La investigación manipulada

FOTOS: Gerardo Zuñiga
 
Reportajez BCS Martes, 1 Marzo, 2016 01:00 PM

La ruptura de la sociedad entre los empresarios Raúl Aréchiga Espinoza y Luis Alberto Coppola Joffroy terminó en una investigación viciada sobre la supuesta administración indebida del legendario hotel Finisterra de Cabo San Lucas

 

Los Cabos, Baja California Sur.- Por persecución política, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recurrió a la manipulación, la elaboración de documentos ficticios y la expedición de dictámenes falseados para resolver lo más pronto posible la investigación, bajo el número de averiguación previa CSL/16/AMPTRES/2015, sobre la supuesta administración indebida del hotel Finisterra por parte de algunos de los socios del legendario desarrollo turístico en Cabo San Lucas.

La investigación oficial comenzó a ensuciarse desde el momento mismo en que el agente del Ministerio Público, Christian Yojan’s Gaxiola Montoya, y la subprocuradora de la Zona Sur, Karla Marilú Rodríguez Santillán, manipularon  las indagatorias -según pruebas documentales en poder de ZETA– para capturar y encarcelar al prominente empresario hotelero y ex senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Coppola Joffroy;  durante todo el proceso penal prohibieron al presunto inculpado y cinco acusados más tener acceso al expediente, negándoles el derecho de ejercer su defensa, y responder en tiempo y forma sobre las acusaciones de presuntas conductas delictivas.

Durante la etapa de investigación por parte del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, los presuntos responsables  -dos socios y cuatro empleados-  presentaron cuando menos tres escritos, donde externaron su preocupación “por no haber sido citados a declarar en torno al caso”, en cuyo proceso no se les permitió tener acceso a las constancias que obran en la averiguación previa, dejando saber sus domicilios particulares y constando que estaban visibles y pendientes de lo que pidiera desprenderse del proceso.

La denuncia penal fue presentada el 15 de enero de 2015 en la Agencia del Ministerio Público Número 3 de la PGJE, cuando el gobernador era Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, e interpuesta por el representante legal de Inversiones El Vigía, S.A. de C.V., Jesús Gilberto Ortiz Yarahuán.

En el primer oficio, expedido el 8 de abril de 2015, el director de Servicios Periciales, designa al perito en Contabiilidad,  Josue Diaz Garcia y enel segundo oficio, tras rendir su informe, el propio perito confirma que reviso la documentacion en la agencia del Ministerio Publico, cuando ni siquiera habia sido nominado de manera oficial

En el primer oficio, expedido el 8 de abril de 2015, el director de Servicios Periciales, designa al perito en Contabiilidad, Josue Diaz Garcia y enel segundo oficio, tras rendir su informe, el propio perito confirma que reviso la documentacion en la agencia del Ministerio Publico, cuando ni siquiera habia sido nominado de manera oficial

No obstante, durante la recta final de la administración marquista, la investigación no prosperó hasta la primera semana de administración de Carlos Mendoza Davis, es decir, el 17 de septiembre de 2015, cuando se pretendió, sin éxito y por primera vez, fuera librada la orden de aprehensión en contra del ex legislador federal, quien renunció oficialmente al PAN en 2012, tras desacuerdos con Covarrubias y Mendoza, por respaldar al ex candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Barroso Agramont.

A nombre de sus representados, entre ellos el empresario Raúl Aréchiga Espinoza -de acuerdo al expediente en poder de este Semanario-, el denunciante relató que habían sido víctimas de una presunta administración indebida por parte de los integrantes del Consejo de Administración saliente, tras ser renovado y encabezado primero por el ex presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Luis Alberto Coppola Joffroy, y después por su hermano, Alberto Giuseppe Coppola Joffroy,  quienes habían bajado indebidamente el precio de arrendamiento del hotel Finisterra, generando un quebranto de 21 millones de dólares.

Alberto Giusseppe Coppola Joffroy, de paseo en el extranjero

Alberto Giusseppe Coppola Joffroy, de paseo en el extranjero

 

El representante legal explicó que Inversiones El Vigía, S.A de C.V.,  propietario del hotel Finisterra determinó en su momento arrendar el complejo a un grupo de empresarios españoles y dueños de la firma Desarrolladora Naajal, S.A de C.V.

