19 mil 162 pesos costará cada luminaria

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Reportajez BCS Lunes, 26 Octubre, 2015 07:00 PM

El denominado Programa de Emergencia para la Prestación Sustentable y Efectiva del Servicio de Alumbrado Público (PEPSESAP), instrumentado por la administración de Jorge Astiazarán, será 2 mil 154 millones 656 mil pesos más caro que el fallido proyecto de Sola Basic, convenido por el gobierno de Carlos Bustamante. De acuerdo a la propuesta de Astiazarán, aprobada por mayoría del Cabildo, el XXI Ayuntamiento podrá contratar un nuevo programa de alumbrado público por un costo estimado en 2 mil 295 millones 656 mil pesos; 16 veces más caro que los 141 millones de pesos que el XX Ayuntamiento pagó a Sola Basic. Proyectado a diez años, para su pago se autorizó comprometer el ingreso del impuesto por alumbrado público que se cobra a través del recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a más de 500 mil usuarios de Tijuana. No solo eso, el acuerdo de Cabildo dejó abierta la posibilidad de modificar ese gravamen a los usuarios del servicio doméstico de energía eléctrica, quienes actualmente pagan un impuesto fijo de 16 pesos bimestrales, “en lugar de un monto indexado al Salario Mínimo Vigente”, se expone en la propuesta. Si bien es cierto en el esquema de Astiazarán se incluye el pago del servicio de alumbrado público, con todo y el ahorro que supone la sustitución de las 67 mil luminarias que lo conforman, así como el cargo administrativo que facturará CFE por retener el gravamen y el crecimiento del servicio a diez años, el pago al proveedor cuando menos será de mil 283 millones 869 mil pesos. El argumento para pagar más de mil millones de sobreprecio por las 67 mil lámparas es que, “nosotros –el XXI Ayuntamiento– no nos vamos a robar 140 millones de pesos, como lo hizo el anterior –el XX Ayuntamiento–“, expuso la regidora Martha Rubio.   ONEROSO PROYECTO Para contratar una empresa que se encargue de reemplazar y dar mantenimiento por diez años a las 67 mil luminarias de Tijuana, el Ayuntamiento proyectó un pago de mil 283 millones 869 mil 869 pesos, a través de un fideicomiso que retendrá el cien por ciento del Impuesto del Alumbrado Público (IAP). En el acuerdo avalado por la mayoría del Cabildo, a excepción del Síndico Social, Bernabé Esquer Peraza, el pago al proveedor se tasó en un monto de mil 283 millones 869 mil 869 pesos, lo que indica que el costo y mantenimiento por cada lámpara costará a los tijuanenses 19 mil 162 pesos. “El nuevo programa de alumbrado no tendrá costo para el Ayuntamiento”, expuso el alcalde Jorge Astiazarán, afirmación que difiere del proyecto propuesto. El pago a la empresa que obtenga la adjudicación saldrá directamente del Impuesto al Alumbrado Público que actualmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra en el recibo que por consumo de energía eléctrica expide a 513 mil usuarios de Tijuana. El 90 por ciento de esa recaudación proviene de cuentas de servicio doméstico, a los que se les aplica una cuota fija de 16 pesos bimestrales; el 10 por ciento restante lo conforman comercios e industrias,  a quienes se les factura de acuerdo al consumo, tomando como base el salario mínimo diario general vigente, pago que puede fluctuar desde uno, hasta 5.5 salarios mínimos. En 2014, esta recaudación generó al municipio la captación de 150 millones de pesos y, de acuerdo al presupuesto de ingresos de Tijuana, aumenta un 15 por ciento cada año. Esto significa que en diez años se estaría captando alrededor de mil 400 millones de pesos, esto sin tomar en cuenta el aumento de la tarifa de energía eléctrica y el número de usuarios. Sin embargo, en la propuesta de Astiazarán, la captación de ese gravamen en 2016 se propuso de 195.5 millones de pesos, lo que significa el tener que elevar en un 30 por ciento su recaudación actual. Por ello en el décimo cuarto punto de la propuesta se advierte, “por lo que se requerirá de una mínima inversión adicional…”, y continúa, “inversión que no saldría de las arcas municipales, pues se amortizaría con los remanentes del impuesto por alumbrado público”. Dichos remanentes se consideraron con un crecimiento anual del 30 por ciento, que sumados a diez años dan un ingreso mínimo de 2 mil 472 millones 125 mil pesos, cantidad que resulta ser el doble de lo que se pagará al proveedor de las luminarias. Y como la idea es que todo se capte en un fideicomiso para que el municipio no lo reciba en forma directa, el gobierno en turno ideó que en la cesión del derecho de ese impuesto se pague la facturación por el servicio de alumbrado y el costo que este manejo administrativo significará para el erario. En resumidas cuentas se presupuestó a 10 años una facturación por alumbrado de un monto de 945.7 millones de pesos, más 37.1 millones del posible incremento en el consumo de energía eléctrica, a lo que se añadió un pago de 28.9 millones de pesos por el cargo administrativo que aplicará CFE, además de los mil 283.8 millones de pesos de pagó al proveedor, para llegar a un gran total de 2 mil 295 millones de pesos. Del posible remanente de 176.4 millones que esta proyección económica generará, el gobierno de Tijuana también lo incluyó en la cobertura de “los compromisos derivados del contrato de eficiencia del servicio de alumbrado público”.   