Sortilegioz
Dicen sus cercanos que se cuentan por cientos, los millones de dólares que Carlos Bustamante Anchondo, su familia y socios han perdido con la clausura del casino Grand Arenia, que ya suma los 100 días de inactividad. Tal acontecimiento, completan, tiene al ex alcalde en mal estado. No solo físico, acaso emocional.
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Don Carlos, como se suelen referir a él en “Las Torres”, pasa de un estado de ánimo a otro. Se nota en sus manifestaciones públicas. Pasó del silencio cuando autoridades del Ayuntamiento de Tijuana clausuraron su casino, a acusar al actual alcalde Jorge Astiazarán Orcí de servir -con la acción de la clausura- a intereses ajenos, particularmente a los de Jorge Hank Rhon, en un intento por humillar políticamente al presidente municipal. A los días reculó y, a través de intermediarios, solicitó una reunión con el alcalde para “por las buenas” limar asperezas. Lo dio por cierto. Informan que después que su hermano Alfonso salió de la cita con Astiazarán, el buen ánimo regresó a Las Torres. Pero a los días, insisten, Bustamante entendió que pesar de la acusación pública a la negociación privada con el doctor Astiazarán, no llevaría la apertura de su casa de apuestas a buen puerto.
Efectivamente, de la reunión del otro Bustamante con la autoridad local han pasado semanas, y nada. Un litigio privado, dicen, mantiene cerrada la casa de apuestas. Ya antes, en otra actitud, Bustamante inició un juicio de amparo, quedó asentado con el número 1315/2015, el 12 de enero de 2015, “…promovido por Carlos Bustamante Anchondo, en su carácter de representante legal de la mola Plaza Agua Caliente, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Dirección de Administración Urbana…”, “por la negativa de las autoridades responsables de recibirle la solicitud de operatividad mercantil y por ende expedirle el recibo de pago correspondiente”.
Después de pasar por todos estos estados de ánimo político empresarial, Bustamante se retiró a descansar y transitar en su vida privada. Pero fue un mini retiro de la escena pública.
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La última de Las Torres:
El martes 23 de febrero, Carlos Alfonso Bustamante Aubanel, cuyo abogado es Eduardo Barragán Paredes, presentó una denuncia de hechos en la Agencia del Ministerio Público del Orden Común, de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales en Turno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, contra los funcionarios Bernardo Padilla Muñoz, secretario de Gobierno municipal; Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano; y María del Carmen Velarde Vázquez, jefa del Departamento de Actividades Mercantiles de la Administración Urbana.
A tres colaboradores de Jorge Astiazarán denunciaron los Bustamante, “por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos: abuso de autoridad previsto en el artículo 293 fracción III y sancionado por el ordinal 292 y el diverso de Coalición de Servidores Públicos, previsto en el artículo 294 del Código Penales de Baja California (Sic)”.
En el cuerpo de la denuncia de hechos, el abogado que representa a Bustamante, y a su vez a Juegos y Sorteos de BC, S.A. de C.V., narra los hechos de la clausura y del trato que la autoridad municipal ha concedido, el cual, por supuesto, consideran no es el correcto.
Juran y perjuran en el texto y enumeran la cantidad de permisos que han tramitado en los distintos órdenes de gobierno (todos de 2015, sin referir los que se auto-otorgaron unos días antes que en diciembre de 2013, Carlos Bustamante padre concluyera su trienio como alcalde de Tijuana), y aseguran no encontrar justificación para la clausura del casino Grand Arenia, o para que la licencia de operación les sea cancelada.
El abogado argumenta que la clausura se realizó sin su presencia (de esto se percata en febrero) y sin que documento u oficio donde se hicieran constar los motivos, fuese entregado a sus clientes. Además, cien días después de la clausura los abogados de Bustamante reparan -quizá porque ya les dieron el documento de clausura- que el cierre “se ordenó y ejecutó formalmente en contra de Plaza Agua Caliente, S. A. de C.V.; sin embargo, la ejecución material recayó sobre el inmueble arrendado por mi representada Juegos y Sorteos de BC, S.A. de C.V.”.
O sea, Bustamante le renta a Bustamante en Plaza Agua Caliente, para Juegos y Sorteos de BC, S.A. de C.V., a razón de 32 mil 719.70 dólares mensuales, y la clausura sobre Plaza, le afecta al casino –obvio– que está en Plaza y que es el que tiene el permiso para abrir un casino que Gobernación le concedió a partir de un permiso que habían otorgado para otro estado y no BC. ¿Entendemos?
Completan en la denuncia los Bustamante: “…se advierte que el licenciado Bernardo Padilla Muñoz (…) Roberto Sánchez Martínez y María del Carmen Velarde Vázquez, han incurrido en la conducta ilícita de abuso de autoridad toda vez que indebidamente están retardando y negando a la moral que representó un servicio que tienen obligación de otorgar como funcionarios públicos…”, después enumeran las pérdidas, no solo la renta que sigue pagándose de manera mensual, también mantenimiento del lugar, servicio a las máquinas, personal que de servicio y las pérdidas por no poder operar.
A cien días de la clausura del Grand Arenia Casino, los Bustamante se han dado cuenta de otro giro para seguir en su litigio en el ánimo de recuperar lo que de inicio fue sospechoso, la operación de un casino en las Torres de Agua Caliente.
Pero un mes antes que presentaran la denuncia contra los tres funcionarios del Ayuntamiento, a los Bustamante les fue negada la licencia de operación del giro comercial por parte del Departamento de Actividades Mercantiles. Y se les negó porque no presentaron la documentación requerida. Entre lo que Bustamante no llevó de su representada Juegos y Sorteos de B.C. S.A. de C.V. se encuentra:
Oficio de autorización de integración vial. Poderes legales que otorguen la representación con los cuales Plaza Agua Caliente S.A. da en arrendamiento a Juegos y Sorteos de B.C. el inmueble; anuencia de manifiesto de impacto ambiental para la actividad solicitada. Autorización municipal (anuencia) emitida por la Secretaría General de Gobierno Municipal a nombre de la nueva moral (que está solicitando la licencia de operación). Regularizar o retirar la actividad de venta de alimentos en el interior del establecimiento. Presentar permiso de alcohol a nombre de la moral solicitante debido a la barra que se encuentra al interior del establecimiento. Pago por segunda inspección, revisión y/o análisis documental.
Para cumplir con todos esos requisitos, a los Bustamante les dieron un plazo de 20 días, a partir del 11 de enero. En su lugar, el 23 de febrero presentaron la denuncia, argumentando que los funcionarios abusaron de su poder y se coludieron para no concederles la licencia.
Para Bernardo Padilla, la denuncia de Bustamante, es solo una medida de presión más, que enfrentará, sea con sus abogados personales o en el jurídico del Ayuntamiento.
A ver qué sigue en la novela del ex acalde contra el alcalde por una casa de apuestas.