La causa era que los inversionistas habían estado interesados en rentar el complejo turístico, y aunque el escrito no lo manifiesta, según el socio Luis Alberto Coppola Joffroy, el hotel Finisterra, catalogado como un club de playa o resort, estaba prácticamente en quiebra, y a punto de ser cerrado. “Por eso fue rentado”, confesó a ZETA el ex presidente del Consejo de Administración del legendario desarrollo.

De tal manera que tras surgir la oportunidad, en enero de 2008 firmaron un contrato de arrendamiento a 20 años, a cambio del pago de un millón 280 mil dólares anuales, es decir, 25 millones 600 mil dólares por todo ese tiempo.

 

EL CLUB DE PLAYA

El hotel  Finisterra fue construido en 1969, cuando Cabo San Lucas era apenas un pueblo de pescadores, y en 1997, tras iniciar el despegue de este puerto como destino turístico, fue remodelado por vez primera.

El complejo está localizado a un costado del emblemático e internacional Arco de Cabo San Lucas, justo donde se unen las aguas del Golfo de California con el Océano Pacífico, al final de la Península de Baja California. De ahí el nombre del desarrollo turístico.

Según datos recabados por ZETA, es un hotel de 284 habitaciones y está en la lista de los denominados Gran Turismo.

Con vista panorámica al mar, tiene un centro de negocios y sala de conferencias, así como restaurantes, bares, albercas, canchas de tenis, bañeras de hidromasaje, gimnasios, tiendas, jardines y una playa semi-privada, donde el perfil de sus principales clientes son parejas, deportistas y hombres de negocios, cobrando una tarifa entre 4 mil 436 pesos y 7 mil 796 pesos por noche.

El complejo turístico es administrado por Inversiones El Vigía, S.A de C.V., y como socios figuran:

Luis Alberto Coppola Joffroy. Con 146 acciones y 24.36 por ciento de participación.

Alberto Giuseppe Coppola Joffroy. 107 acciones y el 17.33%

Mario Coppola Joffroy. 104 acciones y un 17.33%

Elionora Coppola Joffroy. 74 acciones, 21.33%

María Guadalupe Espinoza de Aréchiga. 87 acciones y 14.50%

Raúl Aréchiga Espinoza. 84 acciones y el 14%.

Los Coppola son una familia de empresarios de abolengo, y a la vez, dueños del hotel Los Arcos en La Paz, cerrado desde noviembre de 2008, cuando en el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y por evidentes tintes políticos, estalló una huelga por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo de parte del Sindicato de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, asestando un duro golpe a la economía local y al turismo.

Por su parte, los Aréchiga eran propietarios de la compañía Aerocalifornia, la cual fue declarada en quiebra el 24 de julio de 2008 -casi a la par del hotel Los Arcos-, cuando ya no pudo superar un adeudo de 200 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Mario Coppola Joffoy, presentó denuncia contra sus familiares.

Mario Coppola Joffoy, presentó denuncia contra sus familiares

Aunque no se sabe a ciencia cierta lo que sucedió con el caso del adeudo, los dueños de la aerolínea, la cual operó durante 25 años, desaparecieron de la entidad y actualmente viven en Estados Unidos.

Actualmente las dos familias y prácticamente dueñas del hotel Finisterra enfrentan demandas laborales en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Baja California Sur, y, luego de ocho años, sospechosamente no terminan por resolverse los casos y ordenar el embargo de propiedades de los ex patrones.

 

LA DEMANDA

En la denuncia penal, el representante legal de Inversiones El Vigía, Jesús Gilberto Ortiz Yarahuán, refiere que los anteriores consejos de administración alteraron el contrato original firmado en enero de 2008, cuando el presidente del Consejo de Administración era Alberto Giuseppe Coppola Joffroy.

El abogado presentó el contrato original, donde Inversiones El Vigía, S.A. de C.V. y Desarrolladora Naajal, S.A. de C.V. firmaron un contrato de arrendamiento de 20 años, pactando el pago de un millón 280 mil dólares.

