En su informe “Situación sobre Derechos Humanos en México”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que en el país, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía en septiembre de 2014, es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.
La CIDH, que no emitía un informe sobre México desde 1998, subrayó que el caso de Iguala es muestra de la “graves deficiencias” de las investigaciones en este tipo de casos, como la “impunidad estructural y casi absoluta” en los graves crímenes que ocurren en el país.
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Además, la Comisión consideró insuficiente la respuesta del Estado mexicano a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y exhortó a las autoridades a erradicar la impunidad generalizada.
El informe incluye, además, un amplio diagnóstico de las fuentes de violencia, sus manifestaciones y un análisis detallado y documentado de la situación de derechos humanos en México.
El informe, elaborado después de que siete integrantes de la CIDH visitaran México el pasado octubre, destaca las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos como las principales violaciones.
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El informe también se enfoca sobre el uso de violencia por agentes del Estado, incluyendo los casos de Tlatlaya, Estado de México, en 2014, el de Apatzingán y el enfrentamiento en límites entre Tanhuato y Ecuandurco en Michoacán en 2015, y resalta la necesidad de medidas para la rendición de cuentas por autoridades.
“La práctica de la tortura es alarmante en México”, y también es “generalizada”, declara el informe.
Citando cifras oficiales, el reporte ubicó en 26 mil 798 la cantidad de personas desaparecidas en todo el país. También apuntó que la Procuraduría General de la República (PGR) investigaba 2 mil 420 denuncias de tortura en abril de 2015, sin embargo, sólo hubo 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal.
En otro apartado cita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la cifra de 151 mil 233 homicidios desde 2006 hasta agosto de 2015.
La CIDH señaló que la situación en México se agravó desde que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó una campaña contra el crimen organizado en 2006, y además, negó que haya habido mejora alguna en los niveles de violencia tras la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.
En un resumen de las violaciones de derechos humanos y la impunidad, el informe subraya que bajo el actual régimen no se ofrecieron “cambios sustanciales” en políticas de seguridad mientras que continúan desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y la inseguridad ciudadana, así como la de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
“La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una ‘simulación’”, se lee en el informe que debería ser anual.
Sin embargo, en el extenso informe sí valoró como “importantes” la reforma constitucional y varias legislaciones que han entrado en vigencia desde 2011 para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada.
Al mismo tiempo, la CIDH manifiesta su “agrado” por la “apertura” del Estado mexicano al escrutinio internacional y la labor del GIEI en torno a los hechos en Iguala.
A pesar de ello, el órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) detectó graves irregularidades en las investigaciones que se llevan adelante por desapariciones, por lo que recomendó un paquete de medidas para alcanzar esa meta, entre otras, adoptar una ley general sobre desaparición, otra sobre tortura, así como mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
“En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. Por lo tanto, el gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”, concluye el informe de la CIDH sobre los DH en México.
