El gobernador madrugó a los diputados, a los propios y a los ajenos, y peor, le quiere dar madruguete a la sociedad civil que lo colocó justo donde está.
Hace ocho meses el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, presidente de la Comisión de Transparencia, en colaboración con los diputados Marco Antonio Novelo, David Ruvalcaba y Fausto Gallardo, presentó la iniciativa para la nueva Ley de Transparencia en Baja California.
Publicidad
Nueva para el Estado, dado que se trata de homologar la legislación local a la nacional, luego que la legislación federal fue modificada y aprobada en 2015. Para cumplir con el ordenamiento federal, los Estados de la República tienen hasta el 4 de mayo para hacer la adecuación y publicarla en el periódico oficial. Una vez cumplido ese requisito, la Ley tardará unos seis meses en entrar en vigor, para dar tiempo a los nuevos sujetos obligados de transparentar el recurso público y hacerlo del conocimiento de la sociedad.
En Baja California, los diputados de la Comisión de Transparencia, encabezados por Cardona, ordenados iniciaron sus trabajos hace un año. Hace ocho meses llevaron la propuesta a la Comisión y de ahí a la sociedad civil. La idea, la intención era y es, que la sociedad, los grupos organizados, la academia, participaran haciendo propuestas para ser integradas a la Ley. Dar, pues, las riendas de la transparencia a quienes la requieren para una mejor valoración de un gobierno, supervisión y análisis del uso de los recursos del Estado, ante la sociedad.
Fueron por lo menos siete foros los que se realizaron con grupos y sociedad que acudió a la convocatoria. Uno en cada municipio, uno en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California y otro más en El Colegio de la Frontera Norte. Participaron entre 800 y mil personas en la totalidad de los foros. Hubo ideas y propuestas en común que fueron integradas a la Ley. Especialmente en dos temas: las sanciones a las que se harán acreedores los sujetos obligados a transparentar la información relacionada con el uso de recursos públicos y que no lo hagan en tiempo y forma; y el procedimiento de selección de los consejeros que integran el órgano garante de la transparencia, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Publicidad
Sobre esos dos puntos versaron las coincidencias y se integraron a la Nueva Ley de Transparencia de Baja California, que fue presentada por el diputado Cuauhtémoc Cardona, ya platicado y pactado el tema de su aprobación con representantes del Gobierno del Estado, con la presidenta del Congreso, con el PRI, con el diputado Roberto Dávalos y otras fuerzas que, sabían, la letra escrita en ese documento tenía el pulso de la sociedad civil.
Aun cuando de voz del enlace legislativo del Gobierno del Estado, que depende de la Secretaria de Gobierno que encabeza Francisco Rueda, y en voz del líder de la fracción panista en el Congreso del Estado, Gustavo Sánchez, Cardona y compañía fueron informados que la suya sería la única iniciativa que entraría. Algo no le gustó al gobernador del Estado y, el miércoles 27 de enero a las dos de la mañana, envió al Congreso del Estado su propia “Iniciativa que Reforma la Constitución del Estado y Expide la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Y de esta manera en el Poder Legislativo de Baja California hay dos iniciativas de Ley para la Nueva Ley de Transparencia, para ser analizadas el 31 de enero de 2016. Aprobada una -ya habían acordado que sería la de Cuauhtémoc Cardona, para enviarla a aprobación a los cabildos de los cinco ayuntamientos y ser publicada en el Periódico Oficial antes o el 4 de mayo de 2016.
¿Qué fue lo que no le gustó al mandatario de la Ley que los diputados consensuaron con la sociedad civil de Baja California? Dicen quienes la han estudiado y quienes están cerca de él, pero no de comparsas, que un hecho sobre todos: que la propuesta ciudadana que fue integrada a la iniciativa de Cardona, exenta de participación en la selección de los consejeros de transparencia al gobernador.
Actualmente, el Ejecutivo estatal integra una Comisión evaluadora con el secretario de Gobierno, la oficial mayor y el contralor, más tres representantes de la sociedad civil, y entre estos seis emiten una convocatoria con requisitos para ser consejero del ITAIP. Ellos los evalúan, los entrevistan y de entre todos los participantes elaboran una lista que será enviada al Congreso para que los diputados la aprueben o en su defecto la regresen.
El problema como en todo proceso de selección que incluye al gobierno como evaluador, es que lo que predominan son los intereses político-partidistas en lugar de la promoción de la transparencia, el compromiso social, la revisión de cuentas y, como es en este caso, la defensa del acceso a la información.
Así los ciudadanos propusieron y los diputados coincidieron en modificar el procedimiento de selección y nombrar un órgano evaluador ciudadano cien por ciento, para lanzar convocatoria, evaluar y seleccionar los nombres que, aun el pleno del Congreso del Estado, deberá aprobar para dar sustento e integración al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Es decir, el gobierno que se presume como el que responde a “lo que la gente manda” está intentando desechar una propuesta de Ley que fue elaborada con la inquietud de mucha gente que ve cómo sus instituciones, sus gobiernos y entidades que utilizan recurso público no cumplen con la transparencia y el acceso a la información.
La administración de Francisco Vega de Lamadrid, el mismo que se había comprometido a respetar la Ley consensuada con la sociedad y elaborada por los diputados, y que en voz de sus colaboradores dijo que no llevarían una propuesta propia, al final, a las dos de la mañana de un miércoles, en medio de la clandestinidad de lo oscurito, introdujo su iniciativa de Ley de Transparencia que solo hace un copiado literal de la federal, restándole poder a la personalidad de la ciudadanía bajacaliforniana que, se supone, en su gobierno manda.
El gobernador madrugó a los diputados, a los propios y a los ajenos, y peor, le quiere dar madruguete a la sociedad civil que lo colocó justo donde está.