No obstante, el representante legal argumento un quebranto de 21 millones de dólares, ya que “los anteriores consejos de administración, habían firmado y autorizado bajar el precio de la renta de una manera drástica”. Enseguida, según el expediente, entregó la copia de dos convenios más. El primero con fecha 1 de enero de 2009, y el otro, del 31 de diciembre de 2010.

Por acuerdo de ambas partes, la renta se definió de la siguiente manera:

* 480 mil dólares anuales en 2009.

* 400 mil dólares anuales en 2010.

El argumento era que tras haber recibido físicamente el control del desarrollo turístico, los inversionistas españoles levantaron un estudio e hicieron una inspección física de las instalaciones por parte de especialistas, y determinaron que el hotel Finisterra debía ser reparado y remodelado, incluso construirían nuevas instalaciones, por lo que invertirían aproximadamente 20 millones de dólares. Entonces acordaron con el consejo de administración encabezado por Alberto Giuseppe Coppola Joffroy, bajar el precio de la renta. De otra manera, cancelarían y se irían.

La primera vez, la renta pasó de un millón 280 mil a 480 mil dólares anuales, es decir, casi 800 mil dólares de diferencia.

La segunda vez, el arrendamiento bajó de 480 mil dólares anuales a 400 mil dólares, es decir, alrededor de 80 mil dólares anuales.

Lo anterior levantó sospechas de todos los socios, sobre todo del propio ex senador panista Luis Alberto Coppola Joffroy, quien en septiembre de 2006 renunció a la presidencia del consejo de administración de Inversiones El Vigía y dejó en su lugar a su hermano Alberto Giuseppe, en virtud de que el primero de septiembre de 2006, tomaría protesta como senador de la República para ocupar tal cargo hasta el 29 de agosto de 2012.

Los convenios prácticamente se firmaron durante la ausencia del ex legislador, quien al darse cuenta -tras dejar el cargo en el Senado de la República- solicitó una reunión urgente del consejo de administración y destituyó a su hermano, Alberto Giuseppe, volviendo a asumir el cargo de presidente.

Obviamente, el caso generó una fractura en la familia Coppola Joffroy, lo que desencadenó la destitución de Luis Alberto como presidente, y el nombramiento de un nuevo presidente, secretario y tesorero del consejo de administración.

Los hermanos del ex senador, Mario y Elionora, se unieron a los Aréchiga, y pese a ser minoría de forma particular, y juntando sus acciones, alcanzaron a reunir el 67.16% del control de la compañía, y por ende, comenzaron a tomar decisiones y dirigir el grupo de Inversiones El Vigía.

Casi tres años después, el 15 de enero de 2015, el nuevo consejo presentó una denuncia penal y responsabilizó del quebranto a:

* Luis Alberto Coppola Joffroy.

* Alberto Giuseppe Coppola Joffroy.

* Martha Judith Ávila Romero, secretaria del ex senador.

* Mireya Beltrán Castro.

* Germán Daniel Argueso Mendoza.

* José Rafael García Castro.

Al cierre de esta edición, los hermanos del ex senador panista, Mario y Elionora, fijaron una postura al respecto en un escrito enviado a ZETA.

Confirmaron que efectivamente un grupo de inversionistas de El Vigía, S.A. de C.V., entre ellos Elionora y Mario, incluso el propio Luis Alberto, acordaron en una asamblea de sociedad, entablar ante las autoridades correspondientes las acciones legales necesarias por haber advertido hechos que pudieran haber constituido el delito de administración indebida, en la que lamentablemente resultaron involucrados “nuestros propios hermanos Luis Alberto y Alberto Giuseppe”.

Según los familiares del ex legislador, “hemos sido orillados a dar este paso al comprobar con sumo pesar, que incurrieron en diversas acciones deshonestas que han impactado severamente nuestro patrimonio.

El agente del Ministerio Público, Christian Gaxiola Montoya, y encargado de integrar la averiguación previa contra los Coppola.

El agente del Ministerio Público, Christian Gaxiola Montoya, y encargado de integrar la averiguación previa contra los Coppola.

