Tras un proceso de 6 meses, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior como UABC y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), presentaron ante las comisiones de Legislación, Puntos Constitucionales y Transparencia una iniciativa de Ley de Transparencia para Baja California. Redactado el proyecto de Ley por el Observatorio Ciudadano de Baja California (Obserbc) tras recabar 167 propuestas en 5 foros de consulta ciudadana, realizados en cada municipio del Estado, las comisiones del Congreso Estatal ya preparan su dictamen sobre la propuesta, pretendiéndose que se vote durante la última sesión de este periodo, el 31 de enero, informó a ZETA el diputado Cuauhtémoc Cardona. De inicio, el Gobernador del Estado no tendrá participación en la selección de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC), sino que éstos serán propuestos por el Congreso y avalados por un comité ciudadano honorífico. La actuación de los consejeros será objeto de opiniones y recomendaciones por un consejo consultivo, también honorífico. Se incluiría un capítulo de sanciones pecuniarias (multas) a funcionarios que omitan entregar información, lo hagan de manera incompleta o no actualicen los portales de transparencia de las dependencias a su cargo, por hasta 80 mil pesos. En Baja California, sería el mismo ITAIPBC el encargado de administrar estas sanciones, mientras que los sindicatos, partidos políticos, organizaciones civiles o particulares que reciban subsidios o apoyos gubernamentales también estarían obligados a transparentar sus ingresos y gastos. El proyecto de Ley contemplaría asimismo nuevas obligaciones para los Ayuntamientos, obligándolos a que todas las sesiones de sus órganos colegiados, como el caso de las comisiones que integran el Cabildo, sean de orden público, con acceso a la prensa y a la sociedad en general. Por último, Cardona puntualizó que todos los sujetos obligados de esta nueva Ley de transparencia, de aprobarse, tendrían la obligación de hacer del dominio público información referente a sus egresos en materia de publicidad oficial o institucional.
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