Niños asesinados en sus hogares


 
Noticias del día Miércoles, 14 Octubre, 2015 11:03 PM

Cuando Patricia dio a luz, a los 13 años, explicó que ese bebé era producto de un segundo embarazo; también relató que el parto ocurrió en el baño de su casa en Tijuana, que estaba sola. La menor detalló a los agentes del Ministerio Público del Fuero común que después del parto, tomó a su hijo, quien nació a los ocho meses de gestación, lo colocó dentro de una bolsa de plástico y lo apuñaló varias veces para después arrojarlo en un lote baldío de la colonia Pegaso, una de las demarcaciones con mayor número de denuncias por violencia familiar en la ciudad fronteriza. En un principio, aseguró se había tratado de un aborto espontáneo cuando fue atendida en el Hospital General, el 7 de septiembre de 2015. Después, cambió su versión e intentó explicar cómo el bebé había sufrido una caída que le había provocado la muerte. Por último, Patricia confesó los hechos frente a agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quienes habían sido notificados por personal médico del Hospital General al momento que atendía a la menor con un legrado. Horas más tarde, la Policía Ministerial no tuvo problemas para localizar el cadáver del bebé, porque estaba en el sitio exacto donde la muchachita dijo que lo había abandonado. Desde la primera semana de septiembre, la menor ha recibido terapia psicológica en la Dirección de Atención a Víctimas del Delito de la PGJE. Aunque todavía no ha sido diagnosticada, la dependencia cuenta con información preliminar de algún trastorno psicológico previo al homicidio, así como secuelas emocionales. Patricia acudirá a los Juzgados para comparecer por el asesinato del bebé, pero conforme a la Ley, no puede ser acusada de homicidio; por ser menor de 14 años de edad, no se le puede imputar delito alguno. En este caso,  solo hay un perseguido por parte de la PGJE: el joven que embarazó a Patricia.       Buscan a novio por violación   Del primer embarazo que Patricia refirió en su relato ante los investigadores, no ha ofrecido muchos detalles, solo que perdió a su hijo antes de dar a luz. Aseguró que el padre de sus dos hijos es el mismo muchacho, su novio de 19 años, a quien defendió al afirmar que sostuvo relaciones sexuales consensuadas. Sin embargo, la Ley estipula que la edad de consentimiento es hasta los 18 años y, al tratarse de un hombre mayor de edad, se considera violación. El Ministerio Público se encuentra en la etapa de integración de elementos de prueba periciales, para aprehender al joven. En su Artículo 117, el Código Penal de Baja California establece el delito de violación equiparada como “al que tenga cópula con persona menor de 14 años de edad o que por cualquier causa, no esté en posibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá de 12 a 20 años de prisión y hasta 500 días multa (35 mil 050 pesos de acuerdo al salario mínimo válido en Baja California en 2015).   Los primeros en intervenir   En Tijuana, el Hospital General y la Cruz Roja concentran las atenciones a niños lesionados por maltrato. Médicos del área de urgencias y pediatras reconocen bien las primeras señales del síndrome de niño maltratado, desde lesiones físicas, nerviosismo o contradicción en las versiones de los padres o responsables, hasta pequeñas marcas de quemaduras o pellizcos. Un caso similar al del bebé de Patricia quedó en la memoria del médico Graciano López. El pediatra con 30 años de experiencia en el Hospital General de Tijuana, atendió a una recién nacida apuñalada, hace más de 15 años. “La hirieron y la dejaron tirada en una iglesia. Se desangró, tuvo perforaciones de intestino, llegó en condiciones muy graves”, narra el médico. En aquel entonces, policías municipales llegaron con la bebé en estado de shock hasta el centro médico. Tras una intervención quirúrgica, la menor se recuperó y fue dada de alta del hospital. “Lo recuerdo mucho porque abandonar a un recién nacido es maltrato, pero dañarlo, dejarlo en esas condiciones…”,  y calla, para expresar que fue demasiado. A pesar de lo impresionante de las heridas provocadas por un arma blanca en un bebé o niño, médicos concuerdan en que el trauma craneoencefálico es la principal causa de muerte en menores maltratados. Golpes severos en la cabeza y fuertes sacudidas,  son los maltratos más comunes contra menores, detalla el pediatra, y agrega que provocan hematomas y hemorragias dentro del cráneo. Esto genera, a su vez, inflamación del cerebro y pérdida de oxígeno. “Si tenemos falta de oxígeno durante tres o cuatro minutos, el paciente puede morir”, continúa el especialista. En la Cruz Roja y en el Hospital General, cada mes se registra un promedio de tres casos de maltrato infantil, ya sea físico o sexual, así como omisión de cuidado o descuido. Mientras que en el año, hasta seis casos pueden llegar a ser