La empresa Comercializadora Publicitaria TIK S.A. de C.V., que representa a Cinépolis, presentó una demanda de garantías en contra de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que investiga la presunta contratación ilegal de cineminutos durante la campaña electoral del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en la campaña electoral de 2015. En el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal fue radicado el juicio de amparo 1168/2015 promovido por la compañía publicitaria en contra de actos del agente del Ministerio Público Federal titular de la Mesa de Trámite I/B/FEPADE, de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, de la FEPADE. La demanda de amparo fue admitida y se estableció el 20 de enero del año de 2016 como fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Como se conoció en su oportunidad, la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República investiga en la averiguación previa 1044/FEPADE/2015 las irregularidades detectadas durante el último periodo de campañas electorales. En el ojo del huracán se encuentran el ex dirigente del PVEM, Arturo Escobar y Vega, y su hermano Adrián, por su presunto vínculo con la contratación ilegal de cineminutos por casi 36 millones de pesos, a través de la empresa Rabokse, de la que el segundo mencionado es accionista. Rabokse pagó a las compañías Screen Cast y a la comercializadora TIK para que promovieran los anuncios del PVEM en Cinépolis, empresas que no figuran en el padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo para proveer bienes y servicios a las campañas electorales. Por estos hechos el Partido Verde fue multado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE profundizar las averiguaciones sobre la compra de “cineminutos”, por lo que fue presentada la denuncia correspondiente ante la FEPADE. En el caso del ex subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, el 25 de noviembre próximo pasado, la fiscalía ejercitó acción penal por delitos electorales, pero la orden de aprehensión fue negada en el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal por falta de suficiencia de pruebas. La fallida indagatoria regresó a la FEPADE, donde continúan las investigaciones.
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