Sea por licitación, invitación simplificada o adjudicación directa, una docena de constructores acaparan los principales contratos asignados por el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y al menos el 50 por ciento de los recursos destinados a obra pública. Algunos con razón social distinta, pero bajo el mismo apoderado, han logrado firmar en menos de dos años más de media docena de contratos millonarios con el gobierno de Baja California. Las acciones asignadas a estas empresas no siempre se han concluido de acuerdo al tiempo establecido, no obstante el gobierno de Kiko Vega continúa contratando las mismas firmas, principalmente bajo el procedimiento de invitación simplificada. De acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento, la invitación simplificada tendría que hacerse por montos menores a 500 mil pesos, pero una modificación efectuada en 2014 facultó a Oficialía Mayor a restringir la participación de los participantes mediante este esquema, aun cuando se trate de montos superiores a los 8 millones de pesos. Ante esta situación, constructores de Baja California demandan mayor transparencia en la adjudicación de obra pública. EMPRESAS CONSENTIDAS 
Durante el primer año de gobierno de Vega no solo estuvo limitado el presupuesto de obra, también restringió el desarrollo de los proyectos a unas cuantas empresas. El 30 por ciento de las obras desarrolladas por SIDUE en 2014 y cerca del 70 por ciento de un presupuesto tasado en 580.7 millones de pesos, fue acaparado por las siguientes empresas: * Urbanizadora Roma, S.A. de C.V., propiedad de Rolando Peña Castro y Martín Valdez Martínez. * Jay Construcciones S.A. de C.V., bajo el poder de José Jesús Alatorre Yeomans. * Infraestructura Pública y Obra Civil, representada por Elizabeth F. Gómez Carrillo.
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