Pobres resultados del NSJP


 
BCS Martes, 22 Diciembre, 2015 08:00 PM

Comondú, Baja California Sur. A punto de cumplir seis meses de haber entrado en vigor en el municipio de Comondú, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) ofrece nulos resultados en casos resueltos desde el 1 de julio, cuando entró en vigencia. A la fecha exhiben que los policías, peritos y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no están debidamente capacitados respecto al nuevo modelo de justicia penal en el municipio piloto. De paso, anticipan un fracaso en La Paz, cuando a partir del 1 de enero de 2016 entre en vigor, sobre todo por el número de población de la capital sudcaliforniana. Los promocionados cursos y talleres de inducción, destreza, medios alternos, cadena de custodia, investigación, resoluciones ministeriales, argumentación jurídica, cronología policial y procesamiento en la escena del crimen, de poco o nada han servido para que las investigaciones avancen o los casos se resuelvan en lo inmediato a través de salidas alternas, como son criterio de oportunidad, justicia alternativa, suspensión condicional de proceso y proceso abreviado.  Las llamadas carpetas día a día se van apilando, ya que policías, peritos y Ministerios Públicos en Comondú no saben qué hacer y cómo actuar, a pesar de que de enero de 2013 a noviembre de 2015, recibieron alrededor de 39 cursos de capacitación. A partir de la entrada en vigencia del NSJP en Comondú -según datos recabados por ZETA-, la PGJE recibió 754 denuncias, distribuidas de la siguiente manera: * 477 en Ciudad Constitución. * 151 en Puerto San Carlos. * 126 en Ciudad Insurgentes. Las cifras entregadas por la propia institución vía Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), exponen que de las 754 denuncias, solo 30 han sido resueltas a través de salidas alternas, logrando un acuerdo reparatorio del daño en  delitos considerados como menores en la justicia alternativa. De estas cifras, un caso fue resuelto bajo el criterio de oportunidad, dos en un proceso abreviado y dos a través de la suspensión condicional del proceso. Asimismo, 19 casos fueron presentados a un Juez de Control, sin embargo, todos los asuntos no han llegado siquiera a la etapa intermedia, ya que el Agente del Ministerio Público no ha reunido -a través de la Policía y peritos- suficientes pruebas para suponer que los imputados son culpables y desarrollar un debate entre los imputados y las víctimas, y entonces presentar las pruebas en el Tribunal de Enjuiciamiento. Durante estos casi seis meses, de acuerdo a cifras de la PGJE, las estadísticas son las siguientes: * 8 detenciones de imputados en flagrancia. * 11 abstenciones de investigación. * 25 audiencias donde han debatido agentes de la Policía, del Ministerio Público, peritos y defensores. La lentitud en el proceso de investigación por parte de la PGJE, donde se debe ubicar a la persona que cometió el delito y acreditar con pruebas científicas y no con testigos la responsabilidad del imputado, no permiten que las carpetas sean presentadas ágilmente al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los números hablan por sí solos. Hasta el cierre de esta edición, no se había registrado una sola audiencia pública en la tercera y última etapa de un proceso penal en el NSJP. Es decir, la fase del juicio oral, audiencia en la que el Agente del Ministerio Público y la defensa del imputado tienen que debatir sus posturas frente al Tribunal de Enjuiciamiento, integrado de uno a tres jueces y donde se valoran las pruebas, se desahogan los interrogatorios y finalmente, se dicta la sentencia que determina la inocencia o culpabilidad del imputado. Peor aún, el Tribunal de Enjuiciamiento ni siquiera se ha integrado -según un informe solicitado por ZETA al Poder Judicial del Estado- porque los 19 casos penales se encuentran en su fase intermedia escrita y no oral. De los 19 casos penales presentados o consignados a un Juez de Control -de acuerdo a las cifras recabadas vía ITAI- se han registrado: * 47 audiencias, 33 de éstas, relacionadas a la etapa inicial del proceso. * 3 revisiones de medidas cautelares. * Una modificación de medida cautelar. * Una prórroga de plazo de investigación complementaria. * Una audiencia para lectura y explicación de sentencia. * Un sobreseimiento. * Una acumulación de proceso. * Una revocación de la suspensión condicional del proceso. En el terreno de juicios administrativos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene abiertas 17 carpetas, donde 12 fueron aperturadas por ingresar a lugar sin autorización judicial, fueron libradas dos órdenes de aprehensión, dos  medidas de protección y fue presentada una impugnación de la victima sobre la abstención de investigar del Agente del Ministerio Público.   