Grúas, negociazo de concesionarios


 
Lunes, 6 Abril, 2015 08:00 PM

Con una reglamentación ambigua, el servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos en Tijuana es un negocio redondo, pero no para el Municipio, sino para las concesionarias. Además de las altas tarifas por el remolque y acopio de los vehículos, las seis empresas que operan las grúas y corralones municipales, terminan acaparando los lotes de vehículos que el gobierno de Tijuana remata como chatarra y por el que obtiene ingresos menores a si los vendiera por kilo a los compradores de fierro. En promedio, el Municipio obtiene ingresos por mil 400 pesos por cada unidad subastada, con lo que dice recuperar las infracciones pendientes. El argumento para no recobrar una mayor cantidad y dejar que los propietarios de los corralones se queden con todas las unidades no reclamadas, es precisamente, las altas tarifas que ellos cobran por liberar un carro. Por eso la ausencia de compradores en las convocatorias que se dicen públicas, pero en las que solo se presenta un solo postor, el concesionario del corralón donde se ubica el lote de vehículos, porque los carros no se subastan por unidad, sino en conjunto. De las seis concesionarias que operan para el Municipio de Tijuana, particularmente dos acaparan las maniobras de remolque y almacenamiento de los carros infraccionados durante la actual administración municipal: Grúas Olmos CO, S. de R.L. de C.V. y Grúas Hermanos Castro, S.A. de C.V. Ambas empresas ampliaron su territorio de operación a las delegaciones de La Mesa y Centro, al revocárseles las concesiones a Arrastres Automotrices de Baja California, S.A. de C.V. y a Grúas Matriz, en diciembre de 2011 y junio de 2013, respectivamente. No solo eso. Estas dos compañías recibe el 47 por ciento de las unidades motrices que son remolcadas al ser infraccionados sus conductores en estos filtros. Para colmo, José Olmos acapara dos de las seis licencias para operar, la concedida a Grúas Olmos y la de Arrastres de Tijuana, S. de R. L. de C.V., que opera en la Zona Este de Tijuana. Actualmente la Sindicatura Procuradora se ocupa en la actualización del Reglamento de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Tijuana, en el que Colegio de Valuadores de Tijuana y asociaciones de abogados demandan se imponga mayor transparencia, tanto en los avalúos de las unidades a rematar, como en el procedimiento para asignar las concesiones y especificaciones de cómo debe prestarse ese servicio en general.   Operaron por más de un año con licencia vencida   Culminado el periodo de concesión desde finales de septiembre de 2013, a las seis empresas que otorgan el servicio de arrastres y resguardo de los carros infraccionados en el Municipio de Tijuana les fue aprobada una prórroga de cinco años más. Será hasta septiembre de 2018 cuando su licencia venza, tiempo en el que se incluye el año y más de dos meses en que maniobraron con permiso vencido. No obstante que en el seno del Cabildo del XXI Ayuntamiento se hizo referencia al mal servicio, “sobre todo en los tiempos  que tardan para llegar a recoger un carro, que es más de dos horas”, según refirió el propio alcalde, Jorge Astiazarán Orcí, el cuerpo edilicio optó por mantener vigentes los contratos. El reglamento municipal permite la asignación de prórrogas y no determina límite de tiempos para ello, por eso no medió una nueva licitación para que a las concesionarias se les ampliara la concesión por un lapso que incluso trasciende a la actual administración municipal, práctica ya recurrente, pues el permiso anterior también les había sido concedido por el mismo lapso. El impreciso reglamento tampoco especifica rango de operación, de ahí que desde que fueron dadas de baja las empresas Arrastres Automotrices de Baja, California S.A. de C.V. y Grúas Matriz, S.A., las zonas en las que maniobraban fueron adjudicadas desde un principio a la empresa de José Olmos. En 2011, el gobierno de Carlos Bustamante retiró la licencia a Arrastres Automotrices de Baja California, la cual daba servicio a La Mesa, mientras que a Matriz, cuyo servicio lo ofrecía en Zona Centro (que incluye Zona Río), se le canceló el contrato a mediados de 2013, también durante la administración de Bustamante. Malos manejos y quejas fue el argumento para rescindir ambos contratos. No se hicieron nuevas licitaciones para adjudicar los espacios dejados, ni en la anterior, ni en la actual administración municipal. Entonces, como ahora, la autoridad municipal se valió de la prerrogativa que le concede un reglamento que no especifica qué debe hacerse en tales casos, privilegiando a Grúas Olmos y Grúas Hermanos Castro con ampliaciones en su territorio de dominio “en razón de ser las más cercanas en relación a la delegación en la cual operaban y en las cuales actualmente prestan el servicio”. Ese fue el dictamen emitido por la Sindicatura Procuradora, a través del Departamento de Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos, aprobado por el Cabildo de Tijuana en diciembre de 2014.   