De 807 homicidios cometidos en 14 meses, 595 siguen sin un asesino identificado por la autoridad. En lo que va de 2016, el porcentaje de casos sin resolver ha aumentado. Sólo el 15 por ciento de las investigaciones han sido debidamente integradas y aceptadas por jueces para iniciar procesos penales. La marca del narco, la constante en los homicidios impunes
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Del 1 de enero al 2 de marzo de 2016, 137 personas han sido asesinadas en Tijuana. Sólo en el 15 por ciento de los casos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha encontrado elementos suficientes para consignar al presunto responsable.
Esto no significa que los homicidas estén detenidos o bajo proceso. El número corresponde a expedientes, con o sin detenidos, puestos a disposición de un juez, explica el subprocurador de Investigaciones Especiales en Tijuana, Miguel Ángel Guerrero.
El porcentaje de casos resueltos en lo que va de 2016, disminuyó a la mitad respecto a 2015. Ese año, la PGJE registró 670 homicidios en la ciudad. Por cada asesinato, se abre una averiguación previa, pero sólo 192 de éstas transitaron a causas penales aceptadas por un juez. Esto equivale al 30%.
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En cambio, de los 137 homicidios en 2016, solo 20 casos han sido consignados por medio de un expediente judicial. Por lo tanto, hay 117 víctimas sin un homicida identificado.
Mientras los asuntos con mayor efectividad en su resolución son los relacionados con violencia intrafamiliar, específicamente con la muerte de menores de edad a causa de maltrato de sus padres, explica el subprocurador, los más difíciles son los relacionados con el narcomenudeo.
Las ejecuciones por deudas de droga, pugnas entre células y cárteles, no sólo son las que toman más tiempo resolver a los agentes ministeriales; también representan la gran parte de los homicidios cometidos en la ciudad.
TESTIGOS AMENAZADOS Y ASESINADOS
En cálculos del subprocurador de Investigaciones Especiales en Tijuana, el 85% de los homicidios están relacionados con el narcomenudeo. El porcentaje es el mismo que los asesinatos sin resolver.
La causa, así la detalla Miguel Ángel Guerrero: “Para mandar ante un juez un caso, lo más difícil es la falta de testigos. No porque no los haya, sino porque no quieren declarar”.
Según el funcionario estatal, muchos de los testigos de homicidios cometidos por causas relacionadas con el narcomenudeo, también trabajan para células criminales como vendedores, sicarios, o bien, son adictos a las drogas.
“Difícilmente acuden a declarar o no tienen ni domicilio fijo y no pueden ser citados, cuando los buscan, no los encuentras”, expone.
Otro de los obstáculos para que los testigos acudan a los Juzgados para rendir o ratificar sus declaraciones, son precisamente las amenazas que reciben.
Jose Giovanni Arias Medina, “El Sotol” o “El Gordo”. Su tercera detencion de 2016
“Hay algunos casos en los que han matado a testigos porque se enteran que declararon. Cuando vamos a hablar con los vecinos, dicen que no vieron nada, que no quieren saber nada y que no se quieren meter en problemas”, refiere.
La explicación del subprocurador continúa: “Cuando no hay testigos que quieren declarar o que se retractan en el Juzgado, si no existe un arma homicida recuperada con huellas de las personas que se utilizó, adquieren la libertad por falta de elementos. La averiguación previa regresa al Ministerio Público para que la siga integrando, se recaben más pruebas y el juez la vuelve a remitir otra vez y, en su caso, gira una orden de aprehensión o reaprehensión”.
Si no es por medio de testigos o declaraciones, es entonces a través de las pruebas recabadas por el equipo de Servicios Periciales como se sostiene una averiguación previa por homicidio.
El subprocurador manifiesta que en un 50% de los homicidios, se localiza el arma, no forzosamente de fuego, sino cuchillos, navajas o en algunos casos, incluso la bolsa de plástico con que se asfixió a la víctima o la cuerda o cordón con que fue estrangulada.
Aseguró que en todos los casos donde aparece un cuerpo sin vida, el Ministerio Público de oficio ordena que se levanten muestras como cabellos, vellos púbicos o faciales, huellas en latas de cerveza, colillas de cigarro, vasos y fibras como en una camisa, sudadera o pantalón.
Y en el caso de las víctimas mujeres, en casi todas se toman muestras vaginales y anales en búsqueda de semen o fluidos. “Hemos tenido casos de mujeres asesinadas después de haber tenido sexo con personas.
