La denuncia de abuso sexual del que presuntamente siete niños fueron víctimas en el albergue rural de Santiago “era un secreto a voces” en la Coordinación de Albergues Escolares, en la SEP y en Secretaría de Salud, explican familiares de los menores
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Todos Santos, Baja California Sur.- “Me violaron”, refiere el niño Juan C.
Para obtener esa escueta respuesta, los reporteros de ZETA tuvieron que realizar tres veces la misma pregunta:
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“¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que te pasó?”.
El niño de 11 años no responde. Evidentemente, el tema es muy incómodo, al grado de molesto.
Nuevamente viene la pregunta, y el pequeño voltea al techo con la mira perdida. Pareciera estar ausente durante la entrevista, pero físicamente está en el lugar, sentado en una banca, moviendo un pie y agarrándose de las manos.
El rostro del niño denota miedo y asume una actitud de defensa cuando es cuestionado sobre lo sucedido en diciembre de 2014. Insiste en mirar el techo y la pared de una vivienda en este llamado Pueblo Mágico de Todos Santos. Después de 10 minutos, comienza a llorar.
El certificado médico expedido por el Centro de Salud de Todos Santos, y entregado a este Semanario por familiares y amigos, indica que el infante llegó inconsciente a la clínica del poblado.
El informe detalla que se le encontró tirado en el piso del baño general del albergue conocido como Casa Hogar del Niño, con el cierre abierto y el pantalón abajo.
El parte médico expone que durante la exploración física “el paciente se encuentra en estado ansioso, con llanto sin cesar y la mirada completamente perdida”, después de haber sido víctima de abuso sexual, pese a que, a simple vista, solo presenta un rasguño en el abdomen.
Los becarios del albergue de Santiago, únicamente conocen al ex gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y quien estuvo de visita personalmente antes de salir del cargo en una gira de despedida
Después de realizar una radiografía y algunos estudios, el diagnóstico habla por sí solo: “Ano con irritación. Esfínter dilatado. Abundante secreción hialina partículas de heces”, y concluye: “Abusado sexualmente mediante penetración anal con reflejo vaso-vagal secundario”.
El menor fue trasladado a la clínica personalmente por quien se sospecha fue su verdugo, el director del albergue, Joel Hernández, quien en su versión, afirmó haberlo encontrado tirado en el suelo, después de haber sido notificado por otros niños.
Tras ingresar a la víctima y mantenerla bajo observación, médicos de guardia de ese día prohibieron al directivo ver al paciente y tener contacto con él por la “pérdida de confianza”.
Hernández se retiró de la clínica, pero envió a una de sus empleadas, de nombre Verónica Carbajal, quien -según dijo- en calidad de “encargada del niño dentro del albergue”, solicitó informes del estado de salud de éste.
El personal de guardia cuestionó la violación del niño, la cual asumió una actitud de defensa frente a los cuestionamientos y reclamos de los médicos, en virtud de que ese albergue ya había estado involucrado en otros dos casos similares.
Los médicos dieron vista al Agente del Ministerio Público de Todos Santos que a la vuelta de dos años archivó la investigación, cuando los abogados del director de Casa Hogar del Niño, Jaime Cruz y Marbella Sánchez, tomaron el caso.
Desde entonces empezaron las amenazas y advertencias para el personal médico del Centro de Salud de Todos Santos, algunos de los cuales, incluso no quisieron declarar en contra del presunto responsable de ese abuso sexual, quien dentro de la estructura laboral del albergue tiene a su esposa Alicia Yolanda Zepeda Cázares, y a su cuñado, Manuel Zepeda Cázares.
Sobre estos hechos, ZETA, solicitó una entrevista con algún directivo de Casa Hogar del Niño, sin embargo, al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.
EL ESCÁNDALO
El caso del niño Juan C. no parece un hecho aislado. El 8 de marzo, padres de familia presentaron una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por el delito de violación en agravio de sus hijos.
El tema fue destapado por el propio Gobierno del Estado, cuando el director de Comunicación Social, Jesús Manuel Sobarzo Larrañaga, dio a conocer el caso de siete niños ultrajados en el albergue rural de Los Cabos.
Los abogados Jaime Cruz y Marbella Sánchez, en defensa del presunto violador
El funcionario leyó en un comunicado que habían recibido una denuncia de seis familias de becarios del citado albergue, quienes expusieron que siete menores de edad presuntamente habían sido abusados y sujetos de maltratos por parte de otros dos residentes del centro.