EL OPTIMISMO   A pesar de los números desfavorables en estos casi seis meses en Comondú, el procurador Palemón Alamilla Villeda se encuentra muy optimista y confía en que la capacitación de los policías, peritos y agentes del Ministerio Público sea clave en el éxito de este nuevo modelo de justicia. De hecho y de manera personal, , el titular de la PGJE imparte cursos como el de “Secuencia del Procedimiento Penal en el Código Nacional”, con el objetivo de que los agentes del Ministerio Público, dominen el contenido, etapas y fases del Código Nacional de Procedimientos Penales, en víspera de la entrada en vigor del NSJP en La Paz. El procurador, quien dicho sea de paso, es instructor certificado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y autor de tres libros que versan sobre el NSJP, imparte cursos durante una hora diaria a todo el personal bajo su mando. “No podemos llegar sin preparación, sin análisis y sin conocimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin todos los elementos y sin haber implementado toda la Unidad de Atención Inmediata, y conocer los mecanismos alternos de solución que eviten llegar a un proceso”, expresó Palemón Alamilla Villeda. Durante una entrevista con ZETA, agregó que la principal prioridad en este momento es el NSJP, por lo que los cursos de capacitación y los programas que baje el órgano implementador, permitirán que haya resultados a corto, mediano y largo plazo. De enero de 2013 a noviembre de 2015, según datos de la PGJE, los policías, peritos y Ministerios Públicos recibieron alrededor de 39 cursos sobre el NSJP, algunos de los cuales costaron arriba de 200 mil pesos. Los cursos versan sobre los siguientes temas: Litigación Oral, Destrezas en Juicio Oral, Medios Alternos y Soluciones de Controversias; Inducción al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Cadena de Custodia, Plataforma Virtual, Operadores del NSJP, Integración de Carpetas de Investigación; Teoría del Delito, Resoluciones Ministeriales, Programación Neurolingüística, Control Judicial de Actos de Investigación, Justicia Restaurativa, Argumentación Jurídica, Medidas Cautelares y Salidas Alternas; Audiencia Inicial, Audiencia Intermedia y Análisis y Procesamiento de la Escena del Crimen. El miércoles 16 de diciembre, el coordinador de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Acusatorio, Rommel Moreno Manjarrez, realizó personalmente un recorrido por el nuevo Centro de Justicia Penal, localizado sobre Avenida Colosio y Las Garzas en La Paz. Acompañado del procurador Villeda y de la delegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Estado, Ana Luisa Vega Andrade,  el secretario ejecutivo de la comisión implementadora del NSJP, Ismael Sigala Páez, reconoció que se están “cumpliendo las exigencias de innovación” y  que el edificio “es uno de los más modernos del país”, por lo que comprometió su apoyo para seguir capacitando a los servidores públicos de la PGJE. El nuevo edificio cuenta con áreas de Unidad de Justicia Alternativa, Unidad de Investigación, Unidad de Atención Inmediata, Unidad de Delitos Sexuales y contra la Familia; además de Dirección de Servicios Periciales y una bodega de evidencia. A partir del 1 de enero de 2016, una vez entrado en vigor el NSJP, el edificio albergará a 84 servidores públicos distribuidos de la siguiente manera: 34 agentes del Ministerio Público, 20 de investigación inmediata y 25 de investigación judicialización; así como cuatro psicólogos y 14 personas de trabajo social y apoyo administrativo.

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