“Cuanto más delincuentes existan más crímenes existirán, cuanto más crímenes haya más miedo tendrá la población y cuanto más miedo haya en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial.”
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Michael Foucault
Fuera de las principales ciudades de nuestro país, es la autoridad del gobierno federal la única que cuenta con recursos para investigar y recabar información sobre las diversas actividades que realizan los grupos de delincuencia organizada, y con esta información se podrán llevar operativos que incuestionablemente serían más oportunos y certeros en zonas que se encuentran en manos del crimen organizado y en donde sus actividades son prácticamente ininterrumpidas, sin dejar de soslayar que las intervenciones de las autoridades federales tienden a dar un énfasis hacia el combate frontal y abierto contra determinados grupos de delincuencia organizada, pero en esos operativos no se percibe, ni se da ni queda la sensación de que dichas acciones tuvieran como propósito la disuasión de las actividades criminales diversas que afectan a la población, tanto la efectuada por los grupos de delincuencia organizada.
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Para lograr lo anterior, es indispensable acciones de intensiva inteligencia para conocer y consecuentemente identificar a quienes son los actores en delitos de alto impacto, (secuestro, robo de vehículos, delitos contra la salud, delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego, etc., dentro de otros.)
De esta forma se deben de utilizar todos los recursos, medios, herramientas e instrumentos legales disponibles para castigar a todas las personas que se les vincule con estos grupos de delincuencia, puesto que no basta la detención de uno o de algunos líderes por más importantes que éstos sean, si no se logra sancionar a los miembros de otros grupos de delincuencia que forman parte de la cadena delictiva, puesto que de otra forma, caerá un dirigente, y seguramente, ya está el reemplazo frente al mando para continuar con las actividades antisociales, aunque el jefe o dirigente de la organización haya sido detenido, lo que se quiere decir, que al combatir a una unidad delictiva, debe de procurarse su eliminación.
Es incuestionable que dentro de la reorganización para el enfrentamiento a las organizaciones violentas del país se hace indispensable modificar sustancialmente el programa de los testigos protegidos. En la ya conocida ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se incluye la figura de “los testigos colaboradores” que básicamente son parte de las organizaciones antisociales que pueden recibir beneficios, incluyendo, la reducción de penas hasta las dos terceras partes, a cambio de aportar a la autoridad elementos de prueba útiles para la investigación de los delitos.
Es necesario recordar que en 2012, se aprobó la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal, ya es del dominio público que el Programa de Testigos Protegidos de la PGR, es un total fracaso, algunos testigos han desaparecido y otros han sido ejecutados.
Un testigo protegido no es bien aceptado socialmente –finalmente, también son delincuentes de alta peligrosidad, la diferencia es que reciben un trato preferencial por la información que proporcionan a la autoridad–, consecuentemente, son impopulares, por lo tanto, reformar el programa y hacerlo más confiable es una altura que resultaría de amplio beneficio para la autoridad federal que combate el delito, ante el fracaso evidente de las investigaciones por parte de la policía estatal que en muchas veces, los miembros de estas policías, no solo están en la nómina oficial sino que se encuentran incluidos en las nóminas de los grupos antisociales con sustanciales salarios que no se comparan a los sueldos que perciben por parte de la autoridad.
Benigno Licea González, ex Presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, A.C., y candidato a Doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