Durante la conferencia, el directivo omitió el nombre del albergue y el de las víctimas, a fin de no vulnerar sus derechos.
No obstante, expuso que la Procuraduría General de Justicia del Estado había iniciado la investigación correspondiente y ordenó la atención médica y psicológica de las presuntas víctimas, instruyendo a la subprocuradora contra la Libertad Sexual y la Familia, a fin de trasladarse al albergue rural y atender personalmente a los menores y sus familiares.
Asimismo, reveló que la Secretaría de Educación Pública suspendió del cargo al director del albergue, hasta en tanto sean deslindadas las responsabilidades, a fin de no entorpecer las investigaciones de la autoridad.
Según datos recabados por ZETA, el albergue rural donde presuntamente fueron cometidos los abusos sexuales, es el Centro Escolar Número 11, “Bonifacio Salinas Leal”, en el poblado de Santiago, al norte de Los Cabos.
Familiares y amigos de las víctimas explicaron que “los abusos sexuales ya se habían venido denunciando desde hace algunos meses atrás a todo el personal del albergue rural, desde el personal médico hasta trabajadoras sociales, así como directivos del centro”.
A su decir, las vejaciones eran “un secreto a voces” en la Coordinación de Albergues Escolares, SEP y Secretaría de Salud. No obstante, nadie hizo nada.
LOS RESPONSABLES
Según uno de los familiares de las víctimas, quien solicitó omitir su nombre por obvias razones, consideró que tanto “la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Salud, son moralmente responsables de los lamentables hechos”, sobre todo los siguientes funcionarios:
* Francisco Javier Anguiano Martínez y Virginia Gómez Cota, director y administradora del albergue Número 11.
* Jesús Efraín Higuera Flores, supervisor de los albergues en Los Cabos.
* Erasmo Higuera Mayoral, director de Albergues Escolares de la SEP en BCS.
Los cuatro directivos no dieron la importancia debida a las violaciones, incluso los padres de las víctimas tuvieron que buscar otro canal de comunicación y presentar las denuncias correspondientes.
Sobre estos hechos, el supervisor de los albergues en Los Cabos, Jesús Efraín Higuera Flores, declaró no tener “nada que decir al respecto” cuando ZETA lo interrogó sí había recibido alguna denuncia sobre los abusos sexuales.
— En su calidad de supervisor, ¿Usted tuvo en sus manos alguna denuncia sobre las violaciones, previo al escándalo de los abusos sexuales en el albergue de Santiago?
“¿De dónde me llama, perdón?”, planteó vía telefónica.
— De ZETA. Únicamente queremos conocer su versión sobre el caso de la violación de siete niños en un albergue que Usted supuestamente supervisaba.
“¿Tiene la evidencia de la violación?”.
— No, pero es el caso que el Gobierno del Estado dio a conocer de supuestas violaciones en un albergue que Usted supervisaba.
“No tengo información al respecto”.
— Pero Usted como supervisor, ¿sabía o no de lo que estaba ocurriendo en el albergue de Santiago? ¿Recibió alguna denuncia o no?
“No tengo alguna información al respecto”.
Por su parte, el director de Albergues Escolares de la SEP, Erasmo Higuera Mayoral, anunció que iniciaría “una revisión de todos los albergues escolares del Estado, a fin de detectar focos rojos y actuar de inmediato en este tipo de casos”.
Jesús Manuel Sobarzo Larragaña, director de Comunicación Social
De acuerdo con datos recabados por ZETA, la SEP tiene 28 albergues escolares distribuidos de la siguiente manera: seis en Mulegé, nueve en Comondú, dos en Loreto, cuatro en La Paz y siete en Los Cabos, donde están internados mil 258 estudiantes desde nivel preescolar hasta secundaria, procedentes de las comunidades rurales de Baja California Sur.
En cada uno de los albergues rurales -refieren la SEP y la Secretaría de Salud- hay un médico, una trabajadora social, una cocinera, una lavandera, maestros y personal administrativo, los cuales reciben a niñas y niños de rancherías, comunidades aisladas y zonas marginadas.
Los albergues “son administrados por maestros normalistas titulados y de estado civil casados, quienes tienen vocación de servicio que permita una entrega profesional y una ética de comportamiento capaz de brindar una asistencia confiable y segura a los niños”.
Lo sucedido en el albergue rural de Santiago dista mucho de lo que públicamente presume la Secretaría de Educación Pública. (Colaboró Alejandro Acuña Rivera)
