Aun oficialmente absuelto de los delitos de homicidio calificado con alevosía en grado de tentativa y de privación ilegal de la libertad, Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón” o “El Sepulturero”, logró esquivar la justicia de Baja California Sur. La sorpresiva liberación del homicida múltiple, ocurrida el 14 de julio, se convirtió en la burla hacia el gobierno de Baja California Sur, y el ícono de la impunidad criminal, en medio de una guerra entre narcomenudistas por el control de la plaza de La Paz, la cual ha dejado un saldo hasta el momento 130 muertos. Hernández Peña fue liberado por falta de pruebas para acreditar plenamente la responsabilidad penal del delincuente en el caso de 6 narcomenudistas que fueron levantados y estuvieron a punto de ser asesinados el 28 de mayo de 2013 en el fraccionamiento de Las Américas. Asimismo, después de dos años no fue consignada la averiguación previa en el caso del hallazgo de las 7 fosas clandestinas encontradas el 10 y 11 de junio de 2013 en la colonia El Mezquitito. Después del reparto de culpas la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resulta inverosímil. Las principales hipótesis, según integrantes del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur consultados por ZETA, sobre la sentencia absolutoria a favor de “El Simón”, son las siguientes: 1.- El caso se cayó después de haberse retractado la imputación directa del principal ofendido de nombre Christian Enrique Romero Altamirano “El Kike”, quien supuestamente fue amenazado de muerte, y el asesinato de los otros dos testigos de cargo, Paulette Viridiana Mendoza Lizardi “La Diabla” y Arturo Ernesto Gómez Espinoza “El Conry” o “El Sonrics”, ejecutados en septiembre de 2013 y diciembre de 2014, respectivamente. 
Los tres testigos, junto con los narcomenudistas Leydy Isabel Álvarez Amador, Jesús Loreto Chávez Ortega “El Kicho” y Roberto Hirales Avilés “El Comix”, fueron privados de su libertad el 28 de mayo de 2013 en la vivienda de “El Kike”, localizada en las calles de Rubíes y Universidad en el fraccionamiento Las Américas de La Paz. Los vendedores de drogas habían sido sometidos previamente por “El Simón” y estaban amarrados de pies y manos con cinchos. Según el expediente, iban a ser asesinados y enterrados en fosas clandestinas. 2.- Los posibles actos de corrupción en el manejo del caso, aprovechando la complejidad del expediente de solo 170 páginas, y la atención hacia el tema de la narcoguerra, porque bajo argucias, el juzgador restó valor probatorio a las confrontaciones entre el victimario y las víctimas, bajo el argumento de que eran pruebas que se recabaron durante el arraigo del procesado, cuando esta figura estaba vigente en el estado, y por el contrario, le dio mayor importancia a las contradicciones entre las víctimas sobre la media filiación del homicida. Inclusive, el criminal no rindió su declaración oficialmente sobre las imputaciones, por lo que no existía otro medio de prueba con el que pudiera acreditarse su responsabilidad penal. 3.- La omisión y negligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y hasta la Procuraduría General de la República (PGR), porque teniendo abiertas por dos años las averiguaciones previas LPZ/027/HOM/2013 y PGR/BCS/LP-COE1/026/2013, respectivamente, en contra del presunto criminal por los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio e inhumación y delitos contra la salud y delincuencia organizada, nunca consignaron los expedientes a los juzgados penales, y por ende, cuando fue notificada la libertad a Hernández Peña por el caso del fraccionamiento de Las Américas, no hubo ningún otro hecho delictivo que pudiera mantenerlo en prisión. Cualquiera que fuera el caso, el común denominador es la impunidad que dejó en libertad al presunto “multihomicida” Simón Guillermo Hernández Peña, conocido también como “El Sepulturero de Los Pepillos”, quien dicho sea de paso, durante su internamiento de 2 años y 17 días en el Centro de Reinserción Social de La Paz no portó el uniforme reglamentario de color amarillo, no fue obligado a raparse el cabello y usó todo el tiempo teléfono celular dentro del penal, tal como lo prueba la fotografía publicada en esta edición, lo que violentó el reglamento interno del Cereso. Desde luego también accedía a su red social de Facebook, bajo el nombre de cuenta “Wero Peña”, la cual desde su captura y hasta su salida, nunca dejó de tener actividad. Los delitos Oficialmente, el nombre de Simón Guillermo Hernández Peña “El Sepulturero”, aparece –según información recabada en la PGJE y la PGR—en tres expedientes. Son los siguientes: 1.