Por instrucción del gobierno municipal de Tijuana, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado –SIDUE– reanudó la construcción del Zócalo 11 de Julio, obra que enfrenta una suspensión vigente ordenada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El reinicio de la edificación coincide con el proceso que sigue el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid para solventar la observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto a la no aplicación de 70 millones de pesos en el proyecto, recursos federales que debieron ejercerse durante 2015.
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A decir de Manuel Guevara, titular de SIDUE, la observación de la de la ASP es un procedimiento normal, factible de resolver para que el recurso no tenga que ser devuelto.
Además, aclaró que el resultado de la auditoría de la ASF es errónea, toda vez que de los 70 millones que señala como no ejercidos, alrededor de 40 millones ya se aplicaron en la obra y los poco más de 30 millones restantes, “ya están comprometidos en obra contratada”, dijo.
El titular de SIDUE indicó que la suspensión de los trabajos de construcción de la Plaza 11 de julio, ordenada por la segunda sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un acto no imputable al gobierno del estado, por lo que la misma ordenanza puede ser un argumento válido a considerar por la ASF.
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Respecto a la continuación de la edificación del proyecto que se desarrolla desde el pasado 26 de febrero, el funcionario estatal indicó que es en acatamiento a una instrucción recibida por las autoridades municipales de Tijuana, como una medida necesaria que permita reabrir a la circulación vehicular y peatonal los carriles de baja velocidad de la Vía Rápida Oriente, mismas que se encuentran cerradas por la obra. Para ello es necesario concluir la construcción del puente peatonal que conecta Plaza Río con Centro de Gobierno.
“Solo se trabaja en ese punto, no se reanuda la obra completa”, además que la suspensión ordenada por el Tribunal establece solo el predio con clave catastral RG-231-001, en el cual se asentará la torre emblema, lote que no abarca ni el puente peatonal ni el “multiforo”, explicó.
A decir de los opositores al proyecto, las licencias de construcción y demás permisos para la realización del Zócalo 11 de julio, se requirieron a las instancias respectivas bajo la clave catastral objeto de la suspensión del Tribunal, por ello, “la clausura sí debe considerar la obra completa”, consideró Sabino Arellano, representante de Defensores del Parque Benito Juárez.
En septiembre de 2015, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, so pena de aplicarle una amonestación administrativa, ordenó al alcalde Jorge Astiazarán Orcí dar “cumplimiento a la suspensión definitiva” del denominado proyecto Zócalo 11 de julio, por lo que el municipio procedió a la clausura el 29 de septiembre.
El área jurídica de la administración de Francisco Vega de Lamadrid buscó ampararse en contra de esa suspensión, pero le fue negado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California.
Respecto a la solicitud expedida la semana pasada por el XXI Ayuntamiento para el retiro del cerco perimetral y la reapertura a la circulación del carril de baja velocidad, en un plazo de tres semanas, fue con el objetivo de favorecer el flujo vehicular, informó Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Y sostuvo, “no se afecta la suspensión de los trabajos conforme a la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado”, y concluyó, “la orden de clausura sigue vigente”.
