Ex residentes de la zona conocida como “El Bordo” han emigrado a Playas de Tijuana, provocando un incremento en robo a casa habitación y en diversos delitos del fuero común, señaló la delegada de esa demarcación, Martina Montenegro.
El malecón de Playas de Tijuana ha sido uno de los puntos donde se concentran los indigentes, y se ha vuelto frecuente la sustracción de las tablas que componen el andador turístico para hacer fogatas con la madera, además de la mala imagen que ello representa para el turismo que acude a esa zona.
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Las personas sin hogar duermen en el parque público y han llegado a asaltar a los peatones, principalmente durante la noche, expuso.
Esa situación mantiene en alerta tanto a autoridades como a pobladores, dijo la funcionaria, al indicar que ante el incremento de la delincuencia, “Seguridad Pública está trabajando al respecto, porque sí aumentaron las quejas de parte de los vecinos”. La Policía Municipal adquirió recientemente una unidad 4×4 equipada especialmente para las labores de vigilancia de esa área, subrayó.
En tanto la delegación de Playas ha emprendido medidas para ese sector, apoyándolos con el proceso para el regreso a sus Estados de origen, así como en la colaboración con Organizaciones No Gubernamentales -ONGs- para canalizarlos a centros de rehabilitación, cuando así se requiera.
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Precisó que dos propiedades aparentemente abandonadas sobre la Avenida Paseo Costero, donde se ubica el andador turístico, son utilizadas por los indigentes para pernoctar.
Personal administrativo del Parque México que se encuentra en las inmediaciones del lugar, acusaron que uno de los inmuebles es utilizado a últimas fechas como “picadero”.
Según Montenegro, de las gestiones realizadas para detectar a los propietarios de los inmuebles, se encontró que el que señalan como picadero es rentado por una persona de nombre Esperanza Lozano Gómez a los indigentes. Se desconoce el paradero de tres propietarios originales: Zacarías Hernández, María Navarro Aguilar y Martín Ruiz Navarro.
Por su irregularidad, no se ha cumplido -por más de una década- con el pago del Impuesto Predial, no obstante, todavía no se encuentra en procedimiento de embargo.
El Código Civil de Baja California contempla que tras 10 años de invasión, la persona que haya ingresado de manera arbitraria a un inmueble puede solicitar a un juez civil que se abra un juicio buscando que se le otorgue la propiedad del inmueble, y a decir de la abogada de la delegación Playas, Iris Martínez, ése fue el recurso del que hizo uso Lozano Gómez en 2011; sin embargo, dijo desconocer el estado del proceso legal.
Durante un recorrido de ZETA por el sitio quedó de manifiesto la presencia de por lo menos diez indigentes fuera del edificio color blanco, sin número, situado a pocos metros de la malla divisoria con los Estados Unidos.
En un sondeo, las personas que ahí duermen -por el momento son un promedio de 20-, admitieron haber sido deportados de Estados Unidos, pero aseguraron que el inmueble es “un albergue”, por el que pagan entre 10 y 30 pesos “para pasar la noche”; además, dijeron recibir atención médica gratuita y diariamente.
No obstante, la delegada de Playas de Tijuana aseguró no contar con registro de ningún albergue en ese punto.