El negocio de los corralones   En lo que va de la actual administración que preside Jorge Astiazarán, se han efectuado 13 remates de vehículos abandonados en corralones municipales, lo que ha significado ingresos para las arcas municipales por 3 millones 565 mil 980 pesos, monto en el que se estima el costo de la multa no cubierta por los infractores. Lo curioso es que poco más de la mitad, un millón 800 mil pesos, se logró captar en una sola almoneda, la primera que realizó el XXI Ayuntamiento en diciembre de 2013. En ella se adjudicó un lote de 135 carros por esa cantidad, lo que significa que en promedio, por cada unidad se captaron 13 mil 333 pesos. Sin embargo, a partir de enero de 2014 hasta febrero de 2015, periodo en el que se han realizado 12 subastas, la administración de Tijuana ha obtenido un millón 765 mil 980 pesos por la venta de mil 236 vehículos. La depreciación del costo de los carros vendidos en las pujas es marcado, ya que el promedio bajó de 13 mil a mil 428 pesos por unidad rematada. Por si fuera poco, la última subasta en la que se ofertaron 275 vehículos, se fue a segunda almoneda por falta de oferentes, por lo que su costo se tuvo que rebajar, como marca la Ley, en un 20 por ciento. Al respecto, tanto las autoridades de la Sindicatura Procuradora, como de Recaudación de Rentas, argumentan que las unidades puestas en venta “son generalmente chatarra”. De acuerdo a la explicación de Frida Espinoza Jaramillo, recaudadora de Rentas, luego de 90 días de estancia en los corralones, periodo mínimo que pasan ahí antes de ser lanzada una convocatoria para su comercialización, los carros terminan convirtiéndose en chatarra. Otra característica en las convocatorias lanzadas por el Municipio para la venta de los autos recuperados, es que los subasta a los postores por lote, no por unidad. En un recorrido efectuado por ZETA a los diferentes corralones, uno de los encargados, quién pidió omitir su nombre, indicó que “entre los concesionarios existe un acuerdo de caballeros para no participar en los remates de lotes de las otras empresas”. Esa afirmación fue corroborada por Sindicatura Procuradora y por la propia recaudadora de Tijuana: “Por lo general se presenta un solo postor en las pujas, el propio concesionario del corral donde se ubican los lotes a rematar”. Según Espinoza, la razón por la que no sería costeable subastar las unidades en lo individual deriva del alto costo del servicio de arrastre y corralón que tendrían que cubrir los interesados. De acuerdo a las tarifas municipales que al respecto se aplican, un día de estancia en un almacén vehicular fluctúa en 700 pesos, costo que incluye los 437 pesos de arrastre de la unidad, al que se van sumando cerca de 300 pesos por día. En base a la convocatoria de remate publicada en enero de 2015, el monto por almacenamiento oscila en un promedio de 13 mil pesos, cantidad que si se suma el arrastre y las multas, la oferta termina siendo de un monto promedio de 18 mil pesos. “Para un ciudadano no sería costeable participar”, consideró Frida Espinoza, para quien la compra sí es viable para los dueños de los corralones, ya que ellos no tendrían que cubrir ni el acarreo, ni el acopio.   Que se transparenten avalúos   “De acuerdo al Código de Procedimientos Civiles y de Comercio, toda subasta pública tienen que darse al público en general, para que cualquier persona interesada, en igualdad de condiciones, pueda comparecer como postor de los bienes sujetos a remate”, subrayó Armando Atilano Peña, vicepresidente de la Región Noroeste de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de México. El vender por lote limita la participación, muestra de ello es que solo se presenta un postor, por lo que el procedimiento es desventajoso para cualquier ciudadano, dijo. Por su parte, Arnulfo Castillo, perito valuador calificado y ex presidente del Colegio de Valuadores de Tijuana, anotó que la valuación efectuada por el Municipio “se antoja no muy transparente”. Además, enfatizó, aunque calificados, ninguno de los valuadores contratados por el Municipio para asignar los precios de remate, están colegiados. Ambos profesionistas se pronunciaron a favor de que se trasparente el proceso para la estimación del valor de cada unidad y se abran las convocatorias en forma individual, para que cualquier ciudadano pueda participar en ellas. “En un lote no todos los carros son chatarra, un buen porcentaje debe andar en un costo superior a los 5 mil dólares”, estimó Arnulfo Castillo, quien consideró conveniente se permitiera al colegio participar en una valuación de esos conjuntos de unidades motrices. Sobre el procedimiento para la subasta de los carros no recuperados, el reglamento municipal solo establece que luego de una permanencia de 45 días en el corralón definitivo, el Municipio podrá iniciar el procedimiento definitivo para recuperar el crédito fiscal, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación. En ningún caso, añade,  este procedimiento se deberá realizar antes de los 90 días de haber permanecido en el corralón definitivo. No más.   Alcoholímetros: recaudación millonaria   Por concepto de alcoholímetros, el XXI Ayuntamiento ha recaudado 25 millones 384 mil 364 pesos, en 17 mil 230 multas aplicadas durante 2014 y hasta febrero de 2015. De esa cantidad, 15 millones 566 mil fue captada en 2014, el resto, 9 millones 800 mil pesos, es producto de las infracciones aplicadas en los dos primeros meses del año en curso. Esto significa que los jueces ya no están haciendo descuentos en la boletas emitidas, anotó Frida Espinoza, recaudadora de Rentas, “ya que mientras las multas solo aumentaron en un 11.7 por ciento, el cobro por éstas ha incrementado este año en un 63 por ciento”. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal se negó a proporcionar una estadística de unidades remitidas a los corralones y las zonas de la ciudad en las que se han aplicado los filtros para medir la ingesta de alcohol. A través de Transparencia, ZETA obtuvo el reporte general de entrada y salida de vehículos de los corralones concesionados, en el que se indica que del 1 de diciembre de 2013 al 25 de febrero de 2015, la mayor cantidad de unidades ha ingresado a Grúas Olmos Co, S. de R.L. de C.V., con 10 mil 834 registros. Le sigue Grúas Hermanos  Castro, con 8 mil 724; Grúas Martínez con 8 mil 209; Grúas y Arrastres de Tijuana, S.A. de C.V. con 4 mil 807; Arrastres de Tijuana, S. de R. L. de C.V. con 4 mil 775; y Grúas Cajeme con 4 mil 611 ingresos. En total, en los seis corralones han entrado 41 mil 960 carros. Entre las unidades que todavía no son rescatadas por sus dueños y las que ya están en remates, se suma un total de 31 mil 408, mientras que en las estancias aún hay 10 mil 552 unidades.

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