México: crisis de seguridad y de violencia (Primera Parte)


 
Sábado, 26 Diciembre, 2015 08:00 PM

“Los agravios del enemigo se pueden perdonar; los del amigo nunca” Álvaro de Figueroa y Torres La crisis de seguridad y de Derechos Humanos que vive nuestro país es verdaderamente terrible: la sinopsis nos da una cifra de 88 mil 663 muertos en conflictos muy seguramente vinculados a la delincuencia organizada en estos últimos 8 años. Este dato resulta de la suma de las más de 70 mil muertes contabilizadas por el gobierno federal para el periodo 2007-2012, más de 18 mil 663 muertes reportadas por Lantía en 2013 y en 2014. Quiero llamar la atención de que ha llegado a tal extremo la actual violencia que dio un giro fundamental en México. Lo es sin lugar a duda todos los homicidios de servidores públicos, candidatos y activistas. Llama poderosamente la atención que desde que se inició “la guerra contra el narcotráfico” en el año 2007, y hasta el mes de octubre  del 2014, los diversos grupos de la delincuencia organizada habían matado a 82 alcaldes, 64 funcionarios municipales, 13 candidatos y 39 líderes y activistas políticos, pero si además contabilizáramos los secuestros desapariciones y amenazas, el número de víctimas se eleva a 441. Solamente en Tijuana en este mal año debido a la falta de táctica y política criminal se han victimado a policías de nivel municipal y estatal, sin que nada ocurra, esto es, los responsables de estos delitos están en libertad. Los delitos siguen y continuarán impunes debido al temor y a la miopía de las autoridades competentes del esclarecimiento de los delitos. ¿A qué se deberá esta ola de violencia gravísima contra los servidores públicos, concretamente contra la autoridad municipal? Todo parece que se circunscribe al involucramiento de los servidores públicos con los grupos de delincuencia organizada, a la protección que brindan a los delincuentes los policías y por supuesto, sus jefes, al conflicto suscitado por la protección de los cuerpos de seguridad pública a los grupos rivales que se disputan los territorios en las diversas plazas del país y por supuesto que, Baja California no es la excepción. Existe una excusa utilizada por las autoridades encargadas de perseguir los delitos para no investigarlos. Declarar abiertamente que es obra –cada homicidio– de la delincuencia organizada. Pregunta: ¿Y quién es entonces la autoridad encargada de combatir estos homicidios, esclarecerlos, detener a los autores intelectuales, materiales y copartícipes? Pareciera que a fin de no involucrarse en ello la autoridad municipal dice que es competencia del Estado y a su vez las procuradurías estatales afirman que es competencia federal por las armas que se utilizan en las ejecuciones, pero al final, nadie se hace responsable, nadie investiga y por supuesto, no hay resultados, no hay detenidos: la impunidad es total. Pero pensar por ejemplo, que los alcaldes ejecutados son delincuentes o tienen vínculos con el crimen organizado, es una falacia. Nadie niega que esto pudiera ocurrir como es el caso de José Luis Abarca en Iguala Guerrero, que llegan a las alcaldías siendo miembros de las organizaciones delictivas y por lo menos aliados, los hay otros que pueden recibir apoyos económicos durante sus campañas, o bien, ya siendo autoridades, lo cierto es que a la autoridad ya nadie la respeta. La presente administración federal se ha empeñado en reiterar que la violencia ha bajado, ¿será cierto? En 2014, se registraron 8 mil 400 homicidios vinculados con la delincuencia organizada en nuestro país, 3 mil 265 menos que en 2013, y aunque las cifras sobre homicidios del INEGI para 2014, todavía no son susceptibles de consulta los datos aportados respecto de los homicidios dolosos por el SESNSP arroja que la taza de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2014, fue cercana a 16.5; una disminución de casi 30% por ejemplo en relación con el máximo observado en 2011 de 23.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero la geografía sigue siendo violenta se incrementaron el número de ejecuciones en Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Tlaxcala y los municipios más violentos son Acapulco con 347 ejecuciones, Culiacán con 301, Ciudad Juárez 245, Tijuana 205, Chihuahua 186, Torreón 132, Chilpancingo 116. El autor es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: [email protected]

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