fatales, como múltiples fracturas y quemaduras. El grupo de edad más susceptible, lo conforman los menores de tres años o con alguna discapacidad que les impide delatar fácilmente a sus agresores. “Cuando vemos el conjunto de golpes, fracturas y quemaduras, así como lesiones pasadas que no fueran atendidas, hay una alta probabilidad de que los niños sufran maltrato. También cuando son traídos al hospital por otras personas como vecinos o familiares no directos”, indica el doctor Graciano López. Jaime Romo Cárdenas, director médico de la Cruz Roja en Tijuana, comparte otros focos rojos de maltrato infantil. Por ejemplo, cuando la explicación de los padres o responsables no coincide con las lesiones que presenta el menor. “Es el primer dato para darle más seguimiento, pero por protocolo, cuando sospechamos algo, avisamos al Ministerio Público y al Sistema DIF”. El jefe médico de la Cruz Roja refiere cómo incluso ha fungido como testigo en un proceso penal contra los agresores de una niña de dos años, quien falleció en la institución a su cargo. “Llegó con paro cardiorrespiratorio, se le entuba, pero no reacciona, su corazón tiene actividad, pero no recobra la conciencia. Los estudios arrojaron múltiples hematomas intracraneales. Todos los elementos apuntan a un mal pronóstico”, afirma. La madre de la menor tenía 17 años y se encontraba embarazada. Personal de la Cruz Roja entrevistó a la mujer para levantar el reporte médico, “nos dice que estaba buscando trabajo y su pareja estaba cuidando de la niña cuando salió lastimada”. Dos días después, la menor falleció a consecuencia de trauma craneoencefálico. Tanto su madre como la pareja de ella, quedaron detenidos. Fue entonces que tanto el doctor Romo Cárdenas como el neurocirujano, el pediatra y el socorrista que atendieron a la niña, se presentaron ante la juez para rendir su declaración en cuanto a la atención médica y cómo “no concuerdan los golpes que apreciamos con lo que los padres dicen”.   Crímenes en pareja   Entre junio de 2014 y septiembre de 2015, la PGJE ha resuelto ocho casos de homicidio de menores maltratados en Tijuana, siete de estos, agravados por razón de parentesco. Las víctimas van de los 18 meses de edad a los 12 años. Las descripciones contenidas en las diligencias de la Procuraduría, son brutales. Contusiones profundas, heridas hechas con armas punzocortantes, así como cuerpos encontrados inertes, mordidos, mutilados o con huellas de abuso sexual. En cinco de estos casos, han sido parejas quienes han terminado con la vida de los menores, por lo menos uno de los dos es padre o madre biológico de la víctima. Citlali Guadalupe López Palomeque tenía dos años de edad cuando falleció a causa de “contusión profunda de abdomen y traumatismo craneoencefálico”, provocadas por golpes hechos con un cinturón y con los puños. Entre otros abusos, Citlali era golpeada por Jaime Nájera Vega, pareja sentimental de Adriana Palomeque, madre de la bebé. “Le pegaba con una chancla, ya que decía que con el cinto no le dolía, además le metía un pañal de tela en la boca para que la niña no pudiera gritar”. El hombre de 35 años también abusó sexualmente de la menor. Ambos quedaron presos el 2 de junio de 2014. Otra pareja detenida por homicidio y abuso sexual de su hija, fue la formada por Edna Giovanna Soto Villalobos y Jorge Luis Sandoval Ortiz. La menor de tres años murió a causa de golpes que fueron tan severos que las excoriaciones, moretones y el rostro inflamado, permanecieron durante los 12 días que estuvo hospitalizada en el Hospital General. Daniel Adrián murió a los dos años de edad, el 8 de octubre de 2014. Su madre, Magali Cristina Nava, lo empujaba ya sin vida, en una carriola sobre la calle Xicoténcatl Leyva de la colonia Nido de las Águilas, cuando fue encontrada por policías municipales. La mujer culpó a Francisco Javier Ronquillo Mendoza, quien admitió no solo golpear al menor; también abusar sexualmente de él. Los dos quedaron detenidos. Tras quince días en hospitalización, Miguel Saúl Beltrán Luna, de siete años de edad, falleció en el Hospital General por las heridas provocadas con un chuchillo por su madre, Karina Luna Sandoval, y su novio, Gonzalo del Río Hernández. La pareja recibió una sentencia de 42 años después de haber admitido su coparticipación en la muerte del menor, con el propósito de iniciar una vida sin él. Los dos casos restantes fueron cometidos por mujeres. Una, madre de una bebé de un año, y la otra, hermana de una niña de 12 años. Se trata de Perla Lizeth Colin y Anastasia Lechtchenko, respectivamente. La primera, ciudadana estadounidense, llegó a vivir a Tijuana después del nacimiento de su hija, quien había sido retirada por parte del gobierno norteamericano, debido a la adicción de Perla Lizeth a las drogas. Un año después, la mujer golpeó, pateó y arrojó contra el piso a su hija, Melanie