Lo amparan en BC


 
Edición Impresa Lunes, 28 Marzo, 2016 01:00 PM

Magistrado concede protección al líder del Cártel de Sinaloa para que se precise en el análisis de las declaraciones que lo vinculan con el trasiego de drogas y armas en Mexicali. Testimonios de “El Roa” y “El Nando” deben ser segmentados en los que sean señalamientos directos y los “de oídas”. La imputación está relacionada con el “narcovideo” que ZETA dio a conocer en 2007, en el que se implicó al ex procurador Antonio Martínez Luna

 

El presunto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán recibió un amparo contra la formal prisión que le fue dictada en un juzgado federal del Estado de México por su presunta infiltración en la Procuraduría de Justicia de Baja California entre 2006 y 2009.

La protección de la justicia de la unión fue favorable al capo debido a que durante la apelación una magistrada no analizó la totalidad de los agravios expuestos por la defensa, ni justipreció individualmente los testimonios –unos por hechos directos y otros “de oídas”– que inculpan a Guzmán.

La sentencia del amparo 60/2014 otorgado por el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordena dejar sin efecto la resolución de fecha 25 de agosto de 2014, dictada en el toca penal 70/2014 por el Segundo Tribunal Unitario con residencia en Toluca y dictar una nueva corrigiendo los vicios formales antes señalados.

En dicho fallo, la magistrada Angélica Marina Díaz Pérez confirmó el auto de formal prisión decretado por el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, en la causa penal 50/2009, el 25 de febrero de 2014, tres días después de la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa en Mazatlán.

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Joaquín Archivaldo Guzmán Loera fue declarado formalmente preso en el juzgado por su probable responsabilidad en el ilícito de Delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, pero se le decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína.

 

El señalamiento

Las imputaciones en contra de “El Chapo” Guzmán por su supuesta participación en delitos en el territorio de Baja California provinieron de las declaraciones de Hernando Villegas Delgado “El Pelón” o “El Nando”, Jorge Quintero Torres y/o Jorge Alberto Fuente Madueño “El George”, y Adolfo Roa de Lara “El Roa”.

Los tres sujetos fueron detenidos el 24 de abril de 2009. Los dos primeros en un domicilio de la calle Tezozomoc número 1327, del fraccionamiento Vista Hermosa, donde almacenaban 12 armas largas, tres cortas, 449 paquetes con cocaína y cartuchos de diversos calibres. El tercero cayó en manos de los federales en las inmediaciones de un salón de fiestas, ubicado sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, entre calle Cuarta y calle Novena, en Mexicali, donde festejaba los quince años de una de sus hijas.

Al declarar ministerialmente el 26 de abril siguiente, los detenidos confesaron que realizaban funciones como sicarios y distribuidores de drogas en apoyo directo al Cártel del Pacífico, cuyos dirigentes identificaron como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada García.

Tanto “El Nando” como “El Roa” habían sido agentes de la Policía Ministerial de Baja California y estaban identificados por informes de inteligencia como miembros de una compacta célula de policías y ex policías de Tijuana y Mexicali al servicio de la organización de Sinaloa, a quienes se les vinculó en levantones contra integrantes de otros cárteles, principalmente del clan de los Arellano Félix.

Hernando Villegas dijo ante el Ministerio Público de la Federación que ingresó a la Policía Ministerial adscrito en Mexicali en 1992, pero que en 2008 fue suspendido porque en los medios de comunicación transmitieron un video donde aparecía un sujeto de nombre Ramón Velázquez “el cual mencionó que el Procurador de Justicia del Estado, Antonio Martínez Luna estaba relacionado con el Cártel del Pacífico, nombrando también a seis o siete elementos, entre los cuales estaba el exponente”.

Por su parte, Adolfo Roa declaró que, por una recomendación de un “licenciado”, en 2005 ingresó a la corporación referida para que fuera escolta del ex procurador Antonio Martínez Luna, aunque reconocía como su jefe a la persona que lo había recomendado y ésta era ajena a la dependencia, quien le comentó que su función consistiría en desarrollar “labores de inteligencia” a favor del grupo de Sinaloa.

 

PGJE infiltrada 

Roa de Lara dijo que a menos de un mes de su ingreso a la Policía Ministerial se formó un grupo de inteligencia integrado por varios agentes, quienes suministraban información al “licenciado” sobre las personas que se dedicaban al secuestro en Tijuana. “El trabajo iba a consistir en investigar el modus vivendi y operandi, nombres de sus familiares, domicilios, vehículos y todo lo que se relacionara con la organización de los Arellano Félix”, declaró el matarife.

