La Cámara de Senadores procesa la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que regula el aislamiento llamado “el apando”.
El documento que tiene un 90 por ciento de avances acordados por los senadores, es analizada por instituciones penales, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y expertos, establece que: “queda prohibido imponer medidas disciplinarias que impliquen un trato cruel, inhumano o degradante, así como el encierro en celdas oscuras o sin ventilación o el aislamiento por más de 36 horas”.
El proyecto de dictamen menciona que el aislamiento temporal únicamente será permitido como último recurso, cuando se demuestre que sea necesario proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de los presos, así como salvaguardar intereses legítimos relacionados a la seguridad interna del penal o del personal.
El texto permite a los reos un procedimiento para denunciar abusos de las autoridades carcelarias.
A las reclusas que viven con hijos, se les otorga ocho derechos para procurar un nivel de vida digno a los menores de edad.
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