Uno de los argumentos es que pone en riesgo la certificación de Puerto Verde, otorgada a Ensenada; la operación de la compañía dedicada a desmembrar barcos chatarra trae posibilidad de derrames tóxicos, incendios y peligro para los trabajadores
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Los siniestros registrados dentro del deshuesadero de barcos de la compañía Infraestructura y Servicios Portuarios, S.A. de C.V. encendió focos rojos en la Administración Portuaria Integral (API), entidad que analiza la posibilidad de revocar la concesión de la empresa, de comprobar que su funcionamiento genera daños ecológicos al puerto de Ensenada.
A unos metros de la playa pública más visitada del puerto, sobre el Bulevar Costero, a la altura de arroyo El Gallo, donde hay una gran barda perimetral con vigilancia privada que prohíbe el paso desde la vía pública y hay una fuente que disimula la operación de la compañía dedicada a desmembrar barcos chatarra y de Cementos de México (CEMEX), que traen material pétreo del sur de la península para su planta.
Del lado del mar hay rompeolas que en parte obstruyen la vista desde la playa turística.
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Pero dentro de este lugar, se han presentado accidentes como incendios, incidentes de trabajo y derrames de sustancias tóxicas que han puesto en duda la veracidad de la certificación de Puerto Verde, otorgada de manera oficial al director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Gessenius, luego de pagar y aprobar la aplicación del Sistema de Revisión Ambiental Portuario (PERS, por sus siglas en inglés).
“Sobre ese tema me reservo mi comentario, y si hay una chatarrera cerca de verdad que lo vamos a investigar”, declaró el funcionario federal en agosto de 2015, cuando asistió al evento para recibir el certificado de Puerto Verde.
Abiertamente el director de la API, Héctor Bautista Mejía, reconoció que el índice de siniestros que suceden dentro del recinto portuario tiene un impacto negativo en el funcionamiento del mismo, y advirtió que si las empresas no cumplen con las disposiciones de cuidar el medio ambiente iniciarán con un proceso de revocación de concesiones, como es el caso de Infraestructura y Servicios Portuarios, propiedad de Roberto Amaya Curiel.
Destacó que el puerto de Ensenada es un desembarcadero modelo, además de un Puerto Verde, por lo que los concesionarios deben manejarse con excelencia y cumplir las normas establecidas.
El distintivo surgió de la presión de otros países comprometidos con el medio ambiente, cuyas empresas descargan su mercancía en el puerto.
Otras versiones refieren que lejos de la afectación ambiental que puede ocasionar el deshuesadero, en realidad el Gobierno Federal busca ampliar la capacidad de las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, que se encuentran junto a CEMEX, y trasladar a ambos corporativos al nuevo puerto de El Sauzal.
DESGUAZAR ES ECOLÓGICO: CURIEL
Roberto Amaya Curiel, propietario de la empresa desmanteladora y de la explotación de otros recursos pétreos como arena y grava en tierra bajacaliforniana, negó que sean una amenaza para la certificación de Puerto Verde, proyecto al que nunca fue invitado por parte de autoridades federales.
“Nuestra empresa está en cumplimiento con la normatividad vigente y las preocupaciones de la API para nosotros, hasta este momento, no hemos tenido una invitación, un llamado por parte de ellos ni mucho menos ha habido una comunicación para sentarnos a platicar sobre este tema”, respondió unos minutos antes de abordar un avión en el aeropuerto de Tijuana.
La concesión que le fue cedida en 2004 tras presentar un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) tiene una duración de alrededor de 20 años, hasta 2024, e incluso actualmente tienen planes de crecer el negocio de astilleros.
“Se ha hecho una inversión muy grande para las instalaciones para un astillero de talla mundial que incluya reciclaje de barcos”.
— ¿Su empresa es una amenaza para la declaratoria de Puerto Verde?
“La actividad de reciclaje es en beneficio del calentamiento global y en lo absoluto contaminamos. Realmente estamos contribuyendo a deshacerse de barcos que ya no tienen vida útil de manera controlada, en cumplimiento con la norma”.
LA EMPRESA DE CHATARRA
El empresario bajacaliforniano detalló que la actividad de desmantelamiento se realiza en un área contenida, la cual se mantiene bajo resguardo hasta antes de abrir la compuerta.
En la zona concesionada por Amaya Curiel, también funciona un astillero, así como manejo de productos pétreos como grava y arena, a través de la empresa Pétreos del Pacífico S.A. de C.V.
Los barcos chatarra que llegan al recinto proceden en su mayoría de México y Estados Unidos, mientras que en el astillero se reciben embarcaciones de lujo de los mismos países, además de Canadá.
Sobre el proceso de deshacer el navío para reciclaje, se inicia con una limpia total del fierro, después se rota para desprender el material ferroso (comercial y no) en partes grandes, medianas y pequeñas.
Los materiales contaminantes se llevan a confinamiento, donde son recolectados por terceros autorizados (proveedores) y que tienen autorización de SEMARNAT.
