Jesús dice que si no consigue 50 pesos antes de terminar el día, no podrá dormir. Sabe –le ha pasado–, que mañana caminará desesperado por conseguir lo suficiente para una dosis de cristal. Le dará lo mismo robar, porque el tiempo se le hará insuficiente para limosnear, cuidar carros o limpiar parabrisas. Hoy, cuando está por terminar el lunes 5 de octubre, está sentado en una banca del Parque Teniente Guerrero del centro de Tijuana, adonde llegan decenas de indigentes relegados de las zonas más visibles del primer cuadro. Lo acompañan dos tacos de pescado que recogió enteros de un bote de basura, una Coca-Cola de bote y tres bolsas de plástico donde carga sus pertenencias. “Con la malilla se te hace fácil ver algo mal ‘parkiado’ y agarrarlo, por eso trato de conseguir la feria. A veces mejor compro comida y los demás hasta se enojan, como si estuviera tirando el dinero”. Jesús tiene 37 años, es nacido en Tijuana, y la mitad de su vida la ha caminado en las calles. Carga, además de su adicción, el recuerdo del asesinato de su hermano, un intento de violación, y a veces, con la preocupación de dónde dormirá en días de lluvia. Recuerda que los tiempos de mayor bonanza para él, iniciaron cuando logró hacerse de un lugar en la Garita Internacional de San Ysidro trabajando de lo que saliera. Tiempo en que sacó hasta para rentar un cuarto. Fueron meses, hasta que denunció a unos malandros con la policía, y después pensó que se había señalado a él mismo, pues ni los oficiales lo dejaron regresar a trabajar. — ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en la calle? “Cuando estaba más chico, que un cabrón quiso violarme. Me subió al carro y me agarró la verga pues, me alcancé a salir y ya no supe qué pasó. Luego cuando mataron a mi hermano, él sí trabajaba y todo, y yo estaba en la cárcel por robo simple. Estuve seis meses”. 
Difícilmente muestra la cara, concentra su mirada en sus manos entrecruzadas y la rotación de sus pulgares. Dice que quiere tener una pareja y también hijos, ya que se encuentre mejor. Cuando se le pregunta qué está haciendo para salir de las calles, espera unos segundos y se anima: “pues poco a poco estoy dejando la droga”. Es inapelable que la indigencia se revise desde la perspectiva de los derechos humanos y como un problema de salud pública, insiste el Doctor Jorge Bustamante Fernández, investigador del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte (Colef). “No se ha hecho de forma específica como se refiere al problema, es una cuestión específicamente de Tijuana, yo no recuerdo otro problema de indigencia en alguna otra de las ciudades fronterizas donde hacemos investigación. Pero sí, obviamente si ve el artículo primero (Constitucional), pues ahí está la base de la obligación de atender la cuestión como un problema de derechos humanos, de atender a esta población”, La realidad, continúa, es que no hay un esfuerzo real de las autoridades del Estado, no existe un presupuesto específico o alguna institución pública que de verdad le haga frente. Desde el desalojo… nada Desde el primero de marzo de este año, cuando se presumió la “limpieza” de la canalización del Río Tijuana, los esfuerzos se centraron en la zona conocida como “el Bordo”, donde por años se refugiaron los indigentes. En aquellos días, la cifra de personas enviadas a centros de rehabilitación quedó en 500. Inició luego la vigilancia policiaca en el lomo de la canalización y en las calles más concurridas de la zona centro, así como detenciones por la falta administrativa que significa no traer documentos oficiales. El repliegue de la indigencia fue tal, que desde la mitad del año, organizaciones como el Desayunador Salesiano del Padre Chava lo notaron en la cantidad de platos servidos cada mañana. Sí antes eran alrededor de mil 200, luego difícilmente se alcanzaban los 900, comenta el Padre Óscar Torres, quien fuera responsable del comedor. La actividad coordinada entre los tres niveles de gobierno, terminó con una sesión de resultados del Consejo Estatal de Atención al Migrante (CEAM) en la ciudad de Mexicali durante el mismo mes. En ella, se presentaron conclusiones y recomendación. “Dijimos que Baja California necesita un espacio para recibir migrantes y necesita crear una institución de atención a indigentes. El Gobierno, y no solo el estatal, municipal y federal, necesitan crear una institución”, comenta el titular del CEAM, Carlos Mora Álvarez. A más de seis meses de aquellas conclusiones, que se entregaron tanto al Gobernador Francisco Vega, como al alcalde Jorge Astiazarán Orcí, no ha pasado nada. “Otra de las recomendaciones es que la Secretaría de Desarrollo Social, tanto estatal como municipal, y la secretaría de Salud del Estado y municipal, tienen que marcar pautas y establecer un programa para atenderlos, no lo han hecho”. 
