Los Cabos, Baja California Sur.- La última vez que el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, habló públicamente de la auditoría externa a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013, ordenada por el Cabildo del XI Ayuntamiento local, fue el 31 de diciembre de 2014, cuando durante una entrevista radiofónica en el programa “Los Cabos a la Carta”, presumió que la transparencia era uno de los “pilares” de su administración y anunció que los resultados estaban listos y se publicarían en breve. El edil admitió que pretendía recobrar la confianza de los habitantes del destino turístico -tras estallar el escándalo del gasto irregular del excedente de 224 millones 643 mil 638 pesos en el ejercicio 2012-, y prueba de ello era que “habían contratado al despacho Bejar, Galindo, Lozano y Cía para realizar la investigación contable y ofrecer resultados”. “Ya nos entregaron la información y ya le informé al Cabildo que la tenemos”, citó textualmente, para después justificar que por el momento “no la daría a dar a conocer porque apenas vamos a tener una reunión con el despacho auditor, cuya firma es reconocida nacionalmente porque ha trabajado para la Auditoría Superior de la Federación, quien nos vendrá a dar el resumen general”. Lo cierto es que -según la fecha del dictamen de la firma contable- el alcalde de Los Cabos tuvo en sus manos el informe ejecutivo general de la auditoría independiente desde el 22 de diciembre de 2014, es decir, nueve días antes de la entrevista radiofónica. 
El resultado de la auditoría externa firmada por el contador Gerardo Lozano Dubernard, contiene alrededor de 500 hojas tamaño carta -de acuerdo a la copia obtenida por ZETA-, la cual se divide en los siguientes apartados en cada uno de los ejercicios fiscales: 1.- Dictamen presupuestal. 2.- Informe sobre la revisión de operaciones reportables relacionadas con obra pública y servicios. 3.- Carta de observaciones derivada de la auditoría sobre los estados financieros. 4.- Informe ejecutivo y propuestas de mejora. La auditoría externa fue ordenada por Cabildo en pleno el 17 de octubre de 2013 -según el acta de Cabildo número 41- para revisar las finanzas de los siguientes periodos fiscales: * De mayo a diciembre de 2011. * De enero a diciembre de 2012. * De enero a junio de 2013. De acuerdo al acta de Cabildo, el objetivo de la investigación contable era “elaborar un estudio general, del cual debería rendirse un informe profesional, bajo las normas y procedimientos de auditoría, partiendo de los principios básicos de contabilidad gubernamental, el cual debería contener las observaciones que deriven de los resultados, refiriéndose al señalamiento de deficiencias, irregularidades u otros hallazgos relevantes que en su caso, puedan advertirse, debiendo describirse las causas, efectos y preceptos legales que pudieran incumplirse, a efecto de que puedan emitirse recomendaciones preventivas o correctivas”. Es decir, los regidores solicitaron una “auditoría forense” que permitiera principalmente detectar fraudes, robos y trucos legales y contables, además de situaciones anómalas en las que se pudiera investigar y dar con los presuntos responsables, sobre todo por las sospechas que surgieron tras el hallazgo del gasto irregular de los más de 224 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2012. El precio de esta investigación contable -en base a la factura en poder de este Semanario- tuvo un costo de 2.5 millones de pesos, y de la cual, a pesar de su promesa, el propio alcalde José Antonio Agúndez Montaño no volvió a tocar el tema. Después de obtener la copia de la auditoría externa, ZETA solicitó la opinión de un contador y un auditor para conocer la versión de expertos en el tema de investigaciones contables y, luego de revisar la copia del documento, determinaron se trata de “una auditoría tipo financiera”, porque “solo se auditaron los estados e información financiera presupuestaria, el cual comprende un analítico de ingresos, ingresos de flujo en efectivo, egresos de flujo en efectivo y del ejercicio presupuestario de egresos; clasificados en administrativo, económico y objeto del gasto de los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013”. Según los expertos, actualmente existen veinte tipos de auditorías, entre las más comerciales destacan las siguientes: financiera, operacional, sistemas, fiscal, administrativa, social y forense. 