- La averiguación previa número LPZ/376/AMP1/2013 abierta el 28 de mayo de 2013 por la PGJE por los delitos de homicidio calificado con alevosía en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad en agravio de 6 narcomenudistas en el fraccionamiento Las Américas, y la cual fue consignada originalmente al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia, bajo la causa penal 149/2013, y después cambió a la 046/2015, cuando fue enviada al Juzgado Tercero Penal. 2.- La número LPZ/027/HOM/2013 abierta el 11 de junio de 2013 por la PGJE por los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio e inhumación en el caso de las 7 fosas clandestinas encontradas en un terreno en la colonia El Mezquitito, la cual –al cierre de esta edición— no había sido consignada a ninguno de los tres juzgados penales locales. 3.- La número PGR/BCS/LP-COE1/026/2013 iniciada el 26 de junio de 2013 por la PGR por delitos contra la salud y delincuencia organizada, después de que catearan una casa de seguridad de Hernández Peña en la calle de Tijereta en el fraccionamiento Las Garzas de La Paz, donde fueron encontradas fundas de armas cortas y largas, botas, uniformes militares y documentación de la célula criminal del sicario del jefe de la plaza de la zona sur de La Paz, José Fernando Torres Montenegro y/o José Francisco Ojeda Torres “El Pepillo”. 
Aun y con tres averiguaciones previas en su contra, “El Sepulturero”, recuperó su libertad, después de la Juez Tercero Penal, Rosario del Carmen Palacios Montaño, decretó sentencia absolutoria a favor del criminal y ordenó poner en inmediata y absoluta libertad al presunto responsable de levantar e intentar asesinar a los siguientes narcomenudistas: 1.- Christian Enrique Romero Altamirano “El Kike”. 2.- Paulette Viridiana Mendoza Lizardi “La Diabla”. 3.- Arturo Ernesto Gómez Espinoza “El Conry” o “El Sonrics”. 4.- Leydy Isabel Álvarez Amador. 5.- Jesús Loreto Chávez Ortega “El Kicho”. 6.- Roberto Hirales Avilés “El Comix”. Según el expediente los vendedores de droga del jefe de la plaza de la zona sur de La Paz, José Fernando Torres Montenegro y/o José Francisco Ojeda Torres “El Pepillo” serían asesinados por el sicario por órdenes superiores. Hernández Peña tenía atadas de pies y manos a sus víctimas, y solo esperaba el momento para salir de la vivienda de “El Kike”, subirlos a un vehículo y llevarlos a matar y enterrar en una zona donde ya tenía algunas fosas clandestinas en la colonia El Mezquitito. Sin embargo, dentro de la casa, y tras enterarse de que iba a ser asesinado, hubo un forcejeo entre “El Kike” y “El Simón”, por lo que este último, pretendiendo intimidarlo disparó en su contra, acertando un balazo en la cara. La detonación provocó que los vecinos salieran, por lo que el criminal huyó del lugar, junto con su acompañante identificado como “Ramsés”, hasta donde minutos después llegó la policía ministerial del estado, desató a las víctimas y las llevó a declarar. Las víctimas señalaron como responsable de la agresión a Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón”, quien tras ser detenido confesó a la policía de que planeaba matar y enterrar a sus adversarios en una zona donde tenía enterrados a otros narcomenudistas que había asesinado. El delincuente entonces llevó a los agentes de investigación de la PGJE hasta un paraje en la colonia El Mezquitito, donde fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres y cinco hombres. Son los siguientes: 1.- Érika Rosales González, reportada como desaparecida el 14 de marzo de 2013. 2.- Marcos Joel González Robles, reportado como desaparecido el 16 de marzo de 2013. 3.- Juan Javier Medina Corral, reportado como desaparecido el 17 de marzo de 2013. 4.- Jesús Iván Ramos Jiménez, reportado como desaparecido el 11 de abril de 2013. 5.- Damaris Karina Márquez Moreno “La Damaris” o “La Karo”, reportada como desaparecida el 23 de abril de 2013. 6.- Carlos Antonio Cota Cervantes “El Charly”, desaparecido el 23 de abril de 2013. 7.- Abel Leal González “El Buena Onda”, desaparecido el primero de mayo de 2013. La liberación “El Sepulturero” apenas duró 2 años tras las rejas cuando oficialmente se había previsto una condena de 150 años de cárcel tan solo por el crimen de las 7 personas halladas de las fosas clandestinas, caso que no fue consignado –a más de dos años— a ningún juzgado penal. Así, Simón Guillermo Hernández Peña recuperó su libertad alrededor de las 9 y media de la noche del 14 de julio, después de salir del Centro de Reinserción Social de La Paz.