MODERNIZACIÓN SIN DISPENDIO Un proyecto sustentable y económico, por el cual se pagó un promedio de 900 pesos por luminaria, que sumado al costo del balastro generó un gasto por unidad de solo mil 400 pesos, fue el que desarrolló el municipio de Toluca. Aunque muchas empresas se acercaron al gobierno de Toluca para ofrecerle el hacerse cargo por el sistema de alumbrado hasta por 20 años, la entonces alcaldesa, Martha Hilda González Calderón, optó por hacerlo por cuenta propia. Con recursos propios y un financiamiento a nueve meses de 20 millones de pesos, para un total de 39.2 millones de pesos, el gobierno de Toluca reemplazó este año 28 mil lámparas de alumbrado público que le han generado un ahorro de un 40 por ciento en el gasto de energía eléctrica. Sin heredar deuda a posteriores administraciones, el actual gobierno de ese municipio recurrió a los programas de asesoría y capacitación que dispone el gobierno federal a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía eléctrica (FIDE) y de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). En primer término, sin costo alguno, el FIDE capacitó al personal de la Dirección del Medio Ambiente y Servicios Públicos para que pudieran analizar las necesidades de luminosidad de cada zona, explicó Margarita Sandra Saldaña Garnica, titular de la dependencia. Posteriormente, continuó, CONUEE los asesoró técnicamente para que pudieran determinar el tipo de tecnología requerida y delinear un proyecto sustentable, económico y acorde a las necesidades de cada área del municipio. La definición del proyecto se realizó en 2014, detectándose que el 40 por ciento de las 40 mil luminarias  instaladas no funcionaban, y un 30 más se encontraban en muy buen estado, por lo que se optó por reemplazar 28 mil para 2015; antes de ello, en 2014, con recursos propios se adquirieron 11 grúas, con una inversión de 11 millones de pesos, equipo que sería utilizado para el desarrollo del programa. Pero al solo disponer de un presupuesto para alumbrado de 19.2 millones de pesos, el Cabildo autorizó en enero de 2015 adquirir un crédito con el Banco nacional de Obras (Banobras) a nueve meses. En cinco meses, a partir de febrero de este año, personal de Servicios Públicos llevó a cabo el cambio del sistema de alumbrado público, reemplazando bombillas y balastros previamente licitados. Actualmente Toluca ha crecido su servicios a 44 mil luminarias; a las 28 mil del programa de alumbrado se sumaron 4 mil que pudieron ser adquiridas con apoyos federales provenientes de Hábitat y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Al cambiarse focos de vapor de sodio de 150 y hasta 250 watts por lámparas led de 90 watts, el municipio se encuentra no solo mejor iluminado, sino que el pago mensual de energía eléctrica disminuyó en un 40 por ciento. Por ello el consumo adicional que genera el contar con más lámparas, no ha significado una erogación extra. Además, por haber implementado un proyecto eficiente, la Secretaría de Energía, a través de CONUEE, le bonificó el 15 por ciento de lo invertido. A la par que culmina su periodo administrativo, el gobierno de este municipio saldará el crédito a corto plazo con Banobras; no dejará deuda pendiente por este concepto y a cambio deja una ciudad iluminada y con equipo propio.   EDILES DESINFORMADOS Para el cabildo de Tijuana no existe otra manera de poder proporcionar a los tijuanenses un servicio de alumbrado eficiente, moderno y sustentable, que no sea comprometiendo la recaudación. Al no existir capacidad financiera para créditos a largo plazo, “la única opción es el fideicomiso propuesto”, coincidieron en opinar los regidores Luis García, Héctor Riveros y Luis Felipe Ledezma. Cuestionados sobre la estimación planteada para el pago del programa, en la que se consideró la totalidad del impuesto al alumbrado público y un porcentaje adicional mínimo del 14.6 por ciento, los integrantes del Cabildo de Tijuana dijeron desconocerlo. Luis García argumentó que el proyecto le fue presentado en forma apresurada, sin