“La copia de la auditoría que estamos viendo definitivamente no es forense”, dijo tajante el auditor a este Semanario, y con base al informe del auditor expuso; “El despacho únicamente se limitó a revisar los estados e información financiera que el propio Ayuntamiento entregó, y a sentar una base para que fueran solventadas cada una de las observaciones (irregularidades), y corregir todo con base a las disposiciones legales en la materia, como son la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; Normatividad sobre el Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur; Manual de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable”. Pese a que desde el punto de vista del regidor y presidente de la Comisión de Transparencia de Cabildo, Pablo Díaz Rivera, “la auditoría externa fue más bien un intento de ordenar el cochinero en el caso de los más de 224 millones de pesos y hacer un saco a la medida del gobierno municipal”, la investigación contable arrojó información que definitivamente ya no pudo ocultarse y vino a confirmar una serie de irregularidades cometidas en la feneciente administración del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño. La más grave, según el apartado de Dictamen Presupuestal de la auditoría en el ejercicio 2011, es la utilización de recursos federales etiquetados por el orden de 22 millones 300 mil pesos en el pago de nómina a trabajadores de base y confianza del Municipio, los cuales salieron del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) e incluso del Impuesto (estatal) sobre Nómina. No solo eso. Algunos regidores como el perredista Víctor Ortegón Góngora, utilizaron dinero público bajo el concepto de Gastos para atender asuntos personales. Por ejemplo, el 30 de diciembre de 2011 -de acuerdo a la póliza de diario 551-, el edil con licencia y actual candidato a diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), gastó dinero del XI Ayuntamiento de Los Cabos en la compra de cuatro boletos de avión viaje redondo Los Cabos-Canadá-Canadá-Los Cabos, acompañado de su esposa Jessica Olsen y sus dos hijas. Peor aún, el despilfarro del XI Ayuntamiento de Los Cabos es tal, que desde la toma de protesta del alcalde Agúndez -según el apartado Operaciones Reportables de Obra Pública y Servicios- “no se encontró evidencia de la existencia del programa anual de obra pública, tampoco datos de su existencia en Compranet y los procedimientos de adjudicación”. La opacidad permitió que el edil asignara hábilmente contratos millonarios de obra pública a sus sobrinos Christian y Argelia María Agúndez Gómez, propietarios de la constructora Scala, S.A. de C.V. Según la muestra de revisada -contrato R33-DGDS-OM-01-APO-2011-, la empresa recibió un contrato de 60 pies de casa por el orden de un millón 598 mil 135 pesos con 60 centavos. Las fianzas de vicios ocultos de las empresas constructoras, como las de los hijos de Narciso Agúndez Montaño fueron entregadas -según el dictamen contable- dos años y cuatro meses después de la fecha en que las obras fueron entregadas y recepcionadas al Municipio, inclusive el finiquito de las mismas fue después de dos años transcurridos. En base al resultado de la auditoría, el platillo fuerte de las irregularidades cometidas en el gobierno del alcalde de Los Cabos fue evidentemente en el ejercicio fiscal 2012.
