Militarizar


 
Lunes, 20 Abril, 2015 07:00 PM

Es muy singular lo que está por suceder en el puerto de San Felipe, donde el Gobierno de la República ha ideado un plan dizque integral para proteger la vaquita marina, el cual consiste fundamentalmente en prohibir la pesca durante dos años en la zona del Alto Golfo e indemnizar a cientos de pescadores durante el mismo lapso para que no salgan a realizar la actividad que han hecho toda su vida. En un momento donde una de las características de la economía en crisis es el desempleo, resulta que quienes sí lo tenían, pescando, la administración federal se los está arrebatando y, en un rasgo más filantrópico que solidario, les entregará una cantidad bimestral a permisionarios, pescadores y algunos elementos de la llamada cadena productiva. Hay incertidumbre en San Felipe, pues surgen varias interrogantes, de entrada en cuanto a qué se va a dedicar la población vinculada a la pesca, en qué ocuparan sus horas, qué va a pasar con todo su equipo, sus “artes de pesca” y con los barcos. Lo peor es que el argumento de la protección a la vaquita resulta insuficiente para la comunidad, sobre todo porque buscan evitar la extinción de una especie que nadie conoce, que nadie ha visto en años. Aparte, resulta contradictorio porque prohíben la pesca legal, pero la ilegal, la furtiva -por ejemplo de la totoaba-, esa no la han podido contener, y semanalmente trasciende que son detenidos individuos con 30, 40, y hasta 90 buches de totoaba, esos que en el mercado negro asiático llegan a costar hasta ocho mil dólares por kilo. Los conocedores aseguran que la totoaba -en veda desde 1993- se ha reproducido lo suficiente para poder abrir la pesca deportiva, controlada. Y es que con la prohibición, los pescadores furtivos le sacan el buche y literalmente tiran cientos de kilos de carne de primera calidad. Los malpensados consideran que la veda -trasladado el arranque al 29 de abril- podría tener otros motivos. Los comentarios más agudos de algunos sanfelipenses lo vinculan que con la posibilidad de que en esa parte del Golfo existan otras riquezas; hay quienes han mencionado la posible existencia de mantos de petróleo, otros aseguran que se trata de gas natural. También se menciona que las presiones para la prohibición han venido desde el gobierno norteamericano y los fondos para el apoyo económico de organismos ambientalistas mundiales. Por lo pronto en San Felipe, a los problemas de marea roja, inseguridad, de altos precios de la gasolina y de recaída económica, se suma el tema de la veda y el obligado ocio de cientos de pescadores. Exigen transparencia El llamado Observatorio Ciudadano de Baja California, encabezado entre otros por el empresario Eduardo Martínez Palomera, se ha sumado a una campaña nacional que busca que los candidatos de los diferentes partidos políticos hagan púbica su declaración patrimonial. “Antes de pedir el voto, que primero se gane nuestra confianza”, es la consigna con la idea que los aspirantes a un asiento en el próximo Congreso federal revelen tres rubros de sus propiedades, entre éstas la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal. Los tres rubros son igual de interesantes, pues deben mostrar qué tanto tienen, qué tanto han acumulado y sobre todo, qué tan al corriente andan con el fisco, pues en un país de evasores, resulta sano que quienes buscan un escaño federal sean realmente ejemplos ciudadanos. Hasta el cierre de esta edición, en la página www.candidatoselectoralestransparentes.com, de los 72 candidatos registrados, absolutamente ninguno había hecho pública la información requerida. Monex ¿Recargado? Cuando se utiliza dinero o cosas materiales para lograr el voto ciudadano, algo anda mal, y el orientar el sufragio ya no es ni cooptación ni manipulación; es una vil transacción financiera donde  gana un candidato o un partido y perdemos todos los ciudadanos. El caso de lo sucedido en las campañas de 2012 con las tarjetas Monex fue bastante ilustrador, ya que se comprobó que candidatos priistas regalaron tarjetas con 500 y mil pesos para lograr el anhelado voto. Ahí se olvidan de propuestas, de convencimiento, de trabajo político y se van por lo más ruin, la explotación de la necesidad de la gente. Situación que en un dejo de sorpresa para la ciudadanía, el Tribunal Electoral de la Federación determinó que no había delito que perseguir. El caso es que apenas entrando la campaña 2015, el Partido Verde Ecologista de México inició una singular estrategia donde por correo y a ciudadanos que ni siquiera tiene que ver con el controversial PVEM -que de ecologista no tiene nada-, les hacen llegar tarjetas regaladas de descuento. Le llaman Premia Platino y, aseguran, cuentan con “más de nueve mil negocios participantes”, entre éstos Sears, Elektra, Chedraui y Devlyn. “Nuestro plan de afiliación es simple y accesible, Usted paga una cuota anual y es todo, sin cuotas de mantenimiento o compromisos de largo plazo. Es la mejor membresía de ahorros y beneficios en todo México, la cual está revolucionando la manera en que los usuarios disfrutan de descuentos ilimitados y ahorran miles de pesos todo el año”, reza la publicidad de la página. Al solicitar información vía telefónica a las oficinas centrales de Premia Platino en Ciudad de México, se informó que la tarjeta es gratuita, pero que de solicitarla, se estaría enviando “hasta después de las elecciones”. Ya que el interesado haya depositado su voto, pues. Propuesta atorada La propuesta para crear una Ley que regule la distribución y uso de la llamada publicidad oficial está atorada en el Congreso. Trabajada desde el área de Estudios Legislativos, la iniciativa busca evitar la discrecionalidad en el uso y reparto del dinero público destinado a  la publicidad institucional y, de concretarse, Baja California sería la primera entidad en legislar sobre un tema que ha sido históricamente controversial y que ha servido para premiar o castigar a los medios. De acuerdo a las fechas, si no se agenda en Comisiones para el 30 de abril, automáticamente se daría por aprobada en esa instancia, por lo que tendría que ser llevada al pleno para su discusión. Usurpadores Resulta que en el portal de transparencia de la Universidad Autónoma de Baja California se crearon dos cuentas para realizar solicitudes de información, [email protected] e [email protected] Lo curioso del asunto es que los nombres corresponden a dos reporteros de ZETA, sin embargo, las cuentas no son de ellos, sino de un impostor que realiza una investigación sobre un funcionario recién nombrado en la institución educativa. Qué valor…

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