“Si las excavaciones arrojan células, entonces se guardan para cuando sea detenida una persona, compararlas con su ADN”.
No obstante, en la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, se sabe que cuando se detiene a una persona que trabaja para una célula operativa contraria a la que pertenecía la víctima, es probable que confiese varios crímenes.
“Han terminado confesándonos hasta nueve homicidios, que hemos resuelto con un solo detenido porque su trabajo es ejecutar a personas de la banda contraria, porque trabajaba para ellos y ahora para la competencia o por deudas”.
“EL SOTOL”: 17 VECES DETENIDO EN TIJUANA Y ESTADOS UNIDOS
José Giovanni Arias Medina “El Sotol” había sido detenido en 17 ocasiones en tres años. Siempre había salido libre, incluso con una orden de aprehensión en su contra. Desde el 12 de febrero de 2016, permanece preso, mientras se le juzga por homicidio calificado en grado de autor mediato y coautor.
“El Sotol”, jefe de sicarios de Alfonso Arzate “El Aquiles”, fue detenido por elementos de la Policía Municipal y del Ejército en la colonia Libertad. Días antes, el 23 y 26 de enero, se le aprehendió por delitos relacionados con drogas, pero no fue consignado.
Tampoco era la primera vez, a finales de 2014, agentes municipales cumplimentaron una orden de aprehensión federal por tráfico de personas, y lo puso a disposición de la Subprocuraduría Investigadora Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), pero también salió libre.
Y es que “El Sotol” no sólo formaba parte del grupo de sicarios del Cártel de Sinaloa, a cargo de “El Aquiles”; áreas de inteligencia en Estados Unidos también lo ubican como traficante de migrantes y de drogas. Tan sólo en la Patrulla Fronteriza, ha acumulado nueve detenciones bajo el nombre de José Castro Medina.
En uno de los expedientes judiciales abiertos en la Corte Federal del Distrito Sur de California, al cual ZETA tuvo acceso, se detalla que el 5 de enero de 2008, “El Sotol” ingresó a territorio estadounidense sin documentos, después de haber sido deportado de ese país.
Arias Medina fue capturado antes de las siete de la mañana de ese sábado. Sus huellas, a 137 escasos metros del muro entre México y Estados Unidos, fueron seguidas por agentes norteamericanos hasta que lo encontraron, con otras cuatro personas, escondido entre unos arbustos.
Aunque “El Sotol” intentó huir corriendo, fue alcanzado. Registros localizados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, arrojan deportaciones previas como la del 27 de junio de 2007 a través de Calexico, California.
En 2015, Arias Medina había sido detenido en cinco ocasiones por la Policía Municipal y presentado por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos útiles, tráfico de personas y robo de vehículos.
Al subprocurador de Investigaciones Especiales, Miguel Ángel Guerrero, se le cuestionó por qué “El Sotol” había salido libre de la PGJE después de haber sido entregado por agentes municipales.
“No había los elementos suficientes para consignarlo por homicidio. Únicamente se mencionaba la supuesta participación de él, pero nunca había sido acreditada. Ninguna de las personas había declarado precisamente que recibieron órdenes expresas de ‘El Sotol’, respondió.
De igual forma, expuso que la PGJE no contaba con la fotografía ni con el nombre completo del detenido para lograr que fuera plenamente reconocido.
Esto hasta hace poco. “A raíz de los últimos sujetos que se detuvieron y se consignaron antes de él, se pudo determinar mediante fotografía que lo reconocen sus cómplices con nombre”.
Se trata de Esteban Enríquez Muñoz, alias Esteban Muñoz Delgado “El Rambo”; Yean Carlo Ramírez Rangel “El Yoni” o “El Juanillo”; y Bernardo Arturo Ordaz Miguel “El Peter” o “El Cucho”, detenidos el 11 de febrero. Los tres tenían orden de aprehensión por homicidio calificado por crímenes cometidos en la colonia Libertad, Zona Norte y Zona Centro.
Están vinculados a la banda de “El Sotol”, dedicada a asesinar a narcomenudistas de su propio grupo por deudas de droga, así como a miembros de otros grupos por la disputa del control de la venta de drogas en la ciudad y el tráfico de personas a Estados Unidos.
El caso de José Giovanni Arias Medina radica en el Juzgado Séptimo Penal de Tijuana, donde se le dictó auto de formal prisión y está sujeto a proceso.