Colin, de una manera tan brutal que le causó la muerte. Pasó un año hasta que la Policía Ministerial logró detenerla en su domicilio, en la Zona Este de Tijuana. El caso de Anastasia ha sido el más abordado por medios de comunicación. La joven de 19 años, nacida en México, pero de origen ruso, asesinó a su madre y a su hermana. Permanece bajo proceso, internada en la penitenciaría de Tijuana. La defensa ha alegado que el ataque, el cual culminó con los cuerpos descuartizados de madre e hija, fue producto de un trastorno psiquiátrico de Lechtchenko, quien declaró ante la PGJE, haber escuchado voces que le ordenaban asesinarlas. El Código Penal de Baja California establece penas de 20 a 50 años de prisión a quien cometa el delito de homicidio agravado por razón de parentesco. Ines Garcia     Venta de niños, prostitución y pornografía infantil directo a extradición   Desde el 16 de marzo de 2002, entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño en México. El documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se refiere en específico a los delitos de venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Entre las medidas legales que los Estados Partes adoptaron al firmar este tratado internacional, está la obligación de incluir la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil entre los delitos que dan lugar a la extradición. Por lo que el protocolo es aplicable a los casos en que extranjeros cometan alguno de estos delitos en México. A esto se suma la legislación de Estados Unidos, de acuerdo a la cual “un ciudadano que comete un crimen en otro país, es responsable de ese crimen cuando vuelve a Estados Unidos”, como lo indicó Juan Ibarguren, agente del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés). De acuerdo a un informe dado a conocer por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2009, se documentaron más de 16 mil casos de niños y niñas que ejercen la prostitución en México. Las ciudades con mayor presencia de esta problemática, son Tijuana, Acapulco, Ciudad Juárez y Cancún. Como parte de la protección a las víctimas de estos delitos, México debe proteger la intimidad e identidad de las niñas y los niños víctimas e impedir la divulgación de información que permita su identificación. Así como evitar la demora en los procesos y en la ejecución de las resoluciones en las que se concede la reparación del daño a las niñas y los niños víctimas. También, sensibilizar al público en general, mediante la difusión de información, la educación y la capacitación, respecto de las medidas de prevención de los delitos y los perjuicios que ocasionan esos actos en las niñas y los niños. Tan solo en septiembre, se desarticuló una banda de tratantes de menores migrantes centroamericanos y se detuvo a un pornógrafo infantil en Tijuana. Del primer caso, Bárbara González, vocera de ICE en Latinoamérica, explicó a ZETA que la investigación inició en agosto de 2014 al identificar a un grupo de personas involucradas en el tráfico de menores no acompañados hacia Estados Unidos. La investigación pasó a manos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración y la Policía Municipal de Tijuana. Once personas, entre ellas la líder de la banda, identificada como Catalina o “Doña Cata”, su esposo e hijas, quedaron bajo arresto, el 22 de septiembre de 2015. Mientras que la PGR informó, el 24 de septiembre de 2015, de la detención de un hombre por el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil en la colonia El Tecolote, en Tijuana. El cateo se realizó con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad. En el domicilio, se localizaron cuatro computadoras portátiles, cuatro celulares, así como una tableta, un disco duro, un pasaporte y una credencial para votar, los cuales quedaron asegurados. De acuerdo con la averiguación previa, el detenido almacenaba videograbaciones de actos sexuales, con fines sexuales reales en los cuales participaban menores de edad.      Del maltrato al uso para la venta de drogas   En Baja California, el Sistema DIF ha recibido 360 llamadas telefónicas por maltrato infantil. Estos reportes han sido canalizados desde los números de las dependencias de Seguridad Pública Municipal en los cinco municipios, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El desglose proporcionado por DIF, ubica a Mexicali como la ciudad con mayor número de reportes, con 122. Le sigue Tijuana con 93, Ensenada con 90, Tecate con 27, Rosarito con 10; mientras que las oficinas de San Quintín recibieron 11 y en San Felipe siete llamadas. Además, hay 2 mil 900 menores en custodia del DIF, quienes han sido retirados de sus hogares por alguna situación de violencia o de omisión de cuidados. “Dentro de los niños que tenemos, después sigue un estudio que se les hace a los padres y ellos tienen que cubrir con un plan social”, indicó Brenda