La liberación dejó evidenciada la supuesta coordinación interinstitucional entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado, Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado, porque esta última institución gubernamental fue notificada oficialmente de la libertad del criminal, hasta 4 días después de su salida. Para algunos integrantes del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur, el expediente de “El Simón” en el caso exclusivo del fraccionamiento Las Américas “fue muy manoseado”. Y es que según el expediente dos jueces penales supieron oficialmente del caso. El Juez Segundo Penal de Primera Instancia, Eulogio Verdugo Perpuly, quien tuvo el expediente 149/2013, desde el junio de 2013 hasta el 4 de febrero de 2015. Durante todo ese tiempo, y con base en información del expediente, se desahogaron las principales diligencias de los testigos de cargo, hasta que de manera inesperada, se declaró incompetente y envió el asunto a otro juzgado. Durante el tiempo en que el expediente estuvo en manos del juez Eulogio Verdugo Perpuly, dos testigos de cargo, uno de ellos, clave fueron asesinados presuntamente por células criminales de la organización delictiva de “Los Pepillos”, de la cual forma parte “El Sepulturero”. El primer testigo, y quizá el más importante fue Paulette Viridiana Mendoza Lizardi “La Diabla”, y ex pareja sentimental de la principal victima, Christian Enrique Romero Altamirano “El Kike”. La mujer de 25 años fue encontrada el 22 de septiembre de 2013 torturada, degollada y con una bolsa en la cabeza a escasos 15 metros a la orilla de la playa de El Comitán; hasta el momento de su hallazgo no contaba con reporte de desaparición de familiares o amigos. Según el expediente del caso, “La Diabla” fue la testigo que reconoció plenamente a “El Simón”, como la persona que privo de su libertad a ella y cinco compañeros más, y quien disparó en contra de su pareja Christian Enrique Romero Altamirano, dentro de su casa, localizada en la calle Rubíes y Universidad en el Fraccionamiento Las Américas. El segundo testigo de nombre Arturo Ernesto Gómez Espinoza “El Conry” o “El Sonrics” fue la persona que reconoció a “El Simón” como el agresor durante la confrontación entre víctimas y victimario. El restó –y por presuntas amenazas de muerte— dijeron no conocerlo. El hombre fue ejecutado a tiros la tarde del 20 de diciembre de 2014 afuera de su casa, localizada en las calles de Altamirano y avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Inalapa de La Paz. Los asesinatos de los testigos –según un integrante del grupo interinstitucional— “no es obra de la casualidad, sino posiblemente la estrategia que utilizó el grupo criminal al que pertenece El Simón para ir eliminando testigos de cargo, hasta que no hubiera nadie que atestiguara en su contra, y pudiera recuperar su libertad, en virtud de que cuando fue detenido dijo haber actuado solo, y siempre protegiendo, al responsable de ordenar los crímenes que obviamente era El Pepillo”. De hecho, y de acuerdo al expediente, el principal ofendido, Christian Enrique Romero Altamirano “El Kike”, se desistió de la acusación directa en contra de “El Simón”, después de que fuera asesinada su pareja sentimental, inclusive el Juez Segundo Penal, Eulogio Verdugo Perpuly –tras la ejecución del segundo testigo de cargo— se desistió de seguir conociendo del caso, y anotó: “Para efectos de que no se dude de la imparcialidad del titular de este juzgado, en todas y cada una de las resoluciones y actuaciones que se llevan a cabo en el proceso, es por ello que se plantea la recusación al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia, porque resulta ser el más cercano a esta autoridad”. — Oficialmente ¿tienen información de que el Juez Segundo Penal, Eulogio Verdugo Perpuly, haya sido amenazado de muerte por la delincuencia organizada? No sabemos si es casualidad, pero se desiste cuando dos testigos son asesinados y el principal ofendido, se desiste de la imputación directa en contra del criminal, ¿no es esto mucha casualidad?, preguntó ZETA al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Daniel Gallo Rodríguez. “Hasta donde tenemos información no, pero si nos es un caso preocupante, porque ni yo ni los jueces tenemos seguridad y es un asunto que comenzamos a tocar en la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia, sobre todo en los casos donde se advierte la presencia de delincuencia organizada, y ahorita tenemos muchos casos”. — Después del desistimiento, el caso lo toma la Juez Tercero Penal, Rosario del Carmen Palacios Montaño, y del 4 de febrero al 14 de julio, es decir, en 5 meses, decreta la libertad del presunto criminal. ¿Hubo amenazas o corrupción? 