Desde 2001 la empresa Infraestructura y Servicios Portuarios firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con la intención de certificar un dique seco para el desmantelamiento de embarcaciones, por conducto de la Facultad de Ciencias Marinas, a través de su entonces director José Luis Fermán. El documento FORMA-VU02 menciona que la relación será para llevar a cabo trabajos de investigación, bajo un costo de 25 mil pesos por certificación.
EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA Y PUERTO VERDE
El director de la API, Héctor Bautista Mejía, habló sobre el último incidente grave en que se ha intervenido, ocurrido el 7 de marzo, y le restó importancia.
“Fue un intento de incendio, un corto en el cuarto de máquinas, como sabes, tenemos un cuerpo de bomberos atentos, nuestros esquemas de seguridad están trabajando muy bien, lo controlaron y no pasó a mayores”, argumentó.
Asimismo, expuso que se está estudiando el tipo de sanción o apercibimiento que le aplicarán por no cumplimentar las medidas reglamentarias, y no descartó en revocar la concesión que Amaya Curiel mantiene en la API. No aclaró el monto de la sanción monetaria que se ha hecho a la empresa y, de hacerse, a cuánto ascendería.
De quitar la concesión a Pétreos del Pacífico, externó, se apegarán a lo que marca la Ley. Aunque tampoco mencionó cuál.
AMAYA TIENE BOMBERA PARTICULAR
Tras varios intentos por regularizar la operación de la concesionaria, el director de Bomberos Ensenada, Jaime Nieto de María y Campos, expidió un certificado de cumplimento a Pétreos del Pacífico, perteneciente al grupo de Amaya Curiel, que concesiona un espacio dentro del puerto administrado por API.
“Ya la situación en términos de seguridad con Amaya Curiel ha ido mejor, cumplieron una serie de requisitos, fue un proceso largo, ya tienen un sistema fijo y equipo para responder”, comentó.
Tal concesión portuaria cuenta con un sistema contra incendios que consiste en una tubería de dos pulgadas y media, equipo de bombeo de agua de mar que brinda unas 200 libras de presión en una serie de hidrantes para conectarse, en caso de que el departamento de bomberos necesite intervenir en el área. De las tres bombas se usa una y las otras dos de respaldo.
El titular elogió el esfuerzo de la empresa por cumplir los requisitos, negó que no se haya dejado entrar a su personal a sofocar el último incendio, pero que en otras ocasiones sí lo han hecho.
Nieto de María y Campos aclaró que en el caso de contaminación o derrames hay otras instancias que intervendrán, como la Secretaría de Marina (SEMAR). La Benemérita Institución, citó, ya no es necesaria.
“La primera respuesta en casos de incendio en concesiones dentro del recinto portuario es la API, en caso que el siniestro se salga de control ya intervenimos nosotros”, reiteró.
Al igual, el director de Protección Civil Municipal, Arturo Granados González, declaró que los materiales más comunes ahí son el foam, monta cargas, solventes y pintura industrial.
“Queremos que se transporte la forma de trabajo de ellos -Amaya Curiel- con la intención de no poner en riesgo a sus trabajadores”, mencionó el servidor público respecto a las limitaciones que tiene su personal para ingresar en caso de contingencia.
Mientras el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California, Alfonso Blancafort Camarena, prefirió no ahondar en el tema de la contaminación, con el argumento de que es responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Aclaró que su trabajo es verificar que las operaciones no contravengan con las normas establecidas, aunque desconoce si existen actas, procesos o dictámenes relacionados con los procesos de la empresa.
Caótica lista de siniestros en IYSP
El 7 de marzo se registró un siniestro dentro de las instalaciones de Amaya Curiel; se trató de un cortocircuito que provocó un incendio, el cual fue contenido ocho minutos después por personal de la propia empresa.
Anteriormente, en mayo de 2011, un buzo perdió la vida dentro de la zona concesionada porque, de acuerdo con el reporte policiaco, una barra metálica le cayó en el pecho, por lo que se abrió la investigación 1520/11/300/AP.
En el mismo año, integrantes de la asociación civil Haciendo lo Necesario se manifestaron en contra de la operación, asegurando que las labores de descarga afectan a los bañistas de la Playa Municipal, además de que los permisos federales y municipales se entregaron después de que comenzó a funcionar.
Dos años después, en noviembre de 2013, sucedió uno de los accidentes más significativos, cuando el buque Bering Star se incendió totalmente dentro del recinto portuario.
Meses después el barco Vila Queen tuvo que ser inspeccionado por personal de la Marina Armada de México, PROFEPA, Protección Civil, Aduanas y Capitanía de Puerto, por un reporte en el que se indicaba que dentro de la unidad había material radiactivo. Pero en 2015 volvió a suceder y el barco Arctic Enterprises ardió en llamas, luego de que al parecer ocurriera un cortocircuito en la máquina.