Ruacho, presidenta del Patronato DIF. Sin embargo, explicó que ya que el plan social no es una obligación, sino una medida voluntaria, mucho de los padres no cumplen con él y, por lo tanto, los menores permanecen en alguna de las casas hogares donde el DIF ubica a los menores. El Código Penal de Baja California establece por omisión de cuidados, una pena de uno a cuatro años de prisión y hasta 100 días de multa (7 mil pesos), además, si el responsable es ascendente o tutor, perderá los derechos que tenga sobre la persona y bienes del menor. Uno de los más recientes casos públicos de omisión de cuidados y abandono, se registró el 6 de octubre en Tijuana. Édgar Óscar Martínez y Evelyn Anahí Hernández Camporredondo, de 25 y 21 años de edad, respectivamente, fueron detenidos por la Policía Municipal de Tijuana porque usaban a su hija como pantalla para transportar droga. Las declaraciones de la madre indican que desde hace seis meses, delinquía para un narcomenudista apodado “El Iván”, a quien ve en hoteles u otros establecimientos para recibir la droga, principalmente cristal. El hombre le pagaba 200 dólares por el traslado del enervante a otro punto de la ciudad, ya que la mujer viajaba en su vehículo con la bebé para no levantar sospechas; el día que fueron detenidos en la colonia Alamar de la delegación Cerro Colorado, los oficiales encontraron una maleta con cinco recipientes que contenían la droga sintética cristal. Después de la detención, Martínez Castillo y Hernández Camporredondo fueron turnados al Ministerio Público, mientras que la menor quedó en resguardo de DIF Estatal. Inés García     Huyeron tras matar a sus hijos para “empezar una nueva vida”   Hace siete años, Jesús Eduardo Marcelo Pizarro asesinó a golpes a un bebé de 18 meses y a un niño de cuatro años de edad, hijos de su pareja Carmen Cristina Urías Camarena, en Tijuana. “Yo quise empezar una nueva vida”, dijo Carmen Cristina Urías Camarena sobre su razón de abandonar la ciudad tras la muerte de los pequeños. En aquel entonces, la mujer se encontraba embarazada y durante estos años, vivió en el país junto al homicida de sus hijos. Este delito convirtió a Marcelo Pizarro en uno de los criminales más buscados en Baja California y su fotografía se difundió en espectaculares durante 2009. La decisión de colocar el rostro del joven al lado del narcotraficante Raydel López Uriarte “El Muletas”, fue porque el crimen cometido contra los dos pequeños “ameritaba una búsqueda” igual a la de secuestradores, sicarios y jefes de plaza del crimen organizado, consideró el actual subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Álvarez. El 8 de octubre de 2015, la pareja fue trasladada a Tijuana desde Colima, Estado en el que fue encontrada y hasta donde acudió la Policía Ministerial de Baja California. Ambos confesaron consumir la droga sintética cristal. En declaraciones ministeriales, la mujer admitió ser testigo de las agresiones de su pareja hacia los dos menores.  Jesús Eduardo Marcelo Pizarro reconoció haber estado bajo la influencia de las drogas al cometer el asesinato. “No recuerdo, solamente cuando desperté ya lo había hecho… había asesinado a los niños”, declaró ante medios de comunicación. El 21 de noviembre de 2008, Christian Aarón Urías Camarena llegó al hospital Fundadores de la colonia El Rubí. Presentaba múltiples mordeduras y moretes en torso, piernas y golpes en el rostro. El pequeño de cuatro años falleció en el hospital. Cuando personal médico entrevistó al hombre que lo había llevado, éste dijo haberlo encontrado atropellado en la calle, luego aseguró que se trataba del hijo de sus vecinos, que era maltratado. Sin embargo, cuando una enfermera intentó fotografiarlo para dar aviso a las autoridades de los hechos, el hombre corrió hacia el Bulevar Fundadores y tomó un taxi color amarillo para darse a la fuga. Ese mismo día, el pequeño Joseph Abel Urías Camarena ingresó al Hospital General de Tijuana. El bebé de un año y medio de edad, presentaba politraumatismo severo. Falleció el 13 de diciembre de 2008, por la gravedad de las lesiones. Cuando agentes ministeriales entrevistaron a la madre, aceptó que su pareja golpeaba constantemente a sus hijos “porque no lo dejaban dormir y cuando se drogaba o tomaba, los golpeaba a todos con el puño cerrado en el rostro y cuerpo”. El primero en huir de Tijuana fue Juan Eduardo Marcelo Pizarro. Luego lo alcanzó Carmen Cristina Urías Camarena. La Procuraduría informó que la pareja vivía con una menor de seis años, de quien Carmen Cristina se encontraba embarazada al momento de la muerte de sus otros dos hijos. Finalmente, Marcelo Pizarro fue consignado por homicidio calificado con ventaja, homicidio calificado y lesiones a menores encapaces, y Cristina Urías Camarena por omisión de cuidado. Inés García    

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