“Bueno, es algo que mí no me compete decirlo. Lo que sí te puedo decir es que la resolución que tomó la juez tiene una responsabilidad, sea de condena o de absolución. Hasta ahorita no hemos revisado el caso, porque tengo entendido que la PGJE presentó una apelación por la sentencia, y es donde los magistrados podremos revisar la actuación de la juzgadora. No le rehuyó al tema de la corrupción, porque hasta el propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció que este cáncer penetró hasta el Poder Judicial de la Federación, y donde incluso fueron cesados jueces y secretarios de acuerdos. Lo que sí te puedo decir es que en nuestro caso la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, y una nueva que está en revisión en el Congreso, endurece muchísimo el marco legal en materia de responsabilidades en cuanto a casos de corrupción, y donde nosotros hoy ya podemos acceder a la información patrimonial de todos los servidores públicos del poder judicial e iniciar de inmediato cualquier investigación en caso de alguna evidencia de corrupción”. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, fijó postura en torno a la liberación del criminal. Fue la siguiente: 1.- La sentencia absolutoria fue emitida por falta de pruebas para acreditar plenamente la responsabilidad del procesado, en virtud de que el señalamiento oficial del ofendido, Christian Enrique Romero Altamirano, quedó desacreditado con la retractación del ofendido. 2.- Dentro de las diligencias realizadas, no se dio valor probatorio a dos pruebas de confrontación entre víctimas y victimario, porque fueron obtenidas durante el proceso de arraigo del procesado. 3.- Hubo una serie de contradicciones entre las seis víctimas en cuanto a sus declaraciones sobre la media filiación de la persona responsable del delito de homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad. 4.- No hubo otros medios de prueba para acreditar plenamente la responsabilidad del procesado, y quien incluso no fue declarado en torno a los hechos. 5.- El proceso tuvo trámite normal y no hubo ningún acto procesal por el que pudiera pensarse que se aceleró o adelantó la sentencia y la cual tardó 9 meses en dictarse. 6.- El procesado fue liberado, porque durante la búsqueda de los tres juzgados penales en el estado no se encontró algún antecedente de otro proceso o consignación en contra del inculpado, concretamente en el caso de las fosas clandestinas de la colonia El Mezquitito, y por lo tanto, tuvo que ser dejado en libertad. Sobre la liberación de “El Sepulturero de Los Pepillos”, la PGJE, no quiso fijar una postura al respecto, y evitar una confrontación de poderes, y el procurador Adonaí Carreón Estrada, anunció que presentaría una apelación sobre el caso, y trabajaría en la consignación del caso de las fosas clandestinas, mismo que se retrasó debido al resultado de los estudios de ADN de las víctimas, los cuales fueron elaborados por un perito especializado en antropología forense, en virtud de que los cadáveres tenían un avanzado estado de descomposición. Incluso tres de ellos, estaban unidos entre sí, porque fueron apilados unos arriba de otros.
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