autoridad municipal.
Otra de las modificaciones del reglamento a la que se oponen, es la mención de la consigna de “patrimonio familiar”, como se leía en la ordenanza anterior, la cual ya no se incluye en la nueva. “Esto indica que los permisos de taxis ya no podrá ser heredados, lo cual atenta contra nuestro patrimonio familiar”, se quejó.
Gómez descartó el bloqueo de vialidades, aunque continuarán con la pinta de leyendas en las unidades, “en las que se reclama al gobierno de Jorge Astiazarán su doble discurso”, asentó.
En tanto, el alcalde de Tijuana ha respondido que no cederá a presiones de los permisionarios de taxis de ruta y continuará firme en mantener la reforma al Reglamento de Transporte.
Por su parte, Carlos Mejía, secretario general de Gobierno, declaró que los cambios en rutas fueron aprobados por las 12 concesionarias del masivo, reformas que sí se dieron a conocer al Cabildo de Tijuana.
De los cambios en la denominación de los taxis de ruta y libre, no significa que estas modalidades de transporte vayan a desaparecer, sino que con ellos se busca puedan apegarse a alguna aplicación tecnológica que les permita integrase al SITT.
Además, abundó en el caso de taxis con itinerario fijo, a los que a partir de las nuevas reformas se les denominará taxi colectivo, mientras que al taxi libre se le nombrará taxi básico. La capacidad de este último se incrementa, al poder transportar hasta ocho personas y no cinco, como era el límite anterior. Isabel Mercado