“Se ha expuesto con toda claridad en la denuncia presentada antes las autoridades,  los elementos probatorios de los ilícitos cometidos por Luis Alberto y Alberto Giuseppe. Esta es la verdad lisa y sana. Cometieron un delito y deben responder por él y reparar el daño”, transcribieron.

De igual manera, los hermanos Coppola lamentaron que “de manera dolosa estos personajes han iniciado una estrategia tendiente a desvirtuar los hechos y situarlos en el terreno político, queriendo involucrar autoridades y empresarios que no tienen relación en los hechos ilícitos”, por lo que “no es de extrañar esta actitud, pues quien se atreve a defraudar y robar el patrimonio  de sus propios hermanos, es capaz de cualquier cosa”.

Agregan: “Luis Coppola se asume como víctima política queriendo involucrar al PAN, al Gobierno del Estado y a un empresario (Raúl Aréchiga Espinoza) que no es accionista de esta empresa ni está involucrado en estas acciones (…) Sería muy lamentable que esto le valiera para escabullirse de la aplicación de la Ley, pues en un Estado de Derecho, no valen amiguismos ni vínculos políticos”.

Puntualizan: “Luis Alberto y Alberto Giuseppe tienen expeditos sus derechos para demostrar su inocencia, de modo que estamos ampliamente informados de las acciones judiciales en su contra, en las que han actuado en los procedimientos ante las autoridades, no existe ninguna razón para que pretendan hacer uso de otros medios, cuando es ante las autoridades del caso, donde deben acudir en defensa de sus intereses”.

 

LAS IRREGULARIDADES

A pesar de la postura de los familiares del ex senador del PAN, y durante el proceso de investigación, según copia del expediente en manos de ZETA, la PGJE torció tanto la investigación que hasta el Juez Primero de Primera Instancia del Partido Judicial de Los Cabos, Hugo Bustos Flores, negó, y por primera vez, la orden de aprehensión el 17 de septiembre de 2015, cuando el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Christian Yojan’s Gaxiola Montoya, solicitó detener y ordenar el encarcelamiento de los empresarios hoteleros Luis Alberto y Alberto Giuseppe.

El juzgador expuso que “el caso que nos ocupa carece de formalidades”, establecidas en los artículos 53, 57, 68 y 63 del Código de Procedimientos Penales, y que a la letra dicen:

* Artículo 53. Las actuaciones deberán escribirse de manera clara.

* Artículo 57. Las actuaciones del Ministerio Público y del juzgador se llevarán por duplicado, serán autorizadas con las firmas correspondientes y conservadas en archivos distintos.

* Artículo 63. Los secretarios del Juzgado y del Ministerio Público, en su caso, cotejarán las copias y testimonios de las constancias que se manden expedir y las autorizarán con su firma y sello correspondiente, foliando, rubricando y entre sellando las fojas en que consten.

Enseguida -y según la resolución del juez-, “en el expediente original falta el entre sello de la foja 596; las copias certificadas que se advierten de la foja 1159 a 1171 de autos del expediente en original se encuentran incompletas al no coincidir con las mismas que se encuentran en las fojas del expediente duplicado; la copia certificada que se encuentra en la foja 1467 es la misma que la foja 1466, y el cual no se encuentra la foja 1467 del expediente del duplicado”.

Posteriormente establece: “Las circunstancias y omisiones puestas de manifiesto, imposibilitan a este órgano jurisdiccional imponerse de los autos, a fin de resolver la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, además de que inclusive podrían violentarse las garantías individuales de certeza y seguridad jurídica que deben regir cualquier procedimiento, más aún tratándose de la naturaleza penal, al pretender resolver esta autoridad con base en actuaciones que adolecen de los más mínimos requisitos formales, sería totalmente contrario al principio de legalidad”.

Finalmente, “esta situación pudiese generar que con posterioridad llegaran a declararse nulas dichas actuaciones por no satisfacerse las exigencias establecidas en los artículos multicitados y generarían la nulidad de actuaciones practicadas posteriormente, ante el vicio formal que las afecta, lo que iría en contra del Articulo 17 de la Constitución Política de la República, pues dicho vicio retardaría la justicia pronta y expedita”.