En ese periodo nuevamente fueron desviados recursos federales etiquetados para el pago de nómina de los trabajadores, a pesar de que hubo un excedente en la recaudación de impuestos por 224 millones 643 mil 638 pesos, incluso un superávit presupuestal de 12 millones 300 mil pesos. Las cantidades desviadas se canalizaron de las siguientes maneras; * De los 9 millones del programa SUBSEMUN, se descubrió que 3.4 millones fueron utilizados en el pago del concepto de suplemento de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de los empleados de base y de confianza del Municipio. El dinero del programa encaminado a la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad fue tomado para pagar salarios, a pesar de estar etiquetado. * De los 8 millones 100 mil pesos del programa del FAIS, se observó que dos partidas con importes de un millón 100 mil pesos y de un millón 900 mil pesos se emplearon en pago de la nómina, en vez de financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones en beneficio directo a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. * De los 25 millones 100 mil pesos recaudados por Participaciones Estatales, particularmente Impuesto sobre Nómina, 7 millones 800 mil pesos se usaron para el pago de salarios, lo que contraviene lo establecido de que este dinero debe gastarse exclusivamente en obras de infraestructura social. Según el dictamen, la auditoría arrojó que el XI Ayuntamiento gastó 20 millones 169 mil 81 pesos en presuntos servicios de “asesorías, estudios e investigaciones”, excediéndose por 14 millones 627 mil 310 mil pesos de más, de los 5 millones 541 mil 771 pesos previamente autorizados por el Cabildo para el ejercicio fiscal 2012. — ¿Qué asesorías, qué estudios y qué investigaciones?, se le preguntó a la nueva tesorera, Emilia Vega Uribe. “No lo sé, la verdad es mucho dinero, y justamente ahora que nos dieron la auditoría, solicité me hagan llegar el informe de ese gasto, porque algunos regidores están solicitando la información de ese gasto en particular”. El propio auditor Gerardo Lozano Dubernard -según su dictamen- calificó el gasto como “un desahorro”, lo que coincidió con la opinión del regidor y presidente de la Comisión de Transparencia del Cabildo, Pablo Díaz Rivera, quien consideró “una verdadera grosería” ese presunto gasto, “es ilógico que se hayan gastado una fortuna, casi poco más de un millón de dólares en el mes de diciembre”. Afirmó el edil: “No tenemos evidencias de que esas supuestas asesorías fueron prestadas, porque hasta ahorita no sabemos cómo y a quién, y tampoco nadie nos ha enseñado ninguna evidencia; ahora también nadie ha justificado si eran necesarias o no, o de qué tipo de asesorías estamos hablando”. El dinero gastado por ese concepto -y de acuerdo a la auditoría- es 12 veces mayor que el destinado al programa de alimentación de personas de escasos recursos; cuatro veces mayor del dinero gastado en combustibles y lubricantes, y 19 veces superior al presupuesto cultural, social y deportivo, incluso a apoyos a la educación. Lo más grave es que justo cuando se gastaron esos 20 millones, incongruentemente, el XI Ayuntamiento de Los Cabos había implementado un programa de “racionalidad y austeridad presupuestaria” para -según la disposición oficial- “mejorar los niveles de vida de los cabeños”, en el que estaban instrumentando “medidas concretas” en materia de gasto social para dar prioridad al gasto de inversión de infraestructura urbana, seguridad pública y servicios públicos. 
De acuerdo al concepto Cuentas por Cobrar, la investigación contable arrojó hasta el 31 de diciembre de 2012 un adeudo de 129 millones por conceptos de préstamos otorgados a empleados, particulares e instituciones gubernamentales por parte del XI Ayuntamiento, como si se tratara de una beneficencia pública y que datan desde 2006. La auditoría destaca: * 75 millones 40 mil 757 pesos al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS). * 14 millones 797 mil 865 pesos a la coordinación municipal de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). * 12 millones 680 mil 483 pesos a la compañía particular Promotora y Desarrolladora de Vivienda, S.A de C.V. * 2 millones 558 mil 758 pesos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. La propia tesorera del gobierno municipal, Emilia Vega Uribe, consideró que “las cuentas de los adeudos prácticamente son incobrables”, ya que en el caso de los trabajadores, muchos ya fallecieron y otros ya no están laborando. “Ahorita estamos en un proceso de revisión y depuración, porque no tiene caso dejar de herencia esas deudas al nuevo gobierno, cuando de antemano sabemos que no van a poder recuperar ese dinero”, comentó a ZETA. No obstante, guardó silencio sobre la desaparición de un millón de pesos –al cierre del ejercicio fiscal 