Una jueza federal ordenó la vinculación a proceso del alcalde de Silao, Guanajuato, Enrique Solís Arzola, como autor intelectual del ataque a la reportera Karla Janeth Silva Guerrero, perpetrado hace ya dos años.
La jueza Gloria Esther Hernández Valtierra le dictó prisión preventiva el domingo al ex alcalde, acusado de ser el autor intelectual de la agresión a la periodista de El Heraldo de León.
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El ex presidente municipal, detenido ayer por la mañana, permanecerá recluido en el penal de Irapuato, durante los dos meses que se estima dure el proceso para dictarle sentencia, en el nuevo sistema de justicia penal.
A Solís Arzola se le acusa de los delitos de agresiones, robo calificado y amenazas de muerte, pese a que sus abogados presentaron un amparo que les fue negado.
La defensa legal del ex alcalde trató de acusar sólo al ex director de la policía municipal, Nicasio Aguirre, por los hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2014, cuando Karla Silva fue agredida en la redacción del periódico donde labora por Luis Gerardo Hernández, Joaquín Osvaldo Valero Garnica y José Samuel Ornelas Martínez, quienes presuntamente recibieron órdenes de Aguirre.
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Entrevistada por Paola Rojas en Radio Fórmula, la reportera se dijo tranquila y confiada que habrá “buenos resultados”.
Sin embargo, la periodista reconoció que pese a la detención del ex presidente municipal, realiza su trabajo con adecuaciones y sigue con vigilancia estatal. He estado “un poquito más imitada, pero yo sigo”.
He tratado de “ser muy cautelosa en mi seguridad. Continúo con protección con vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad”, señaló.
Al responder sobre si teme a represalias por parte del ex alcalde, Silva Guerrero admitió que ha sido complejo continuar con su vida.
Agregó que “es una situación difícil de lidiar. Siempre estoy buscando la manera de acomodar mis entrevistas y reuniones, porque es bastante complejo”.
“Este no es un trabajo no nada más por mí, sino por todo el gremio. Lo he manifestado en repetidas ocasiones, va siendo momento en México de poner un alto. De demostrarle a la autoridad, al Estado que no puede ejercer recursos públicos, que no puede emplear el poder que tiene para dañar a la sociedad”, añadió sobre lo que ha representado su denuncia y posterior batalla jurídica.
