El informe sobre la situación de los derechos humanos en México que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no tiene “fundamento” y no refleja la situación general del país, replicó el Gobierno de México.
“Desafortunadamente no refleja la situación general del País y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”, indicaron a través de un comunicado conjunto las Secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR).
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Las dependencias citadas señalaron que el Estado mexicano fue enfático con los enviados de la CIDH, en distintos momentos, en afirmar que no se vive una crisis de derechos humanos en el país, por lo que calificaron el informe de “sesgado”.
“Tanto en la visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH –que hoy se retoman en el informe– se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”, replicaron la PGR, la SRE y la Segob.
“Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas”, se lee en el comunicado.
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El organismo internacional señaló que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años” en gran medida por la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
También dijo que al aumentar el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha “desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.
“Desafortunadamente, el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997”, reclaman las dependencias del Gobierno federal.
Las autoridades mexicanas resaltaron que “el Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia. Por ello, se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”.
No obstante, el comunicado gubernamental señala que, “independientemente de lo anterior, el gobierno de la República toma nota de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe y reitera que las analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda, si bien, como la misma CIDH reconoce, muchas de estas ya han sido atendidas o bien se trabaja en atenderlas, incluso desde antes que la Comisión visitara México”.
En su informe “Situación sobre Derechos Humanos en México”, la CIDH afirmó que en el país, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía en septiembre de 2014, es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.
La CIDH, que no emitía un informe sobre México desde 1998, subrayó que el caso de Iguala es muestra de la “graves deficiencias” de las investigaciones en este tipo de casos, como la “impunidad estructural y casi absoluta” en los graves crímenes que ocurren en el país.