2012- cuando el gobierno de José Antonio Agúndez, logró recuperar un préstamo otorgado por el IX Ayuntamiento de Los Cabos en 2007, al gobierno de Mulegé, dinero que simplemente se esfumó. “La Tesorería ha tenido acercamiento con el actual Ayuntamiento de Mulegé, girando oficios de gestión de cobro por dicho préstamo, sin embargo, han respondido que éste ya fue cubierto, mostrando su estado de cuenta bancario con el retiro y concepto del pago de préstamos a favor del Ayuntamiento de Los Cabos; sin embargo, no se encuentra el depósito en las cuentas bancarias, de que dicho dinero se haya recibido”, transcribió el informe de la auditoría. Pero las irregularidades no solo versan sobre el desvío de recursos federales y pagos millonarios a proveedores de familiares del edil cabeño, también –según el catálogo de la célula de resultados sobre la revisión de operaciones reportables relativas a Obra Pública y Servicios- sobre 14 obras inconclusas o inexistentes por 40 millones 626 mil 376 pesos con 31 centavos. Las obras están relacionadas con la pavimentación, colocación de red de drenaje y agua potable en las colonias Los Cangrejos, Mesa Colorada, El Zacatal y San José Viejo en Cabo San Lucas y San José del Cabo. “Las operaciones que se muestran en este documento fueron realizadas bajo el amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionadas con las mismas (federal), debido a que fueron contratadas con recursos federales. Estas obras aún no se encuentran concluidas, por tal razón, no aplica el atributo”, describe el informe firmado por el contador Gerardo Lozano Dubernard. De igual manera, la auditoría arrojó que el XI Ayuntamiento de Los Cabos actuó de manera irresponsable, ya que “no se cuenta con la evidencia de cómo el Municipio verificó ante la Secretaría de la Función Pública que los contratistas con los que se celebraron los contratos, no estuvieran sancionados”.
El dinero pareciera no ser un problema en el gobierno del alcalde José Antonio Agúndez, porque de acuerdo al formato de observaciones, en algunos casos pagó dinero de más en la ejecución de obras públicas, como es el caso de la pavimentación de la calle José Antonio Castro Guluarte, donde incluso tuvo la negativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). La calle que originalmente se pavimentaría sería la Abelardo Rodríguez Montijo, donde se asignó un presupuesto de 5 millones 245 mil 432 pesos con 85 centavos, sin embargo, por “problemas técnicos” y tras el fallo de la licitación, de manera discrecional, el Ayuntamiento construyó sobre la calle José Antonio Castro Guluarte y pagó 664 mil 999 pesos con 58 centavos de más. Finalmente, y según la auditoría, el gobierno municipal no termina por pagar el adeudo histórico por 111 millones 820 mil 238 pesos por concepto del pago de aportaciones de cesantía en edad avanzada y vejez, Sistema de Ahorro para el Retiro y FOVISSSTE, a pesar de que cada quincena descuenta las cuotas del sueldo de los trabajadores. Los adeudos -según el apartado Cuotas y Aportaciones- son los siguientes: * 3, 4, 5 y 6 bimestre del ejercicio fiscal 2008. * 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012. * 3, 4, 5 y 6 bimestre de 2013. El retraso repercute en los trabajadores porque no se están cubriendo las aportaciones descontadas vía nómina, y por ende, no amortizan en créditos de vivienda. Con estas irregularidades, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, no tuvo más remedio que esconder el resultado de la auditoría externa y evitar que pudiera filtrarse la información. La tesorera del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Emilia Vega Uribe, rechazó que escondieran el resultado, “más bien todavía esta pendiente una segunda reunión con el despacho auditor, donde van a entregarnos el total de la información”. — El 31 de diciembre de 2014, el alcalde de Los Cabos se comprometió públicamente a dar a conocer el resultado de la auditoría. Sin embargo, han pasado cuatro meses y nada. ¿Qué fue lo que pasó, cómo va el asunto? “En la reunión que tuvimos con el despacho auditor, habíamos pocas personas, porque no a todos los regidores, y lo voy a decir abiertamente, les interesa el tema, y por lo tanto, quedó pendiente una segunda reunión con el bufete, y hasta donde llegamos, los resolutivos que nos dieron son casi los mismos que están marcados en las cuentas públicas y abrimos unas mesas de trabajo para ir depurando la información. Yo te pudo decir que el despacho no presentó nada relevante o nuevo, donde tengamos que fincar responsabilidad por robo o dolo o irregular, porque solo son observaciones que se pueden resolver”, justificó la funcionaria. Obviamente su dicho no corresponde con los resultados de la auditoría publicada en esta edición de ZETA.
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