Un promedio de 600 docentes de Baja California han emitido solicitudes de amparo en contra de la evaluación docente, acción que se ha generalizado en los últimos días.
El martes 1 de marzo de 2016, el Sindicato Independiente Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California -SIETE BC-, representado por José Salvador Rubio Núñez, presentó ante el Poder Judicial del Estado una solicitud de amparo colectivo para evitar la aplicación del examen estandarizado a sus 500 agremiados.
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Rubio Núñez calificó la evaluación como una trasgresión a los derechos humanos de los docentes, “no se puede ingresar, promover, permanecer u obtener un mejor salario, condicionando la plaza al resultado de un examen”, dijo.
Por ello es que los docentes han buscado el amparo de las autoridades judiciales del Estado, pero en caso de no ser admitido, advirtió, se buscará la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, alrededor de cien profesores sindicalizados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos -CECYTE- de Baja California, requirieron el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN-, para que se les permita abstenerse de presentar la evaluación, correspondiente al Servicio Profesional Docente, para el cual no han sido capacitados, declaró Guadalupe Olvera, titular del Sindicato Único de Trabajadores del CECYTE-Sutcecyte BC-.
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El sábado 27 de febrero, los miembros de esa organización sindical participaron en un foro de análisis del tema, donde argumentaron que al obtener la “idoneidad” en el examen de la Secretaría de Educación Pública -SEP-, los trabajadores de la educación pierden la plaza y se someten a un contrato con seis meses de duración, perdiendo las prestaciones de Ley ganadas.
Por su parte, la secretaria de Acuerdos de Sutcecyte BC, Norma Quiroz, denunció que los profesores fueron inscritos en el sistema del Servicio Profesional Docente, sin previa autorización. Uno de los afectados, José Urrutia, dijo haber recibido amenazas de despido por parte de la Dirección General de CECYTE, en caso de que continúe en la negativa de evaluarse: “nos dicen que si no nos presentamos, nos van a correr”.
El hecho fue desmentido por el director general de CECYTE en el Estado, José Luis Kato Lizardi, quien negó que el examen se dé bajo amenazas y que su aplicación inhiba los derechos de los docentes, “ése es un dato erróneo, no se tiene como fin cortar los derechos laborales”, apuntó a ZETA.
Calificó de improcedente el esfuerzo que los docentes realizan al solicitar amparos ante la SCJN, y explicó: “El amparo sería interpuesto en contra del Artículo Tercero de la Constitución, lo que no es posible legalmente, muestra de ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dado marcha atrás a procedimientos similares”.
De 900 maestros distribuidos en las 40 unidades de CECYTE en Baja California, 300 ya fueron evaluados, obteniendo un 11por ciento de ellos una calificación de “Insuficiente”; sin embargo, subrayó tienen la oportunidad de presentar una segunda valoración y, en caso de mantener su estado reprobatorio, tendrían que salir del aula y ocupar un puesto administrativo, hasta que logren aprobar. En contraparte, los que sí aprobaron obtendrán una aumento salarial del 24 por ciento.
En el caso de los aspirantes a ocupar una plaza por primera vez, el funcionario explicó que de obtener un certificado de idoneidad de parte de la SEP, se les otorgará un contrato por seis meses, capacidad que tendrán que demostrar en dos periodos siguientes para acceder a una base.
