La falta de avances en las investigaciones sobre la tragedia ocurrida a 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, “es una muestra más de la negligente respuesta del gobierno mexicano a la profunda crisis de derechos humanos”, señaló Amnistía Internacional (AI) en una reunión que mantuvo con familiares de las víctimas.
“El Gobierno mexicano tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones eficientes y de generar un plan integral de reparación del daño para estas víctimas y sus familias, que han buscado justicia durante más de cinco años”, afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
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“Considerando las graves fallas en las investigaciones forenses documentadas en México, no sorprende que familias de los 72 migrantes asesinados en la masacre de San Fernando tengan que viajar miles de kilómetros para exigir la revisión de sus casos”, afirmó también Guevara Rosas.
El 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres originarios de Centro y Sur América, fueron asesinados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas. Desde entonces a la fecha, las investigaciones realizadas han sido insuficientes, los familiares continúan reclamando que se les garantice su derecho a la verdad.
Además, han existido serias fallas en el proceso de identificación y entrega de restos, lo cual ha llevado a los familiares a tener serias dudas y exigir la revisión de sus casos.
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Durante la reunión con Amnistía, los familiares de las víctimas, provenientes de Guatemala, El Salvador y Brasil, señalaron los obstáculos que han enfrentado en la búsqueda de justicia, verdad y reparación, así como, la falta de debida diligencia por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a la investigación y a la rendición de cuentas hacia las familias.
Amnistía Internacional lamentó conocer de las familias la falta de disponibilidad de las altas autoridades de la PGR para reunirse con ellas, y la nula información recibida respecto de “avances” en la investigación, a pesar del largo viaje y el esfuerzo realizado para poder venir a México.
“No hay tiempo que perder. La inacción de las autoridades ante la investigación de estas masacres implica una abierta revictimización de estas familias y sus comunidades. Es hora de que el gobierno mexicano de una respuesta a la altura de las circunstancias y acelere los esfuerzos para proveer a los familiares de una reparación integral”, concluyó Guevara Rosas.