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El ex ministerial puntualizó que a los cuatro meses todos los del grupo especial tenían que actuar en contra de los miembros del CAF, porque era prioridad apoyar al Cártel del Pacífico, reuniéndose para tal fin en diversas ocasiones, una de ellas en el restaurante Vips en el centro tijuanense, donde fueron informados que ya había dos grupos, uno de inteligencia y otro operativo, sin que ambos se conocieran entre sí.

Agregó Adolfo Roa que para tener mayor funcionalidad el grupo de inteligencia se dividió en dos células y, que una vez que recababan información del CAF, ésta se concentraba para llevarla a las oficinas de la PGJE ubicadas en la calle Río Nuevo, en la colonia Centro Cívico, en Mexicali, donde la intercambiaban con un licenciado, “quien era el particular del ex procurador Antonio Martínez Luna”.

El testimonio añade que en mayo o junio de 2006, gente de los Arellano Félix levantó a Ramón Velázquez, quien a los dos o tres días apareció muerto en Mexicali, frente a una casa de una mujer relacionada con el ex procurador Martínez Luna. Tras ese hecho, Roa fue convocado a una reunión urgente en un hotel donde le dijeron al grupo que “el procurador había dicho iba a salir un video el fin de semana, en relación al homicidio de Velázquez”, recibiendo instrucciones de esconderse.

Recuerda el declarante que a la semana de la muerte de Ramón Velázquez, “en los medios televisivos salió un video donde aparecía éste manifestando, entre otras cosas, que el procurador estaba ligado al Cártel del Pacífico”, lo que motivó que a los agentes ministeriales involucrados los reubicaran a diferentes grupos de investigación de la Procuraduría. “El Roa” y “El Nando” pensaron que se trataba de una trampa y renunciaron.

Pese a que sus nombres ya estaban en el ámbito público, ambos ex policías continuaron sus presuntas relaciones mafiosas, dedicándose a coordinar a ex servidores públicos y custodiar cargamentos de droga y armas, a cambio de un sueldo de dos mil 500 dólares americanos quincenales. Los ilícitos eran coordinados por el jefe de plaza de Mexicali bajo las órdenes de “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada.

 

Ex procurador niega

La aparición del llamado “narcovideo” al que hicieron referencia Roa de Lara y Villegas Delgado fue documentada por ZETA en mayo de 2007. Efectivamente el ex agente ministerial de Baja California, Ramón Velázquez, fue grabado declarando que formaba parte de una célula del Cártel de Sinaloa en Mexicali y que se atribuía el asesinato de varios ex judiciales que les habían ganado con droga.

Velázquez fue victimado, pero antes emitió un detallado resumen de las actividades que realizaban: los muertos, los desaparecidos, los agentes que participaban, asegurando que tenían la protección del entonces primer fiscal bajacaliforniano, Antonio Martínez Luna e incluyó en la larga lista de implicados a los mencionados “El Nando” y “El Roa”, en cuyo rancho de este último, en la colonia Ahumadita, habían inhumado clandestinamente el cuerpo del ex agente Diego Hernández Leyva. La mayoría de las personas señaladas en el video fueron asesinadas o detenidas.

Entrevistado en febrero de 2014, vía telefónica desde San Diego –donde actualmente radica– el ex procurador, Antonio Martínez Luna, negó cualquier vínculo con la organización criminal y haber abierto la puerta para que ésta operara en la entidad. Tampoco reconoció que Adolfo Roa haya formado parte de su escolta.

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“Jamás platiqué, jamás di instrucciones que platicaran con ningún lado, ni con colores ni con tamaños, ni con nada, que cada quien hiciera su trabajo, y no implicaba que pertenecieran a uno u otro grupo. Si se les encontraba delinquiendo eran perseguidos, nuestro compromiso era Baja California, no eran los grupos criminales”, sostuvo en esa entrevista Martínez Luna.

A desmenuzar

El juez y la magistrada del caso tomaron en cuenta las declaraciones ministeriales de los testigos Adolfo de la Roa y Hernando Villegas Delgado, “quienes aseguraron firme y categóricamente que el ahora procesado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera es el líder de la organización nominada “Cártel del Pacífico”, dentro de la cual le atribuyen funciones de administración, supervisión y dirección”, según los quienes resolvieron.

Sin embargo, al conceder el amparo a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el magistrado Jorge Luis Silva Banda, titular del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, determinó que se deje sin efecto el auto de bien preso, se subsanen las violaciones ya explicadas y se dicte una nueva resolución “con plenitud de jurisdicción, que podrá ser en el mismo sentido que la reclamada, pero purgando tales vicios”.

Como se desprende de las declaraciones de los ex ministeriales, en poco o en casi nada hacen imputaciones directas y contundentes en contra de los líderes del Cártel de Sinaloa, Guzmán Loera e Ismael Zambada García, quien por cierto también cuenta con orden de aprehensión por este asunto.

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