solventar la totalidad de las dudas y a solo unas horas de subirlo al pleno del Cabildo. Y aunque en la aprobación facultan al gobierno de Jorge Astiazarán para convocar y suscribir los convenios necesarios para ejecutar el programa, lo que incluye el realizar un “un convenio de recaudación del Impuesto al Alumbrado Público y/o convenio modificatorio al existente”, este último convenio tendrá que garantizar el “hacer efectivo el supuesto del presente punto de acuerdo”, es decir los ingresos necesarios para poder sufragar un programa de más de 2 mil 295.6 millones de pesos. Finalmente, con la aprobación del Cabildo del 9 de octubre, el gobierno de Astiazarán está facultado para formalizar un convenio con el licitante ganador por la vigencia y con las condiciones proyectadas. Pese a lo ya aprobado, los regidores aseguran que no permitirán aumento en el impuesto de alumbrado público. Mientras Luis García anotó que si falta presupuesto se tendrá que salir de los ingresos propios del municipio, sin elevar ningún gravamen, Héctor Riveros consideró que la disposición del equipo de alumbrado público que se retire podría generar un ingreso adicional que permitiría sufragar el recurso faltante.   SOLA BASIC IMPUNE Ocupado como está en idear el nuevo programa de iluminación para la ciudad, el gobierno de Tijuana deja en manos “de las instancias que corresponden”, el dar seguimiento al caso de Sola Basic, así lo externó Bernardo Padilla, secretario general del XXI Ayuntamiento. Actualmente Sindicatura da seguimiento a una demanda formal y continúa llamando a comparecer a los funcionarios del XX Ayuntamiento, pero sin dar una resolución final del caso. En tanto, Manuel Montenegro, titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Baja California, informó a ZETA que será en noviembre de 2015 cuando dé una resolución sobre la investigación que sigue sobre este tema.     Colegio de Ingenieros impugnará impuesto a alumbrado público   Calificado como anticonstitucional, el impuesto al alumbrado público que aplica el municipio de Tijuana será impugnado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana a través de un amparo. Pablo Hernández Lee, presidente del organismo, rechazó el proyecto con el que Jorge Astiazarán pretende solucionar el error cometido por la administración de Carlos Bustamante al contratar a Sola Basic, yerro que costó al municipio 141 millones de pesos. Antes de imponer un impuesto o aumentarlo, primero que resuelva la incompetencia y posible corrupción del gobierno anterior, expuso. Dijo que los tijuanenses siguen esperando que el XXI Ayuntamiento dé resultados sobre el caso de Sola Basic, contrato desfavorable que firmó su antecesor y que el actual gobierno está obligado a investigar y resolver, antes de intentar invertir más recurso público en una acción por la que ya se pagó. Hernández Lee indicó que en reunión colegiada se tomó la decisión la noche del miércoles 21 de octubre de promover un amparo que no solo impida un posible incremento al impuesto de alumbrado público, sino que elimine su cobro, al considerar que el pago de los servicios públicos ya está incluido en el cobro del predial. Respecto al nuevo proyecto de alumbrado público, acusó opacidad, toda vez que el alcalde no ha informado de cómo se va a efectuar y cuánto tendrá que pagar el municipio por él y bajo qué condiciones. José Ángel Peñaflor Barrón, quien promoverá la acción legal planteada por el colegio,  informó que el impuesto por el derecho al alumbrado público ha sido reiteradamente declarado anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ejemplo precisó que en municipios como León, Guanajuato; Nuevo León; así como Empalme y Guaymas, en Sonora, se han amparado en contra de ese gravamen y han obtenido el fallo favorable de la Suprema Corte. Esto es, explicó, “porque invaden la función del legislativo federal al imponerse en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad”. En el caso de Tijuana, recordó, de inicio el cobro se tasó en un peso, “y ya van en 16 pesos bimestrales y ahora lo quieren aumentar al doble, no estamos de acuerdo”, opinó. Finalmente, los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles consideraron que el gobierno de Astiazarán debe buscar una solución al problema de alumbrado público que heredó de la administración anterior, con los recursos propios del municipio, y no de los bolsillos de los tijuanenses. Pablo Hernández reiteró su postura de exigir la recuperación de los 141 millones pagados a Sola Basic, “el actual gobierno primero debe lograr eso, que entiendan que hacen una función para lo que los contratamos”.  

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