El exhorto para la acción, se hará nuevamente en la próxima sesión del consejo, refirió Mora Álvarez. Pero la obligación de coordinación entre las instituciones no es un tema nuevo, pues desde el año 2002 está aprobada en Baja California la Ley de Asistencia Social, misma que obliga a la creación de un Sistema Estatal de Asistencia Social, cuyo objetivo es precisamente atender la indigencia. Cuestionado sobre la conformación y los trabajos del sistema, el Secretario de Desarrollo Social del Estado, Ricardo Magaña –quien debe encabezarlo por Ley-, señaló que el sistema no existe, pero justificó que DIF se encuentra próxima a la publicación de una convocatoria para integrarlo, con una estructura distinta a la establecida en la disposición legal, dando entrada a académicos, sociedad civil y ciudadanos. Dijo que los 59 millones de pesos a disposición de SEDESOE son para la atención de la totalidad del espectro de grupos vulnerables. Consideró que la problemática de la indigencia no puede ser erradicada, pero si combatida de manera más eficaz con la coordinación de recursos y programas de los tres órdenes de gobierno, cosa que no se da. Actualmente, el desplazamiento de este sector se observa sobre todo en la parte sur de la delegación Centro y La Mesa, sobre todo cerca de instituciones que sin que sea su obligación, dotan de alimento, jeringas y métodos anticonceptivos. Omisión en materia de derechos humanos Hablar de la indigencia en Tijuana y colgarle el calificativo “preocupante” sería una exageración, dice el académico Bustamante Fernández. Y es que, explica, no hay elementos para considerar la problemática como un riesgo para la ciudadanía, ya que ni ha disparado los índices delictivos, ni significa un foco de infección dadas sus condiciones de vida. “Para los efectos sociales, implicaciones sobre la sociedad de Tijuana cercano a cero, no son más que efectos sobre la visibilidad, sobre el turismo, pero no tiene un efecto completo que haya sido detectado de infección, de lo cual la población de Tijuana resulte con efectos significativos”. Lo que sí es indiscutible, comenta, es que se trata de una omisión en materia de derechos humanos del Estado mexicano, principalmente porque no existe un presupuesto específico para combatir la indigencia. “El Estado mexicano tiene una obligación de atenderlos como seres humanos, ésta es una obligación que está insertada en el artículo primero Constitucional y que se refiere al obligación de cumplir con los acuerdos internacionales (derechos humanos) que ha firmado México. Hay una combinación de responsabilidades del Gobierno Federal, que no atiende, porque no asigna presupuesto especial para esa cuestión, aunque es responsabilidad del gobierno mexicano. Y por otro lado también es una responsabilidad del municipio, pero más bien corresponde a la competencia del Estado mexicano”. Programa Mejora con resultados, pero sin presupuesto propio Para disminuir el problema, el Ayuntamiento de Tijuana le apuesta al Programa Mejora, un combinado del presupuesto de apoyo social del alcalde, Jorge Astiazarán –el mismo que lo lanzó–, de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (Sedesom), del DIF, y otras dependencias del nivel. El mismo, que de acuerdo al titular de desarrollo social municipal, Rodolfo Fajardo, ha apoyado desde su inicio –hace dos años– a un aproximado de mil 800 personas, entre los mil que han sido internados en centros de rehabilitación o al Hospital de Salud Mental, y 800 que han sido apoyados en su retorno a sus estados de origen. 
El funcionario asegura que en los próximos días “se intensificará” el programa, para invitar a más personas a recibir apoyo, junto a los rondines que hará la Unidad Municipal de Apoyo Social. “Es un tema social. Si una persona se encuentra en estado de abandono se lleva a un albergue; si es adicción se mete a un centro; si se encuentran deambulando con problemas psiquiátricos, al Hospital de Salud Mental”. —Secretario, la indigencia no disminuye en la ciudad. “Es un tema fuerte en Tijuana, y a veces ver a un grupo de cinco personas deambulando se te hace un mundo, pero realmente el ayuntamiento ha hecho lo que tenemos al alcance”. De los 100 centros de rehabilitación inscritos en el catálogo del Ayuntamiento de Tijuana, 20 ya han recibido personas enviadas, dijo Fajardo, más otras 10 que estarán recibiendo en los próximos días.
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