Notarios enfrentan a Kiko


 
Noticias del día Lunes, 26 Octubre, 2015 04:34 PM

La Ley del Notariado, publicada el 29 de mayo de 2015 en el Periódico Oficial de Baja California, afecta a este gremio, ya que otorga “discrecionalidad” al gobernador Francisco Vega de Lamadrid para aprobar o rechazar a aspirantes a notarios. Así lo expuso Diego Monsiváis Franco, presidente del Colegio de Notarios de Baja California, quien informó del amparo promovido contra el Congreso del Estado de Baja California, el gobernador, el secretario general de Gobierno y el director del Periódico Oficial del Estado. La reforma a la Ley del Notariado fue presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Molina. No obstante, Monsiváis Franco refiere que ha sido el Gobierno del Estado, no el legislador, el cual ha buscado dialogar con los notarios para frenar su oposición a la modificación de Ley. Uno de los artículos reclamados en el amparo es el 17, el cual indica que “cuando por la demanda de la población, se requiera la creación de nuevas notarías, el gobernador del Estado podrá otorgar directamente la patente de notario titular, eligiendo de entre aquellos con patente de aspirante al ejercicio del Notariado en el Estado debidamente registrada conforme a la presente ley”. Al respecto, el presidente del organismo colegiado cuestiona: “¿Quién resultará perjudicado si el gobernador empieza a elegir a los notarios que quiera, independientemente de la capacidad?”. Desde 2010, Juan Manuel Gastélum “El Patas” es aspirante a patente notarial. Aunque el ex diputado federal panista ahora se encamina como candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Tijuana, los notarios saben que de resultar derrotado en sus aspiraciones electorales, el gobernador podría entregarle la Notaría como “salvavidas”. Además, explican que el principio se opone a los estándares para otorgar una Notaría. “Permite al gobernador designar al notario que quiere, siendo que solo se acceda al notariado por medio de exámenes de oposición”, detalla el notario.   Control total para el gobernador   El amparo también reclama el Artículo 30, puesto que de los cinco integrantes del Jurado para elegir al aspirante a notario, cuatro serían designados por el secretario general de Gobierno, incluyendo al presidente y secretario. En Baja California, hay 57 notarios en funciones, de los cuales 45 son titulares. El amparo fue una decisión que el Colegio tomó más de un mes después de la aprobación de la Ley, después de analizar la situación del gremio. Respecto a la vigencia de 23 años para la patente de notario titular, el organismo se opone por considerar “un absurdo que te den una patente para ejercer el notariado durante una temporalidad y después el gobernador verá si te ratifica o no”. Por ello, incluyeron el escrito de amparo el Artículo 53BIS, en el cual se explica que esta patente se podría renovar por el Ejecutivo del Estado, “una vez más hasta por otro plazo igual, siempre y cuando el interesado un año antes de que concluya la vigencia, solicite la renovación de la patente”. Con esto, advierte Monsiváis Franco, se le otorga “control absoluto del notariado al gobernador”. El presidente del Colegio explicó también que el principal negociador en representación de “Kiko” Vega es Víctor Lujano, subsecretario jurídico del Gobierno del Estado. Los notarios se han reunido con el funcionario estatal para señalar sus inconformidades respecto a la Ley del Notariado, pero éstas no han sido atendidas. La siguiente audiencia a celebrarse para resolver la situación del amparo, será el 22 de octubre de 2015.   Abogados también reclaman   Entre las modificaciones en Baja California a la Ley del Notariado al Código Civil, a la Ley del Registro Público de la Propiedad Privada y de Comercio, entre otras, están las referentes a los contratos de compraventa y al testamento ológrafo. Anterior a la reforma, abogados podían realizar estos trámites. Tras la modificación, estos procedimientos solo tendrán validez si se otorgan en escritura pública, es decir, con la fe del notario público. Diego Monsiváis Franco considera que fue una decisión “para endulzar” la reforma y con esto, convencer a los notarios públicos de aceptar la nueva Ley, la cual rechazan por no considerarla un beneficio para el gremio. No obstante, abogados como Luis Armando Ruiz Vélez expresaron su inconformidad ante esta nueva disposición. En primer lugar, porque consideran que “camuflajearon (los artículos) con el fin de que no se notara que los notarios públicos van sobre la titulación que realiza el Gobierno Federal, como ejemplo, los créditos del INFONAVIT” (sic). Y en segundo lugar, advierten, porque “eliminan las funciones de abogados litigantes y pasan a mano de los gobiernos, mermando la función del litigante particular”.

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