Se mantiene en pie la consulta ciudadana para la tipificación como delitos graves a 10 actos de corrupción cometidos por servidores públicos en contra del erario público a través de la reforma denominada “Ley Tres de Tres”, que impulsa la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Baja California Sur, y que busca que los servidores no solo hagan pública su declaración, sino que también sean castigados los delitos de corrupción que pudieran cometer; de igual forma, a aquellos ciudadanos, empresarios o empresas que se presten a este tipo de actos.
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El presidente de COPARMEX en el Estado, Fabricio González, apuntó que es vital que estos delitos se consideren como graves en la Constitución, ya que existen actos denunciados y probados con documentación, que simplemente no han fluido y siguen empantanados en las diversas salas de Contraloría y la propia Auditoría General de la Federación.
“Hace un par de semanas hubo unas declaraciones del auditor general de la Federación, donde comenta que desde 2010 para acá, hay 869 casos denunciados de corrupción o identificados como observaciones de corrupción, y comenta él mismo que solo hay dos casos que estén ya en un caso judicial avanzado, ahí vemos la aplicación de la Ley, ahí vemos el tema que desafortunadamente todavía no son un delito grave, entonces no llegan a una sanción ejemplar; creemos que esto no solo se da a nivel federal, sino estatal y local”, lamentó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (EMPRHOTUR) de La Paz, Eduardo Herrera, reconoció que la propia población es partícipe de estos actos de corrupción, por lo que considera importante que tanto funcionarios públicos como empresarios y la ciudadanía sean castigados en la reforma que se busca, pues los actos se pueden presentar “en las licencias y permisos, es muy fácil sobornar a funcionarios, lo provocamos tanto la ciudadanía como los empresarios, si tú quieres tener un permiso para un desarrollo turístico también hay sobornos, si no quieres cumplir con todas las reglamentaciones también puedes llegar a ese nivel; definitivamente sí estamos hartos nosotros porque hay muchos que caminamos por la línea y otros que les gusta el camino corto, y lo más importante es que todos seamos medidos por la misma vara”.
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Fabricio González señaló a aquellos funcionarios que no han tomado la determinación de presentar sus tres declaraciones, la patrimonial, de intereses y fiscal; al negarse, están muy alejados de la confianza que los ciudadanos depositaron al darles un lugar como servidores públicos y solo se escudan en que podrían ser víctimas del delito, lo cual también demuestra la falta de confianza en los propios servidores públicos que representan, hablando de los tres niveles de gobierno.
“Diputados de una fracción no han presentado su ‘Tres de Tres’ por miedo a que tengan secuestros o extorsiones, creemos en la COPARMEX que es una declaración desafortunada, cuando un servidor público hace un tipo de declaración en este sentido, no está abonando a la confianza que los ciudadanos debemos tener en instituciones”, reflexionó.
Precisamente diputados locales desconocen dicha iniciativa ciudadana, pues solo señalan que el Partido Acción Nacional abandera esta disposición, pero a lo que se refieren es a la declaración fiscal, de intereses y patrimonial, y no a que sean sancionados los participantes en actos de corrupción.
“Sé que se está promoviendo en ese sentido, sé que el PAN está acompañando esta iniciativa ciudadana”, manifestó Alfredo Zamora García, pero se refiere a la reforma anticorrupción que queda lejos de la que promueven los ciudadanos.
Por otro lado y evadiendo la pregunta, Edson Gallo apuntó: “Definitivamente estoy a favor de la transparencia, estamos trabajando en una Ley de transparencia y pronto la daremos a conocer”, pero de igual forma, solo desestimó el esfuerzo ciudadano.
Se sabe que al menos nueve de cada 10 ciudadanos de La Paz consideran que existe corrupción entre los funcionarios públicos, por ello es vital que la iniciativa de Ley se cumpla y sean tipificados como delitos graves los diez actos de corrupción que se pretende reformar.
