El jueves 10 de diciembre, Amado Armenta Rodríguez recibió la notificación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde oficialmente le avisaban que había quedado registrado en el Sindicato de Trabajadores del Seguro Popular, pero para esa fecha él ya tenía dos meses de haber sido despedido del organismo gubernamental, separado del cargo precisamente por intentar sindicalizarse. De acuerdo al documento expedido por Conciliación, el gremio de nueva creación lo encabeza el propio Armenta como secretario general, pero ahora el ex empleado de la descentralizada gubernamental ha tenido que interponer una demanda laboral ante la misma Junta por considerar injustificado su despido. A la par de la demanda, buscar seguir el trámite para consolidar el sindicato ya registrado, por lo que faltaría demandar por la firma del contrato colectivo, aunque para esto necesita el apoyo de al menos la mitad más uno de los 168 trabajadores del Seguro Popular en Baja California. De militancia panista toda su vida, Amado fue despedido por los titulares de la cúpula administrativa del organismo -entonces encabezado por Carlos Torres, quien renunció en búsqueda de una candidatura-, quienes también militan en el partido blanquiazul. Licenciado en Administración Publica por la Universidad Autónoma de Baja California, Armenta estaba por cumplir ocho años en el Seguro Popular. Fungía como coordinador de Planeación y Afiliación, instancia creada para brindar servicios médicos al sector social que no cuenta con ese servicio en ninguna institución pública. “La inquietud empezó por las malas condiciones en las que estábamos”, explica en cuanto al deteriorado equipo vehicular, de cómputo, pero sobre todo, la inestabilidad laboral, refiere el propio Armenta. Comenta que los vehículos se quedaban tirados, sin llantas, incluso recuerda un accidente hace cuatro años donde un grupo de empleados chocaron cuando regresaban del Valle de Mexicali, y uno de ellos, apenas restableciéndose, fue despedido. Asegura que desde que entró la actual administración no han recibido ningún aumento salarial, el último fue un incremento tabular recibido hace dos años. “Nos sentimos afectados por eso, pues algunos que tenemos créditos de INFONAVIT vemos que nos incrementa nuestra deuda, nuestro pago, pero no crece nuestro salario”, sostiene. Aparte, han estado batallando hasta para salir de vacaciones, debido a la falta de personal. Cita el ejemplo de cómo en Mexicali, en la anterior administración, había cerca de 27 promotores, pero ahora se ha reducido a solo 12; el resto han sido despedidos y sus plazas trasladadas a la Zona Costa. Amado Armenta refiere que en junio pasado empezó a revisar la Ley, a elaborar los estatutos, e iniciaron pláticas con varios compañeros -en Mexicali- que lograron integrar un grupo de más de 25 empleados, a quienes en las últimas semanas se han sumado otros 15. Agrega que en agosto pasado interpusieron ante la Junta Local, la solicitud de registro y, a pesar de que la Ley marca un plazo de 60 días para la respuesta, en el organismo laboral tardaron más de 90 días para hacerlo, y salió positivo. Armenta fue despedido el 14 de octubre y relata que primero platicó directamente con el titular del organismo, Carlos Torres Torres, quien primero lo felicitó por su desempeño pero luego buscó sondearlo en cuanto a las pretensiones sindicales y, al no obtener respuesta, al día siguiente fue despedido. Menciona que han tenido información de que en esa descentralizada buscan conformar un sindicato blanco, afín a los titulares. “Quisiera convocar a los empleados del Seguro Popular a nivel estatal a que luchemos por nuestros derechos, es un derecho constitucional el poderse sindicalizar”, exhorta.
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