En el expediente en poder de ZETA, son evidentes las siguientes irregularidades en el proceso de investigación.

La subprocuradora de la Zona Sur, Karla Marilú Rodríguez Santillán, dio línea para capturar y encarcelar a los hermanos Luis Alberto y Alberto Guisseppe de apellido Coppola Joffroy, y quienes tenían diferencia políticas con el ex gobernador Marcos Alberto Covarrubias y el actual jefe del Ejecutivo, Carlos Mendoza Davis.

La subprocuradora de la Zona Sur, Karla Marilú Rodríguez Santillán, dio línea para capturar y encarcelar a los hermanos Luis Alberto y Alberto Guisseppe de apellido Coppola Joffroy, y quienes tenían diferencia políticas con el ex gobernador Marcos Alberto Covarrubias y el actual jefe del Ejecutivo, Carlos Mendoza Davis.

* Abusando de su poder y violentando los procedimientos legales y hasta Derechos Humanos de los acusados, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, nunca otorgó la oportunidad de defenderse, citándolos a rendir su declaración, por lo que no pudieron dar su versión sobres los hechos ni aportar pruebas en su defensa.

* De manera omisa e irresponsable, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, no integró las solicitudes de comparecencia voluntaria de los acusados en el expediente, quienes entregaron hasta su dirección particular, a fin de ser llamados a declarar y exponer su versión.

* Evidentemente fueron falsificados algunos dictámenes por parte de la Dirección de Servicios Periciales. El 6 de abril de 2015, el agente del Ministerio Público, bajo el número de oficio 1248/2015, solicitó la participación de un perito en contabilidad, a fin de que determinara si hubo o no afectación patrimonial. El 8 de abril, el director de Servicios Periciales, Miguel Ángel Almaguer Valencia, bajo el número de oficio DSP/2681/2015, designó a Josué Díaz García como perito en materia de contabilidad, pero sospechosamente  y tras rendir su informe, el perito contable transcribió que el 7 de abril, un día antes de que fuera designado oficialmente, había estado en la Agencia del Ministerio Público revisando la documentación del expediente.

*A sabiendas de que en tres ocasiones estuvieron en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, esperando entregar las solicitudes voluntarias de que fueran citados a declarar, sospechosamente los notificadores no pudieron encontrar a los seis inculpados, cuando fueron a entregar los presuntos citatorios el 14 de julio, así como los días 4 y 5 de agosto de 2015.

* Los agentes de la Policía Ministerial del Estado -informe expedido el 31 de agosto de 2015- casualmente tampoco pudieron encontrar a los acusados en sus domicilios, lo que derivó en órdenes de aprehensión en su contra. Contradictoriamente, tras recibir una solicitud del Juzgado Segundo de Distrito en torno a un juicio de amparo -expediente 1242/2015-, donde solicita informar si tenía o no una orden de aprehensión contra los acusados, la Policía Ministerial rechazó saber del caso.

* En el expediente tampoco aparece la declaración de los inversionistas españoles de Desarrolladora Naajal, S.A. de C.V., quienes eran clave para aclarar cualquier duda al respecto.

A pesar de estas irregularidades y sin corregir las actuaciones practicadas, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Christian Yojan’s Gaxiola Montoya, volvió a enviar el expediente el 10 de noviembre, solo que al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, Francisco Efrén Cabreras Trillas, quien el 17 de diciembre de 2015, libró la orden de aprehensión en contra de los señalados.

Hoy por hoy, ninguno de los acusados ha sido capturado, salvo Martha Judith Ávila Romero, quien sospechosamente fue detenida por la Policía Estatal Preventiva bajo el mando del secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.

De acuerdo con el abogado de la víctima, el comisario de la PEP, Francisco Javier Moreno Montaño, fue el encargado de ejecutar la orden de aprehensión, solo que tuvo que ser liberada por estar amparada.

Sobre estos hechos, el procurador Palemón Alamilla Villeda no fijó una postura.

Un colaborador cercano explicó a ZETA que no lo consideró “prudente y apropiado”, tomando en cuenta que es un proceso “reservado”, esto es, una averiguación previa.

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